12-10-2017.- La Cámara de Diputados aprobó expedir la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. La remitió al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

El nuevo ordenamiento establece la distribución de competencias y coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, para buscar a las personas desaparecidas y no localizadas y esclarecer los hechos, así como para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en la materia.

Asimismo, fija los tipos penales en la materia, los delitos vinculados y sus sanciones, se crea el Sistema y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Entre sus objetivos está garantizar la protección integral de los derechos de estas personas hasta que se conozca su paradero.

El dictamen a la minuta, avalado en lo general, con 397 votos, también reforma y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud, a fin de armonizar y articular el sistema jurídico, al derogar tipos penales que ahora serán regulados por la nueva norma. Además, adecua lo relativo al tratamiento de cadáveres y restos de personas no identificadas.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, presidente de la Comisión de Justicia, refirió que de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, se tiene constancia de más de 30 mil personas desaparecidas. Diversos organismos internacionales han establecido que este delito en nuestro país no responde a estándares internacionales, lo que impacta en su investigación, persecución y sanción.

Sostuvo que la falta de una legislación idónea impacta directamente en las víctimas y sus familiares; al no contar con mecanismos claros para la indagación, se ha propiciado que las autoridades no tengan la coordinación o la información suficiente para la búsqueda.

Explicó que la nueva ley plantea tipificar la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares conforme a estándares internacionales, lo cual permite mayor garantía a las víctimas y a una mejor persecución de este fenómeno, de esta forma estos delitos se perseguirán de oficio, tendrán carácter permanente y serán imprescriptibles. También contempla, dijo, el establecimiento de la declaración especial de ausencia, con la finalidad de proteger los derechos de estas personas.

Precisó que dentro de los beneficios la ley prevé la protección de sus bienes, incluidas cuestiones crediticias hipotecarias, el mantenimiento de los derechos sociales para quienes dependan de una persona desaparecida y la suspensión provisional de los actos jurídicos en contra de sus derechos o bienes.

Del mismo modo, indicó, se crea el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el cual operará en coordinación con diversas autoridades, lo que permitirá agilizar y hacer más eficiente la búsqueda y localización de las personas desaparecidas, atendiendo al derecho a la verdad de las víctimas.

La instauración del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, dijo, será la principal herramienta para la realización de las investigaciones. El reconocimiento de la reparación integral del daño, con lo cual se busca que las víctimas puedan superar los hechos victimizantes y materializar su proyecto de vida.

“México será el primer país con una legislación especializada en esta materia, garantizando los derechos como la verdad, la justicia y la reparación”, puntualizó Ibarra Hinojosa.

Al fijar su posicionamiento, la diputada Ana Guadalupe Perea Santos (PES), comentó que el dictamen toma en consideración la experiencia nacional e internacional, las previsiones de los tratados internacionales y las observaciones y recomendaciones hechas a nuestro país por los sistemas universal e interamericano de derechos humanos.

Igualmente, agregó, se establece la distribución de competencia y la forma de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno para buscar a las personas desaparecidas y no localizadas, así como esclarecer los hechos.

El diputado Carlos Gutiérrez García (NA) dijo que con esta nueva norma se brindan de mecanismo para garantizar que este hecho no quede más en la impunidad porque prohíbe la prescripción del delito de desaparición forzada, para el cual no aplicará ni amnistías ni indultos que puedan conducir a la impunidad.

Además, establece tipos penales en la materia y sus sanciones, que pueden llegar hasta los 90 años de cárcel. “Con este dictamen respondemos a la obligación que tenemos con la sociedad, pues mientras no podamos garantizar la seguridad integral de los ciudadanos, tendremos una deuda pendiente con ellos”.

De MC, la diputada María Candelaria Ochoa Avalos mencionó a Jalisco como la tercera entidad con más casos registrados de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas representando un 8.9 por ciento del total nacional y antecedido solo por el Estado de México y Tamaulipas.

Por ello, consideró que el dictamen contiene un avance que “a muchos pudiera parecer insuficiente, pero que es de las pocas leyes que cuenta con el aval de familiares de las víctimas”. Estimó que “vamos a destiempo, pero esta larga espera, que valga la pena y que ninguna familia vuelva a padecer la angustia de no saber de un ser querido”.

La diputada Lia Limón García (PVEM) indicó que la aprobación de esta propuesta generará herramientas que permitirán una búsqueda más eficiente de las personas. Además, establecerá sanciones adecuadas para quienes cometan este tipo de delitos.

Destacó que la creación del Consejo Ciudadano, es fundamental porque son las personas, particularmente las madres de personas desaparecidas, quienes tienen experiencia acumulada y mucho que aportar al funcionamiento de este nuevo sistema. Por ello, la participación de los ciudadanos, y particularmente de las víctimas, será fundamental.

En su turno, la diputada Ernestina Godoy Ramos (Morena) refirió que al cierre de 2016 existía registro de 30 mil 499 personas desaparecidas o no localizadas. Anunció que su grupo parlamentario votaría a favor, porque esta ley representa un avance. Aunque “no cumple con una serie de recomendaciones, tenemos que seguir luchando”.

Con este conjunto de leyes, añadió, se da un paso hacia adelante en el cumplimiento de las obligaciones para respetar, promover y garantizar los derechos humanos. Por ello, reiteró, “a pesar de que no es suficiente la creación de este marco normativo, reconocemos el avance”.

Del PRD, el diputado Erik Juárez Blanquet señaló que con esta nueva ley se hace justicia, “aunque de manera tardía, a las más de 32 mil víctimas registradas en este país”. Reconoció que, para algunos, esta norma pareciera insuficiente pero “muestra grandes avances, de acuerdo a la triste realidad y a la grave crisis humanitaria que vive el país”.

Destacó que con esta ley se garantiza la protección integral a los derechos de estas personas, en tanto no se conozca su suerte y paradero. “Estamos acercando a las víctimas a la verdad, a la reparación y a la justicia”, expresó.

Por su parte, la diputada Lorena del Carmen Alfaro García (PAN) afirmó que “ningún delito deja tantos agravios, incertidumbres y desgarramiento social y familiar como lo es la desaparición forzada de personas”.

Con la emisión de esta nueva norma, dijo, el Congreso de la Unión paga una deuda histórica en materia de derechos humanos y el Estado mexicano queda obligado a observar los más altos estándares en el respeto de la libertad, ya sea política, de conciencia, de expresión, de militancia o de compromiso social.

El diputado priista Armando Luna Canales indicó que el dictamen recoge las preocupaciones y propuestas hechas por familiares, movimientos sociales, organismos internacionales y por las propias autoridades mexicanas. En el articulado están las bases para hacer una búsqueda sistemática, permanente, profesional, coordinada, y más importante aún, la búsqueda en vida de las personas desaparecidas.

Consideró que es, sin lugar a dudas, la primera buena noticia que en mucho tiempo reciben miles de familias de todo el país. “Es una muestra de cumplimiento de obligaciones humanitarias internacionales, pero es, al mismo tiempo, la ruta para llegar a un país sin desaparecidos”.

En la discusión general, la diputada Sofía González Torres (PVEM) se manifestó a favor de la aprobación de este ordenamiento jurídico, ya que contribuirá a la búsqueda de los desaparecidos y a la atención integral de sus familiares. “El tema es de absoluta relevancia para nuestro país, pues se da respuesta a una de las más sentidas demandas de la sociedad”.

Por Movimiento Ciudadano, el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, comentó que en la desaparición forzada no sólo participan servidores públicos, sino particulares y crimen organizado, por lo que “todos somos víctimas potenciales de este delito, de ahí que este tema se plantee como un asunto de interés nacional, por el cual la sociedad reclama justicia y fin a la impunidad”.

En representación de Morena, la legisladora Delfina Gómez Álvarez destacó que aun cuando se vote a favor del dictamen es necesario señalar que “México vive la más profunda crisis de derechos humanos de su historia y el Estado mexicano tiene la responsabilidad y la obligación de atender a los desaparecidos”.

La perredista Cristina Gaytán Hernández sostuvo que el marco jurídico que se aprueba hoy reconoce el fenómeno de la desaparición; sin embargo, indicó que se deben dotar de recursos suficientes a esta ley para que pueda responder a las víctimas.

La panista Kathia María Bolio Pinelo confío en que esta nueva norma pueda impedir el dolor evitable de las víctimas de las personas desaparecidas. “Desde aquí pido justicia, justicia para Carlos y todos aquellos que desconocemos nombres y apellidos”.

En tanto, la diputada priista, María Gloria Hernández Madrid, afirmó que votaría a favor, pues con el marco jurídico se permitirá establecer los tipos penales de desaparición forzada, la cual no solo atenta contra la libertad de las personas, sino que lastima a la nación entera.

El diputado Cuitláhuac García Jiménez (Morena) señaló que esta ley es el triunfo de familiares de los desparecidos y de organizaciones políticas y civiles, y sobre todo de las madres que todavía hoy esperan a sus hijos vivos. Sin embargo, aclaró que este avance “no necesariamente significa la solución del problema”.

Reservas

Con 361 votos a favor, fueron aprobado los artículos reservados 2, 3, 4, 5, 17, 29, 30, 34, 44, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 60, 62, 66, 67, 68, 70, 73, 80, 85, 87, 91, 93, 98, 99, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 123, 124, 127, 133, 134, 145, 153, 161 y 170, y los transitorios primero, segundo, séptimo, octavo, y décimo segundo, transitorios del decreto, en términos del dictamen.

Licencia al diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la solicitud de licencia, por tiempo indefinido, del diputado independiente, Manuel Jesús Clouthier Carrillo, para separarse de sus funciones como diputado federal electo por el Quinto Distrito Electoral de Sinaloa, a partir de 16 de octubre. Se llamó a su suplente María del Rocío Zazueta Osuna.

Posteriormente, se levantó la sesión y se citó para la que se realizará el martes 17 de octubre, a las 11 horas.

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