25-10-2017.- La Comisión de Economía, que preside el diputado Jorge Enrique Dávila Flores (PRI), aprobó la Opinión al Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, Ramo 10, Secretaría de Economía, en donde propone recursos para el Fondo Nacional Emprendedor por seis mil 200 millones de pesos, es decir, dos mil 259 millones 154 mil 663 pesos más que la propuesta enviada por el Ejecutivo.

Con ese aumento se podrán satisfacer las necesidades del 38 por ciento de los proyectos presentados en el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM). Si se deja la propuesta como está, sólo podría atenderse el 24 por ciento de los proyectos, se subraya.

Dicho fondo, que desde su creación en 2013 ha apoyado a dos millones 700 mil emprendedores con más de 27 mil millones de pesos, es un instrumento para abrir paso a la inteligencia creativa de los mexicanos.

Se explica que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, enviado por el Ejecutivo, destina nueve mil 528 millones 420 mil 348 pesos para todo el Ramo 10, sólo 0.04 por ciento más respecto al presupuesto para 2017.

El documento refiere también que los sismos de septiembre afectaron diversos estados y perjudicaron a miles de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), ocasionando pérdida de empleos y la fractura de las cadenas productivas locales.

Ello, indica el dictamen, provocó una emergencia que se debe atender con prioridad en el presupuesto de 2018, pues las Mipymes representan el motor fundamental de la economía y el apoyarlas detonará el mercado interno con un efecto multiplicador para el desarrollo económico.

Asimismo, los integrantes de la Comisión aprobaron el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para incluir la regulación de los servicios educativos que prestan los particulares y su comercialización.

Se advierte que el particular que ofrece servicios educativos debe considerarse como proveedor, pues concede el uso o disfrute de bienes, productos y servicios educativos, por lo cual se encuentra obligado al cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Estipula que los informes que proporcionen los prestadores de servicios educativos particulares deben ser por escrito, para dar mayor certeza y seguridad jurídica y reforzar los derechos del consumidor.

Además, con la propuesta se da certeza jurídica a los consumidores de que los prestadores de servicios educativos particulares deberán cumplir la obligación de informar y respetar los precios ofrecidos, y prohíbe incrementar las tarifas durante el ciclo escolar correspondiente.

Con ello se fortalecen los derechos del consumidor respecto a la información de productos que el proveedor comercialice; establece que no se podrá condicionar la venta, adquisición o renta, a la adquisición o reta de otro producto o prestación de un servicio, precisa.

Se establece que bajo ningún supuesto se podrá condicionar la entrega de documentación académica al pago de colegiaturas o contraprestación alguna.

Plantea que el incumplimiento a alguna de las disposiciones será sancionado con multa de hasta de un millón 563 mil 957 pesos.

Con ese propósito se plantean reformas a los artículos 67 y 127, y se adicionan los artículos 65 quater, 65 quater 1, 65 quater 2, 65 quater 3 y 65 quater 4 a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

De igual forma, la Comisión de Economía avaló el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para promover la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

Plantea normar la implementación de alertas, llamados a revisión, prohibición de comercialización y retiro de productos defectuosos y dañinos, como medida para estandarizar la prestación de servicios en México, tomando en cuenta parámetros internacionales.

Entre otras cosas, plantea que los intermediarios responderán indistintamente frente al consumidor por el incumplimiento de las obligaciones contractuales de los proveedores; además, establece la prohibición de prácticas comerciales abusivas que afecten los derechos, intereses y salud de consumidores

En materia turística, se explicó, se crea el registro público de tiempos compartidos y se regulan los contratos de adhesión que celebran las partes; sobre comercio electrónico, se otorgan facultades a la Secretaría de Economía para emitir una norma mexicana y presentar lineamientos de publicidad, así como ordenar la difusión de información; clausurar como medida precautoria, y estipular un catálogo nuevo de sanciones para faltas graves.

“Se trata de una reforma integral y robusta para satisfacer necesidades e inquietudes en beneficio de los consumidores del país”, se afirma en el documento.

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