29-10-2017 La Comisión Especial Encargada de estudiar, analizar, evaluar y supervisar el funcionamiento de aduanas, puertos y aeropuertos nacionales, que preside la diputada Claudia Sánchez Juárez (PAN), se reunió con el director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para conocer el estado de la terminal aérea después de los sismos del 7 y el 19 de septiembre.

Sánchez Juárez consideró que los daños del AICM son muy aparatosos y por ser una terminal de la mayor relevancia por el volumen de gente y mercancías que mueve, “hay que tener una responsabilidad muy clara y ser muy transparentes en las medidas que se están tomando para la seguridad de las personas y usuarios”.

Urge invertir en esas instalaciones pues le quedan tres años por operar. “Estamos en la transición hacia el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y no por darle toda la atención al proyecto de infraestructura del sexenio, se va a dejar sin mantenimiento y sin medidas de seguridad la terminal actual”.

Los legisladores, expresó, “daremos seguimiento a los recursos presupuestales y vigilaremos que se destinen correctamente a instalaciones e infraestructura en seguridad de pasajeros y carga”.

“Tenemos la posibilidad de gestionar y poner sobre la mesa las inquietudes particulares que se tengan, pero ésta no es una inquietud particular, sino una necesidad de toda la sociedad”.

El Legislativo, continuó, debe ser muy consciente de las necesidades como centro logístico del aeródromo, pues es parte medular del desarrollo del país.

Aclaró que no se está en contra del nuevo aeropuerto, “lo que queremos es transparencia. Sí hace falta un aeropuerto porque el actual está rebasado, el tema es que se haga con la transparencia debida”.

Durante su presentación, el director general del AICM, Alexandro Argudín Le Roy, afirmó que el costo de reparación de los daños ocasionados por los movimientos telúricos de septiembre pasado, fue de 82 millones de pesos (mdp), financiados con recursos propios.

Hubo afectaciones en zonas de unión de estructuras y la Terminal 2 resultó con más daños físicos visibles, “no importantes”, en puentes de conexión de la vialidad con la terminal y con rampas de acceso, así como de la estructura principal de documentación con los dedos de abordaje nacional e internacional.

Indicó que la terminal cerró por espacio de tres horas aproximadamente; “se subieron imágenes que hacían ver instalaciones destruidas, con pisos colapsados, lo cual se resolvió en menos de una hora para poner en funcionamiento la terminal”.

En la Terminal 1, aseguró, los daños fueron menores: una junta constructiva que provocó una grieta sobre el mármol –reparada en dos o tres días—, el salón oficial, salas de última espera y áreas de operación de maniobras.

La diputada Gretel Culin Jaime (PAN) preguntó sobre anomalías reportadas por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) sobre los slots y las recomendaciones en materia de transparencia que debe adoptar el AICM.

Argudín Le Roy respondió que se tomaron medidas para atender de manera favorable las recomendaciones y de 13 están cumplidas 11, que se refieren a medios de difusión y comunicación con aerolíneas sobre asignación de slots.

Otra, sobre la obligación del AICM de subastar los slots que incumplan lo que la ley de aeropuertos establece, pero el reglamento fue modificado antes de que cobrara vigencia la obligación, y eso lo convierte en sujeto de imposible cumplimiento a una subasta.

La última recomendación tiene que ver con la asignación de futuros slots, pero “como estamos saturados y no hay más, la recomendación 13 sucederá cuando haya disponibilidad en proceso de asignación”.

El presidente de la Comisión de Marina, diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez (MC), preguntó en qué y cómo se gasta la Tarifa Única del Aeropuerto (TUA), cómo se capta y en qué se utiliza.

El funcionario del sector aéreo explicó que por TUA se perciben seis mil mdp y existen contratos de recolección con las aerolíneas, con garantía, que se canalizan directamente al fideicomiso para que sea garantía de los créditos y compromisos adquiridos con el NAICM.

Del PRD, el diputado José Antonio Estefan Garfias cuestionó sobre las empresas de seguridad privada que operan en el aeropuerto, su relación con la Policía Federal y las aduanas, y sobre la seguridad de los equipajes.

Argudín Le Roy señaló que su responsabilidad es salvaguardar la seguridad de las instalaciones y de los pasajeros, no en el control de drogas o tráfico de personas, y busca que esos elementos se distingan de las corporaciones oficiales. Aseguró que “en los tres años de mi administración no ha habido una maleta que salga del aeropuerto a otro destino ‘cargada’ ilegalmente”.

El presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a la Construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, Rafael Hernández Soriano (PRD), preguntó si la TUA se destina completamente al NAICM o si hay un porcentaje para el mantenimiento del actual y qué otras fuentes de financiamiento tiene. “De aquí se derivaran sus capacidades, pues le faltan tres años de funcionamiento y tiene que haber previsión”.

La respuesta del responsable del AICM fue que anualmente esta terminal genera 11 mil mdp, de los cuales seis mil mdp son de TUA que no pasan por la tesorería del aeropuerto, sino que las aerolíneas lo depositan en un fideicomiso, y “nosotros checamos que sea lo correcto”. Los recursos excedentes, continuó, van a la Secretaría de Hacienda, que los canaliza a la de Comunicaciones y Transportes, y ésta los dirige al proyecto del Nuevo Aeropuerto.

Con los otros cinco mil millones se paga nómina, mantenimiento y conservación de instalaciones que, en el caso de la Terminal 1, tienen más de 65 años, y en la 2, con 12 años, tiene problema de origen. “Debemos operar hasta la última noche que esté en servicio. No podemos dejar de invertir, antes de que salga de operaciones aunque sea la noche anterior”.

Entre otras fuentes de financiamiento, mencionó los servicios aeroportuarios (aterrizajes, despegues, arrendamiento de hangares y la operación de las aerolíneas); complementarios (arrendamiento de espacios y participaciones que se cobran a prestadores de servicios de aerolíneas), y comerciales (arrendamiento de locales).

De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, su presidente, el diputado Rogerio Castro Vázquez (Morena), inquirió por los dictámenes sobre la seguridad de los inmuebles del aeropuerto que se encargaron en 2012 y 2017, ya que el primero costó 295 mil pesos y, el segundo, 7.9 millones de pesos.

Alexandro Argudín indicó que se debe garantizar el funcionamiento y servicio del AICM hasta el 20 de octubre de 2020, y el dictamen solicitado en 2017 tiene que ver con la totalidad de ambas terminales y edificios contiguos propiedad del AICM, que abarcan más de un millón de metros cuadrados de superficie.

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