12-09-2017.- La Cámara de Diputados exhortó al Ejecutivo federal a instrumentar las acciones necesarias para proporcionar a los jóvenes de origen mexicano, conocidos como dreamers, el debido apoyo y acompañamiento jurídico, en aras de lograr que el gobierno de Estados Unidos cumpla con la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), promulgada durante la administración encabezada por el entonces presidente Barack Obama.

El acuerdo de la Junta de Coordinación Política, aprobado en votación económica, también solicita a los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Trabajo y Previsión Social y de Economía, impulsar de manera coordinada ante las empresas mexicanas con operaciones en Estados Unidos, la contratación de dreamers de origen mexicano que cuentan con el permiso vigente, como medida para que permanezcan en ese país con carácter de trabajadores extranjeros.

Asimismo, en caso de que éstos sean repatriados a México, se promueva una estrategia para que dichas empresas generen una oferta laboral especial, a fin de que encuentren oportunidades de trabajo de acuerdo a su capacidad y experiencia profesional.

Del mismo modo, se exhortó a los titulares de las Secretarías de Educación Pública y de Relaciones Exteriores para que de manera coordinada impulsen que los jóvenes de origen mexicano, actualmente beneficiados por el DACA, en caso de ser repatriados, puedan continuar sus estudios o el ejercicio de su profesión en México.

Al fijar su posicionamiento, el diputado Gonzalo Guízar Valladares (Encuentro Social), señaló que el programa DACA, suspendido con una acción ejecutiva del gobierno de Donald Trump, les brindaba a los jóvenes dreamers, la protección de no ser deportados, incluso de trabajar por dos años y poder renovar el aspecto laboral en la empresa correspondiente.

Mencionó que son más de 638 mil mexicanos de los 2.1 millones de dreamers que están en la Unión Americana, con la urgente necesidad de apoyo jurídico oportuno y el soporte que las empresas y dependencias federales les deben brindar.

La diputada Melissa Torres Sandoval (Nueva Alianza) comentó que la medida de Trump de poner fin al programa DACA podría forzar un retorno masivo de miles de jóvenes que crecieron y se formaron como estadounidenses.

No se tienen cifras exactas de los que aceptarán regresar ni de su nivel educativo o productivo; es preciso realizar un análisis de sus necesidades educativas, para que de ser deportados, puedan continuar con sus estudios o el ejercicio de alguna profesión.

Por su parte, la diputada María Victoria Mercado Sánchez (Movimiento Ciudadano) comentó que el programa ha beneficiado a 787 mil 580 jóvenes indocumentados, según los últimos datos del Servicio de Ciudadanía de Migración publicados en marzo y el 78 por ciento de los beneficiados de DACA proceden de México.

Subrayó que al eliminar el DACA podría deportarse a 685 mil trabajadores, lo que provocaría una pérdida de más de 460 mil 300 millones de dólares para el Producto Interno Bruto de Estados Unidos en la próxima década.

Del PVEM, el diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado condenó la medida del gobierno estadounidense, que afectará a 690 mil mexicanos jóvenes con ganas de contribuir al desarrollo de su comunidad. “Eliminar el DACA es una aproximación errónea para implementar una política migratoria humana y comprensible, sobre todo cuando se buscan consensos para reformar el maltrecho sistema de inmigración”.

Señaló que quienes fueron llevados ilegalmente a aquella nación, “no deberían ser forzados a irse de un país con el cual quizá tienen más vínculos que con el suyo propio”. Dijo que las puertas de México están abiertas para ellos y coincidió en la necesidad de brindarles apoyo y acompañamiento jurídico.

En su turno, la diputada Norma Xochitl Hernández Colín (Morena) señaló necesario que el gobierno de México aborde este tema de carácter binacional, en una agenda que permita avanzar el marco del derecho internacional al respeto irrestricto de los derechos humanos y, sobre todo, se pronuncie oportunamente ante cualquier declaración que atente contra la dignidad de los mexicanos.

Manifestó que nuestro país debe privilegiar los postulados del derecho internacional y las instituciones multilaterales, como instrumentos de equilibrio ante Estados Unidos, en sus relaciones bilaterales.

La diputada Cecilia Soto González (PRD) resaltó el gran valor simbólico del acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que instrumente acciones en defensa de los dreamers; sin embargo, “el gobierno se ha quedado corto y mudo frente al maltrato que sufrirán alrededor de 600 mil mexicanos en Estados Unidos”.

La suspensión de DACA pone en incertidumbre a miles de mexicanos que crecieron en EU, pero además representa una traición a aquellos jóvenes que depositaron su confianza y facilitaron datos de sus familias con la posibilidad que hagan uso de estos para deportar a sus padres. “Este es un hecho de falta de humanidad que tiene que ser denunciado ante los Tribunales”, afirmó.

Por el PAN, la diputada Alejandra Reynoso Sánchez sostuvo que “no es suficiente lamentar que en el centro de negociación de cualquier tratado no esté la dignidad del ser humano y decir que sentimos las decisiones del presidente Trump, para los niños y jóvenes que migraron, esto no es suficiente”.

Hablar de la cancelación de DACA es coartar los sueños, la libertad y la esperanza de estos jóvenes; es enfrentarse al riesgo de separar familias y al dolor de ser rechazados por una patria que no los reconoce, pero a la que le han aportado conocimiento, economía, trabajo y perseverancia, resaltó.

La diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz (PRI) confió en que se encontrarán soluciones justas y definitivas para atender este problema que afecta a casi 900 mil jóvenes en Estados Unidos. “A nosotros nos corresponde garantizar que los mexicanos que regresen a nuestro país encuentren una oportunidad”, acotó.

Destacó que el gobierno de la República ha actuado con la responsabilidad y seriedad que el caso amerita, contemplando revalidar estudios y dar acceso a becas al integrarse al Sistema Educativo Nacional a quienes cursen la educación básica, media superior y superior. “Tenemos que hacer más, sin duda, y estamos comprometidos a ello, lo haremos todos sin distingos partidistas y pensado en los mexicanos”.

Posteriormente, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, levantó la sesión y citó para la que tendrá lugar mañana miércoles 13 de septiembre, a las 11 horas.

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