• Poder Legislativo tiene el reto de emitir norma secundaria para dirimir conflictos entre trabajadores y patrones

18-09-2017.- Al inaugurar el foro “Retos para la transición de la justicia laboral”, el diputado Juan Romero Tenorio (Morena) señaló que con la vigencia del decreto publicado el 24 de febrero en el Diario Oficial de la Federación, en materia de resolución de conflictos laborales, el Poder Legislativo tiene el reto de emitir una norma secundaria que sea coherente con estas reformas a los artículos 107 y 123 constitucionales.

En el evento organizado por la Comisión Especial para combatir el Uso de Recursos Ilícitos en los Procesos Electorales, detalló que el decreto acaba con las juntas de conciliación y arbitraje, permite a instancias de resolución de conflictos no estar vinculadas al Poder Ejecutivo, sino al Judicial, mediante juzgados o tribunales federales y estatales, y que “los conflictos sean resueltos con un nuevo esquema”.

La norma regulará la vida cotidiana de trabajadores y patrones, pues “en muchas ocasiones no se encuentra en un estado de armonía, sino en conflicto”. Por ello, dicho ordenamiento establece en los transitorios un periodo para que el Poder Legislativo emita la ley secundaria y lograr una nueva reglamentación laboral.

El presidente de dicha comisión, dijo que la reforma constitucional es silenciosa y no se ha discutido con los actores involucrados, de ahí que sea vital conocer hasta donde están sus alcances y dónde impacta, ya que trastoca no solamente el ámbito laboral sino la vida de millones de familias, pues dependen del empleo y están sujetas a las prestaciones sociales.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, Enrique Burgos García (PRI), precisó que el tema laboral es de fondo y sustancial, constituye un componente de la producción que, junto al sector empresarial, forman parte de la generación de riqueza y de oportunidades para incorporar a la formalidad espacios de trabajo.

La reforma a los artículos 107 y 123 establece que los órganos de naturaleza constitucional serán los encargados de registrar, conciliar y dirimir controversias, los cuales deben estar insertos y formar parte del Poder Judicial de la Federación.

Eso significa que las diferencias y resoluciones en materia laboral, tendrán que ser resueltas por tribunales específicos. Sin embargo, dijo, antes que se solucione debe haber un ejercicio conciliatorio, mediante estos organismos autónomos.

Burgos García confió que en próximos días se dé a conocer una propuesta de legislación secundaria, sobre los nuevos organismos para resolver conflictos de justicia laboral y así desenvolver la reforma constitucional.

El diputado de Morena, Virgilio Caballero Pedraza, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, expresó que la Reforma Laboral de 2012 favoreció un proceso de precarización del trabajo, que lejos de mejorar las condiciones de vida de asalariados o detonar el crecimiento de la economía nacional, tiene como únicos beneficiarios a los sectores empresariales.

Sugirió tomar con cautela los anuncios del Ejecutivo federal del crecimiento de empleos en este sexenio, “ya que nada nos garantiza que los crecimientos no tengan como contraparte un aumento en la precarización del trabajo y la ausencia de mecanismos jurídicos que garanticen condiciones de justicia y protección social para quienes ingresan al mercado laboral”.

Llamó a reflexionar sobre la reforma constitucional en materia de justicia laboral, sobre todo cuando el sistema “se encuentra plagado de vicios, los cuales lejos de ayudar a dirimir conflictos laborales y asegurar relaciones justas entre trabajadores y patrones, impone enormes obstáculos burocráticos”.

Caballero Pedraza consideró vital reflexionar sobre el modelo de justicia laboral y mecanismos necesarios para implementarlo. Además, si las reformas ponen por delante los derechos sociales y garantizan procesos más eficientes y justos, cuál será la capacitación del personal que realizará estas nuevas funciones, los criterios que seguirán al momento de resolver conflictos y si el presupuesto será suficiente.

La secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, Amalia García Medina, reconoció que en la reforma a la justicia laboral hay avances muy importantes como la del artículo 123 constitucional en el XXII Bis, donde se señala que para la resolución de conflictos entre sindicatos, la solicitud de celebración de un contrato colectivo de trabajo y la elección de dirigentes, el voto de los trabajadores será personal, libre y secreto. Es decir, “el que no haya una decisión autónoma ajena a los trabajadores”.

Mencionó que una de las grandes demandas de los últimos años, es que se acabe el modelo tripartita que en realidad a lo que llevaba era a que los sindicatos y las luchas de los trabajadores fueran desconocidas. La modificación al artículo 123 crea nuevas instancias como los tribunales laborales que pasan a estar en el Poder Judicial. “Esto forma parte de las demandas que ha presentado el movimiento sindical más avanzado en nuestro país”.

Se habla de centros de conciliación en el ámbito local; sin embargo, también de otra instancia federal, un organismo descentralizado que le corresponderá el registro de los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, y quien contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica, operativa, presupuestaria y de gestión.

Se pronunció en favor de que se ratifique la plena autonomía de este organismo descentralizado, garantizando que “aquello que es positivo en esta reforma que tiene que ver con el voto, directo, personal, libre y secreto para el nombramiento de las dirigencias de un sindicato o para la determinación de un contrato colectivo, no nos conduzcan a un paso hacia atrás”.

El Quinto Visitador de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, Horacio Toledo Martínez, señaló que esta reforma impactará sobre todo en la creación de tribunales o juzgados, tanto a nivel federal como local.

Resaltó que para que tenga éxito esta reforma, es vital el acceso a la justicia como derecho humano y que la defensa pública sea gratuita para personas sin recursos en las etapas administrativas, de conciliación y la judicial.

En el ámbito sindical, sostuvo que los puntos importantes son el voto libre y secreto de los trabajadores para la elección de sus dirigentes y desaparición de representantes obrero-patronal en resoluciones en materia laboral. Otra característica, es la obligación del Estado de crear recursos sencillos, rápidos y efectivos para la protección y garantía de los derechos humanos.

Héctor Barba García, asesor jurídico de la Unión Nacional de Trabajadores, mencionó que con la reforma al artículo 123 constitucional se buscó transformar la justicia en materia laboral para incorporarla al Poder Judicial, “afirmación infundada porque la finalidad fue sustituir a los actuales juntas de conciliación por tribunales laborales de los poderes federal y locales”.

Además, se crearon nuevas autoridades administrativas, los 32 centros de conciliación locales y el organismo descentralizado federal encargado de conciliar en materia federal y de registrar todos los contratos colectivos y los sindicatos. Enfatizó que “en aras de una justicia real”, no puede aceptarse que en dicho organismo descentralizado exista el tripartismo “porque no se puede ser juez y parte en este país”.

Deben ser tribunales autónomos, independientes y con todas las posibilidades de resolver la cuestión en materia de libertad y contratación colectiva, “en donde sean solamente instituciones de transparencia y derechos humanos los que participen en el consejo de administración de este nuevo organismo”.

En el primer día del foro, participaron académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de la Universidad Panamericana, del Instituto Tecnológico Autónomo de México y de la Escuela Libre de Derecho, así como representantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y del despacho Natividad Abogados.

Los temas de análisis fueron el nuevo sistema de justicia laboral en México; las relaciones individuales y colectiva del trabajo e impacto de la nueva justicia laboral sector empresarial y de los trabajadores para la solución de conflictos.

Para este martes 19 de septiembre, se prevé la participación de diversos diputados federales, académicos de la UNAM y de la Universidad Panamericana, así como representantes del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y abogados.

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