• Legisladores se reúnen con funcionarios de la Procuraduría General de la República para conocer el estatus de la investigación

19-09-2017 La presidenta de la Comisión Especial para dar seguimiento a los procesos y resultados de las compras del Gobierno Federal, Claudia Corichi García (MC), pidió dar continuidad a la denuncia que realizó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), conocida como la “estafa maestra”, donde un importante número de universidades públicas fungieron como proveedores de dependencias y entidades de la administración pública.

Refirió que estas operaciones se hicieron al amparo del artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Públicos, para el proceso de licitación pública.

La legisladora explicó que el pasado 31 de agosto la ASF presentó un total de 815 denuncias ante la PGR respecto a las cuentas públicas de 1998 a 2015.

Detectó que la totalidad de universidades, contratadas bajo este esquema recurrieron a un modo de subcontratación mayor al 49 por ciento permitido en la ley, lo que contribuyó a encarecer los costos y a dar un espacio para prácticas irregulares en numerosos casos; por ejemplo, subrayó, no existió referencia de los bienes y servicios adquiridos de la entidad contratante, por lo que sugiere una desviación de recursos.

Recordó que en atención a este caso la Comisión Especial hizo planteamientos ante el Pleno para clarificar este caso “pues hoy los ojos de la ciudadanía están puestos para que se actué con transparencia”.

Detalló que la problemática alcanza los tres mil 175 millones de pesos en las cuentas públicas del 2012-2015; en particular, respecto al desvío de recursos de Sedesol en contratos por instituciones de educación superior con proveedores subcontratados, la ASF ha presentado un total de nueve denuncias penales ante la Procuraduría General de la República de las cuentas públicas 2013 y 2014.

“Las primeras seis denuncias fueron presentadas entre el 16 y 20 de octubre de 2015, y a la fecha no hay un responsable detenido”, subrayó.

Afirmó que la PGR no debe depender de otras dependencias para obtener información, pues existe la posibilidad de que entorpezcan la investigación o hagan tortuguismo.

El diputado Juan Carlos Ruíz García (PAN) pidió a los funcionarios de la PGR explicar a la ASF cómo integran una carpeta de investigación, porque sería desesperante que al terminar el sexenio veamos que las cosas siguen igual y no se sepa “a quién acusar si al auditor que no hace su chamba, a los legisladores que no la vigilan o a la procuraduría que no señala a quienes hacen mal las denuncias”.

Solicitó al titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia que sugiera alguna reforma normativa para que agilice su labor de investigación, ya que es penoso que “no podemos meter a ningún pillo. No tengo duda que abundan los servidores públicos que hacen bien las cosas, pero por un infeliz picudo, abusivo, que pensó bien cómo hacer bien su tiro, nos destroza la imagen a todos”.

La diputada Edith Yolanda López Velasco (PRI) destacó que los progresos que presente la PGR servirán para avanzar en los mecanismos para impulsar la transparencia.

Preguntó a los funcionarios de la PGR si la implementación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio ha dilatado el proceso de integración de las carpetas de investigación, en relación con la anterior normativa.

El diputado José Adrián González Navarro (PAN) pidió que les proporcionen un cronograma para analizar en donde se puede reformar las leyes para dar solución y agilizar los procesos de investigación, es decir, qué falta para que las dependencias cumplan con su mandato legal.

En su intervención, Roberto Alejandro Ruiz Rubio, director de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia, informó a los legisladores que se iniciaron seis averiguaciones previas que tienen que ver con la Secretaria de Desarrollo Social, donde se vieron involucradas algunas universidades en julio del 2016.

Aseguró que las primeras consignaciones de esta investigación se concluirán a más tardar en el mes de diciembre, y en el resto del año se terminarán siete consignaciones más de la ASF.

Comentó que la administración anterior realizó una acumulación de todas estas averiguaciones debido a que las denuncias se habían realizado dentro de las mismas auditorias; por ello, se separaron por cuentas públicas para evitar que se entramparan las investigaciones.

“Hemos practicado 70 diligencias; entre ellas, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para conocer la información financiera de quienes participaron en la contratación de servicios y se hicieron solicitudes al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para corroborar los delitos.

Detalló que en el cronograma de investigación se tiene establecido que en diciembre se ejerza acción penal en contra de servidores públicos y particulares. “La integración de las averiguaciones no depende de la PGR, sino que se requiere la información de diversas dependencias”.

Manuel Núñez Velasco, asesor en Procuraduría General de la República, pidió a los diputados tener la seguridad de que están trabajando y próximos a dar resultados.

“En esta administración hemos trabajado de manera conjunta con las ASF, para que no haya impunidad en el manejo y la administración de los recursos públicos”, afirmó.

Refirió que en el mes de abril, ambas dependencias acordaron trabajar para que los delitos de corrupción no queden impunes; por ello, se firmó un convenio de cooperación para que la ASF sea coadyuvante del Ministerio Público.

Comentó que de las 815 denuncias presentadas a la fecha, algunas ya se resolvieron, otras prescribieron y unas más se aclararon en su momento, es decir, después del cierre de la auditoria; por ello, abundó, se decidió firmar un convenio para revisar estas denuncias y hacer una depuración.

Puntualizó que, de acuerdo con información de la ASF, de cien casos previos a la reforma en materia de anticorrupción, sólo el 5 por ciento lesionaba la moral pública y el resto no eran graves, de manera que podían ser solventados, pero la ASF tenía como política mandar señales que con “el dinero público no se juega”.

Planteó ante los legisladores la necesidad de homologar los registros públicos de la propiedad en México, pues esto permitiría a las instituciones de investigación conocer, a través de la base de datos nacional, los inmuebles de quienes son indignados.

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