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| Boletín N°. 5172 | Comisión de Gobernación aprobó dictamen para expedir Ley General de Comunicación Social |
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03- 04- 2018.- La Comisión de Gobernación, presidida por la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente (PRI), aprobó, en lo general, con 15 votos a favor, ocho en contra y una abstención, el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Comunicación Social, que regula el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución en materia de Propaganda Gubernamental.
La instancia legislativa solicitará a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) abrir los espacios necesarios para analizar con los coordinadores parlamentarios el contenido de las posibles reservas o adiciones al proyecto, y posteriormente discutirlo en el Pleno, previa programación de la Mesa Directiva, informó la diputada Guillén Vicente.
Además, enviará a la Mesa Directiva una copia certificada de la versión estenográfica de la reunión de trabajo, para que la remita al juzgado correspondiente, “en cumplimiento de la sentencia recaída al expediente número 1359/2015 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que obliga al Congreso de la Unión a emitir una ley que regule el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución en materia de Propaganda Gubernamental”.
También, conforme al artículo tercero transitorio del decreto de la reforma constitucional del 10 de febrero de 2014, y al acuerdo quinto, fracción primera numeral 2 del Acuerdo de la Conferencia para la Programación de los Trabajos Legislativos que establece el procedimiento para discutir las iniciativas con proyecto de decreto relativas a la expedición de la ley que reglamente ese precepto constitucional.
Guillén Vicente señaló que el texto normativo, que consta de cinco Títulos, 45 artículos y ocho transitorios, es de observancia general en el territorio nacional, para garantizar que el gasto en la materia se haga con criterios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, respetando los topes presupuestales, límites y condiciones que se establezcan en el Presupuesto de Egresos que expide la Cámara de Diputados anualmente.
Se prevé que la Secretaría de Gobernación (Segob) informe bimestralmente a la Cámara de Diputados sobre el gasto y cumplimiento de los objetivos en materia de Comunicación Social, desglosado por dependencias y entidades.
Explicó que se retoman los límites y prohibiciones constitucionales de los artículos 41, fracción tercera, apartado C, y del 134, octavo párrafo y tercero transitorio de la reforma político-electoral de 2014.
En ese sentido, “se limita el contenido de la Comunicación Social para que tenga carácter institucional y fines informativos, educativos y de orientación social, además de que deberá respetar la libertad de expresión, la diversidad social y cultural de la nación, fomentando el acceso ciudadano a la información y contribuyendo a la igualdad entre hombres y mujeres”.
De igual manera, se prohíben mensajes que impliquen un ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros; provoquen algún delito y perturben el orden público. También se establecen límites a la publicidad en tiempos electorales, para evitar cualquier influencia sobre las preferencias del público, por lo que sólo se permitirán, en esos periodos, mensajes de protección civil en casos de emergencias, de servicios educativos, de salud y similares.
En materia de Comunicación Social, se prevé priorizar el uso de los tiempos oficiales del Estado y sólo destinar recursos presupuestarios para tiempos comerciales cuando se hubieran solicitado primero los del Estado, y no estuvieran disponibles en los espacios y tiempos solicitados, precisó.
Para la contratación de espacios comerciales, se establece que los medios de comunicación interesados se inscriban, previamente, en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación a cargo de la Segob, el cual será de acceso público, destacando que el solo empadronamiento no implica la obligación de contratación por parte de los entes públicos. “Todo ello, con la finalidad de evitar un uso arbitrario de los recursos en materia de Comunicación Social”.
Sobre la evaluación de la Comunicación Social, se establece que los entes públicos deben elaborar una estrategia y programa anual de comunicación social, para garantizar que se cumplan sus objetivos y que el presupuesto asignado se ejerza de manera eficiente, debiendo publicar informes semestrales sobre el gasto en publicidad en sus portales de transparencia.
Respecto a la transparencia y rendición de cuentas, se determina que las campañas de Comunicación Social de la administración pública federal deberán publicarse de manera desglosada en el Sistema Público de la Secretaría de la Función Pública.
La revisión y fiscalización de los recursos públicos federales destinados a Comunicación Social, se realizará a través de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y en el ámbito local, se hará mediante la Contraloría Estatal o su equivalente.
En lo relativo a infracciones y sanciones, se señala que la violación a lo dispuesto en la ley será causa de responsabilidad penal y administrativa, conforme al marco jurídico aplicable en la materia.
El dictamen concluye que la expedición de la Ley General de Comunicación Social da continuidad a la tercera generación de reformas en materia electoral, lo que permite mantener y proteger la equidad en la próxima contienda, pues complementa lo establecido en la Constitución y en la legislación electoral, particularmente lo dispuesto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Este ordenamiento permitirá el cumplimiento del objetivo primordial de la comunicación social, que es dar a conocer a la población los avances concretos de su gobierno en el más amplio espectro, así como difundir los beneficios y programas con los que cuentan.
En ese sentido, precisa, se vuelve un mecanismo de rendición de cuentas que permite vincular a la población con los entes públicos del Estado.
Además, continúa, el Poder Legislativo cumple una de sus principales funciones, al expedir una ley que se erige como el nuevo estándar mínimo de bienestar para la comunidad respecto del buen funcionamiento de su gobierno en lo relativo a la comunicación sociedad-gobierno, la preservación del Estado de Derecho y el continuo perfeccionamiento de la democracia como sistema de vida y de forma de administración.
El diputado panista, Juan Pablo Piña Kurczyn, consideró que “el dictamen es una simulación para cumplir con el mandato de la Corte”. Es un documento que delega todas las facultades sobre la regulación de publicidad oficial a la Segob.
Explicó que la ley no tiene sanción alguna; es decir, “es una norma que podría no aplicarse y no pasaría absolutamente nada”. Agregó que tampoco precisa un tope de gasto para las secretarías del gobierno federal y estatales en la contratación de publicidad.
Manifestó que aprobar el dictamen como está puede generar censura a medios de comunicación, pues “dejarle a la Segob el control del padrón de los medios, es darle la decisión para otorgar, o no, dinero público para el pago de publicidad”.
El diputado Macedonio Tamez Guajardo (Movimiento Ciudadano) fijó su postura en contra del dictamen, pues lo calificó de inviable jurídicamente, debido a la “aterradora” atribución que se otorga a la Segob para manejar la comunicación social. Consideró que las atribuciones deben remitirse a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Señaló que el documento tampoco contempla sanciones, cuando es un asunto que debe tener castigos contundentes y claros para quien viole la ley y afecte el manejo de la difusión oficial.
Otro punto importante, dijo, es que no aborda el tema de la veracidad en la publicidad gubernamental, contraria a las noticias falsas o simuladas que suelen lanzarse al aire en los medios nacionales.
Del PRD, Rafael Hernández Soriano refirió que el dictamen es deficiente en lo general y se debe revisar de fondo. “Es una calca de la propuesta del PRI que, a su vez, es una copia de los lineamientos de la Segob”.
“Esto no es legislar y por eso no vamos con esta propuesta. Tenemos muchas observaciones puntuales que también son respaldadas por organizaciones de la sociedad civil”, comentó.
Estimó que hay tiempo suficiente para legislar de manera correcta, pero falta voluntad y responsabilidad para abrir el debate. “Esperamos que no se imponga la mayoría legislativa, pues es un asunto muy relevante”.
Norma Xochitl Hernández Colín, diputada de Morena, expresó su preocupación porque no se tomaron en cuenta propuestas de organizaciones como Artículo 19 o de la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Comentó que “se dará la batalla en el Pleno para que el dictamen se nutra con las aportaciones de los distintos actores sociales”.
Agregó que es una legislación importante para el bien de la nación y un reclamo que se ha hecho desde 2006. “Es raro que ahora, por la llamada de atención de la Corte, se quiera sacar adelante”.
El diputado César Alejandro Domínguez Domínguez (PRI) detalló que modificar los topes presupuestales o las condiciones del ejercicio de recursos en materia de comunicación social, significaría cambiar los transitorios de una reforma política-electoral de 2014, pero dado que implica una modificación constitucional, los tiempos ya no dan.
Explicó que el dictamen incluye mecanismos suficientes para dar certeza al ejercicio del gasto de manera moderada, transparente e imparcial. Sujeta el gasto de la comunicación social a principios que garanticen claridad, a través de un padrón público y accesible.
Dijo que la ASF será quien pueda sancionar el mal ejercicio de recursos en este asunto, pues tiene la facultad de atender en materia administrativa y penal las denuncias sobre uso inadecuado de dinero público.
El diputado del PAN, Eukid Castañón Herrera, consideró que se debe votar el dictamen; sin embargo, coincidió en que “existe mucha atribución a la Segob”.
Manifestó su voto en abstención, pero deseó que se tenga la madurez política suficiente para tratar de alcanzar los mejores consensos para el dictamen.
Carolina Viggiano Austria, diputada del PRI, comentó que el dictamen no otorga a la Segob alguna facultad que no tenga ahora; concentra lo que dispone la Constitución y otras leyes.
Detalló que el empadronamiento previo de medios no implica que los entes públicos tengan que contratar espacios con éstos, sino que dependerá de la idoneidad del mismo para cumplir con la estrategia de comunicación.
“Es importante dejar claro que no se coarta en ningún momento la libertad de expresión y, por el lado de la fiscalización, son recursos que se auditarán por parte de la ASF. El tema fundamental es respetar los topes de gasto y eso no está en entredicho en el documento”.
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