• La intención es abonar a la profesionalización de la labor legislativa

17-04-2018.- El presidente de la Cámara de Diputados, Edgar Romo García, presentó una iniciativa de reformas al Reglamento de este órgano parlamentario, para crear un Sistema de Evaluación de Diputados, que sea completamente público y que tenga por objeto evaluar el desempeño del trabajo legislativo de todas las y los diputados.

Este sistema deberá difundirse permanentemente en el sitio electrónico de la Cámara de Diputados y las conclusiones de las evaluaciones serán actualizadas al término de cada periodo de sesiones.

El diputado Romo García dijo que la intención es abonar a la profesionalización de la labor legislativa, evaluando el desempeño de los diputados y acotando la brecha que existe entre los ciudadanos y sus representantes en el Congreso.

Resaltó que la sociedad ha perdido la confianza en las autoridades y en los políticos, y “los diputados no sólo no escapamos de esta realidad, sino que estamos situados en uno de los menores niveles de confianza en la sociedad”. Por ello, reconoció la necesidad de que la Cámara de Diputados cuente con un sistema de evaluación del desempeño, como medida para mejorar el trabajo legislativo.

Afirmó que ante la actual coyuntura histórica relevante, ya que a partir de la próxima legislatura, los diputados tendrán derecho a la reelección en sus cargos, es apremiante trabajar en la consolidación de un modelo de evaluación que genere la información necesaria para los ciudadanos, para que conozcan, evalúen el actuar de sus representantes y analicen si les otorgan de nuevo su confianza para otro periodo de ejercicio.

Romo García destacó que en la última encuesta nacional de Consulta Mitofsky para medir la confianza en 17 instituciones públicas, los diputados se encuentran entre las cuatro más bajas, con 4.4 de calificación en una escala del 1 al 10.

Agregó que son de advertir dos aspectos importantes, primero, la evidente desconfianza de la ciudadanía en los legisladores y, segundo, que dicha desconfianza deviene en gran medida de la falta de información y conocimiento integral de la sociedad sobre las atribuciones generales y específicas y el desempeño de los diputados.

Expresó su preocupación por que, en pleno siglo XXI, el desconocimiento social sobre la función legislativa y parlamentaria sea tan alto en México y que la ciudadanía no conozca fehacientemente las tareas que tiene a su cargo y realiza un diputado. Ello invita, continuó, a encontrar nuevos vehículos de difusión de las funciones parlamentarias que permitan a la población conocer y evaluar adecuadamente los resultados de sus representantes.

Mencionó que organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación han realizado diversos esfuerzos de evaluación, los cuales son respetables; sin embargo, en la mayoría de los casos hay carencia de información integral y se limitan a evaluar elementos cuantitativos, omitiendo otros aspectos, de fondo y de forma, relativos a la función legislativa.

La relevancia en el desempeño legislativo no sólo son las asistencias ni las iniciativas. Se debe considerar cuántas de las propuestas son aprobadas, cuál es su impacto, la calidad y la responsabilidad; también el trabajo en comisiones, los planteamientos que se hacen, los posicionamientos en pro o en contra de algún dictamen, la participación en tribuna, en foros públicos, en mesas de trabajo, en las discusiones, entre muchas otras tareas.

Aclaró que en ocasiones hay diputados que no pueden asistir al Pleno porque se encuentran en reuniones de trabajo y de gestión de algún asunto importante de sus comisiones, ya sea con las dependencias del Ejecutivo, con la sociedad civil o con la iniciativa privada, para lograr el consenso integral de su propuesta o dictamen; sin embargo, son esfuerzos importantes que no siempre se ven o se reconocen y que a menudo se cuestiona a priori su justificada inasistencia.

Estimó que estos escenarios indican que es momento de institucionalizar un instrumento de evaluación respecto de las actividades y encomiendas que realizan las y los diputados en el ejercicio de sus funciones, pero, además, que dicho instrumento contenga parámetros e indicadores que proporcionen datos duros reales, para que la ciudadanía conozca a ciencia cierta el desempeño de los legisladores.

Consideró que es obligatorio profesionalizar y modernizar a la Cámara de Diputados, llevándola a estándares internacionales y asegurando el monitoreo y la evaluación de la calidad del trabajo legislativo bajo un sistema sólido e integral.

Romo García explicó que la reforma adiciona un Capítulo V denominado “Del Sistema de Evaluación de Diputados” con los artículos 284 Bis al 284 Bis 5 al título Octavo, plantea crear dicho sistema que sea público y considere una serie de criterios definidos, de manera que todos los elementos cuantitativos y cualitativos que intervienen en el ejercicio del cargo de diputado se valoren y se ponderen, a efecto de evaluar de forma eficiente e integral el trabajo que realiza cada uno de los diputados.

Para la implementación de este sistema, añadió, se crea un Consejo Coordinador, como órgano interinstitucional, que incluye la participación ciudadana a través de la sociedad civil, instituciones académicas y sector empresarial, así como las áreas técnicas de la propia Cámara, para que sea este órgano quien defina los criterios correspondientes para constituir el Sistema de Evaluación.

Además, dijo, la transparencia juega un papel determinante: el sistema será completamente público y se dará difusión permanente a los resultados de la evaluación en el portal de internet de la Cámara.

La iniciativa adiciona un Capítulo V denominado “Del Sistema de Evaluación de Diputados” con los artículos 284 Bis al 284 Bis 5 al título Octavo, que establece que para evaluar el desempeño de los trabajos legislativos se deberá realizar mediante elementos de evaluación que contengan y ponderen todas las actividades y encomiendas que desarrollan los legisladores en el ejercicio de su cargo, de conformidad con los derechos, prerrogativas, facultades, atribuciones y obligaciones previstas en la Constitución Política, la Ley Orgánica del Congreso General, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, este Reglamento y demás disposiciones aplicables.

También se precisa que el sistema se implementará a través de un Consejo Coordinador que fungirá como órgano colegiado institucional y de participación ciudadana de carácter consultivo, informativo y de colaboración en materia de evaluación legislativa de los diputados y sus decisiones se aprobarán por consenso.

El Consejo Coordinador, indica, será integrado por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, quien lo encabezará, y un representante de cada grupo parlamentario, así como los secretarios General y de Servicios Parlamentarios. Además, el titular de la Unidad de Transparencia, tres representantes de instituciones de educación superior, tres de organizaciones de la sociedad civil y tres de organizaciones del sector empresarial.

La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos acordará, a propuesta de su presidente, la invitación a los integrantes del Consejo, los cuales participarán por un periodo de un año con posibilidad de ser ratificados para periodos subsecuentes. A excepción del presidente y el secretario técnico, los integrantes del Consejo podrán designar a un suplente que cubra su representación en las reuniones a las que no pueda asistir.

Se señala que se podrá invitar a las reuniones del Consejo Coordinador a personas expertas en materia de evaluaciones, a un representante de la Auditoría Superior de la Federación, de instituciones públicas, educativas y de investigación, de organismos internacionales y a representantes de diversos sectores de la sociedad, cuando se traten asuntos relacionados con sus especialidades o cuya experiencia profesional sea útil para que participen emitiendo opiniones, aportando información o colaborando con acciones que le competen al Consejo.

El Sistema de Evaluación de Diputados se normará por criterios que expida el Consejo Coordinador, los cuales deberán contener los principios rectores, el catálogo de los elementos cualitativos y cuantitativos que se considerarán para realizar la evaluación, el método, los plazos para realizar cada etapa y su difusión, y los medios de difusión de los resultados.

La iniciativa fue remitida a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

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