24-04-2018.- El Pleno cameral solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva el juicio de amparo promovido con motivo del proceso de convocatoria y designación de los titulares de los órganos internos de control de los Organismos Constitucionales Autónomos, que ejercen recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Pidió mediante un punto de acuerdo aprobado en votación económica, que cuando se solvente el juicio de amparo, se cite y convoque a un periodo extraordinario de sesiones de la Cámara de Diputados.

Lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento al mandato constitucional establecido en los artículos 28 párrafo vigésimo fracción XII y 74 fracción VIII de la Carta Magna, para llevar a cabo la designación pendiente de esos titulares del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Instituto Federal de Telecomunicaciones y Comisión Federal de Competencia Económica

Al presentar el punto de urgente resolución, el diputado Salomón Tamez Guajardo (MC) señaló que se ha omitido nombrar a los contralores de los Organismos Constitucionales Autónomos.

Relató que se interpuso un amparo “y con ello vemos cómo los ciudadanos recurren al Poder Judicial para que nos llame la atención. Se interpuso un amparo que en este momento está en curso de estudio y que impide que tomemos decisiones finalmente”.

Este acuerdo, dijo, exhorta muy respetuosamente al juez tercero de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, también sea escuchado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que dicte sentencia en este amparo y se pueda decidir quiénes serán esos contralores y, a su vez, en cuanto sea dictada la sentencia, se convoque a sesión extraordinaria para nombrar a los funcionarios que tanto se necesitan para que se vigilen mejor las cuentas de estos organismos autónomos.

El documento precisa que a la fecha, han transcurrido más de siete meses del plazo que la Cámara de Diputados se puso a sí misma, sin que aún se haya designado a los titulares de los órganos constitucionales autónomos señalados, que sumados, con base al Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, ejercen más de 3 mil 714 millones de pesos y que no cuentan con un titular de sus órganos internos de control, lo que sin duda demerita la funciones de prevención, vigilancia e investigación que corresponde cumplir a dichas instancias.

Argumenta que la Cámara de Diputados, con el fin de cumplir con su obligación constitucional, requiere la resolución del juicio de amparo referido para, a partir de ello y hasta antes del 31 de agosto, esté en aptitud de convocar a un periodo extraordinario que permita a la presente legislatura cumplir con el mandato constitucional que en materia de combate a la corrupción la propia Constitución impone.

Caseta de cobro Cuyutlán, Colima

A la Comisión de Transportes se mandó un punto de acuerdo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes (PRD), para solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que a través de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, realice las acciones necesarias para retirar la concesión de la caseta de cobro Cuyutlán, ubicada en el tramo Armería-Manzanillo, Colima o, en su caso, disminuya las tarifas.

Beltrán Reyes expuso que esta caseta es una de las más caras del país y obliga a transitar por una peligrosa carretera libre. “Los colimenses solicitamos se nos quite la caseta que está afectando nuestra economía. No tenemos por qué pagar las pérdidas de ninguna empresa”.

Procesos electorales en Yucatán

El diputado Mario David Mex Albornoz (Morena) presentó proposición para exhortar al gobierno de Yucatán a que actúe con imparcialidad durante el proceso electoral ordinario 2017-2018, y al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado a que garantice elecciones libres y pacíficas.

Indicó que “el actuar arbitrario en beneficio de grupos partidistas, de figuras como los gobernadores de los estados, ocurre en detrimento de la democracia y las reglas electorales que rigen los procesos de cambio en el gobierno y en los Congresos”. Será analizado por la Comisión de Gobernación.

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