• Se lleva a cabo en San Lázaro foro: “Armonización Legislativa para la Prevención de la Violencia y Restauración Familiar”

25-04-2018.- La secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez, Julieta Fernández Márquez (PRI), manifestó la urgencia de armonizar el Código Civil Federal con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para incluir el interés superior de los infantes.

Durante el foro “Armonización Legislativa para la Prevención de la Violencia y Restauración Familiar” en San Lázaro, afirmó que este Código reformado desde 1932, requiere modificaciones de 150 artículos para garantizar la protección a la infancia.

Por instrucciones del Congreso de la Unión, se tiene la obligación de legislar respecto al Código Federal de Procedimientos Civiles para adecuarlo a la nueva realidad que viven las familias. “Muchos ordenamientos estatales sólo contemplan la demanda de la pensión alimenticia, pero no existe protección a los miembros de este núcleo cuando hay un conflicto entre ellos”.

Es primordial reformar las leyes que restablezcan el núcleo familiar, pues es ahí donde existen los ambientes propicios para el desarrollo de cada uno de sus integrantes.

Fernández Márquez destacó que fenómenos como trata, corrupción de menores y delincuencia juvenil, son ejemplos de malas herencias; por tanto, solo combatiendo la violencia, el abuso y la negligencia en el seno familiar se podrá mejorar la convivencia y el progreso de la ciudadanía.

Actualmente las familias están desintegradas y los niños no son valorados y protegidos en su desarrollo; es decir, “que aunque crecen en una familia se sienten huérfanos”.

La legisladora priista enfatizó que se requiere que las políticas públicas en la materia se lleven a cabo desde el ámbito familiar, a fin de prevenir la violencia y restaurar el núcleo de la sociedad.

Denunció que en la política pública en materia de protección infantil no se contempla a los menores de cinco años; esperamos que con las modificaciones normativas cambie este panorama para que las personas dedicadas a velar por los derechos de los infantes, generen condiciones propicias.

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), cuenta con cerca de mil 200 Procuradurías de la Defensa del Menor, mismas que sólo son preventivas y de derechos humanos, por lo cual no brindan justicia cotidiana.

La senadora Lisbeth Hernández Lecona (PRI) subrayó la importancia de crear conciencia y generar una legislación con perspectiva familiar, pues representa el núcleo social más importante por lo que, sin duda, debe de acompañarse de leyes y acciones contundentes.

La secretaria de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano resaltó la gran labor realizada por el Legislativo, en compañía de la academia, y estimó que ambas cámaras del Congreso deben continuar el impulso de normas que promuevan valores, a fin de crear una sociedad fortalecida.

Otro punto importante, agregó, es la especialización de jueces, magistrados, peritos y ministerios públicos, con el propósito de que sean más meticulosos con sus responsabilidades y antepongan el interés, primordialmente de niñas, niños y adolescentes.

De la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el director de área en esta materia, Fernando Negrete Méndez, mencionó que concebir a los infantes como sujetos de derechos, abre el panorama para protegerlos y que vivan excluidos de violencia y en un lugar seguro como el núcleo familiar.

Agregó que los menores deben tener garantizada la sana convivencia; no obstante, cuando son separados de su familia tienen que recibir un trato de armonía, a través de distintas alternativas como el programa de Acogimiento Familiar que implementa la Procuraduría.

Comentó que la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes refiere que, en caso de que por mandato judicial sean separados de su primer núcleo, la última opción será el ingreso a los centros de asistencia social.

Consideró un paso importante homologar la legislación en la materia, con el propósito de garantizar el pleno disfrute de los derechos de la infancia.

Alicia Acosta Huerta, coordinadora del Programa sobre Asuntos de la Niñez y la Familia, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se pronunció por Impulsar adecuaciones legales, a fin de transverzalizar los derechos de los infantes en nuestro país.

Estimó necesario construir estrategias nacionales que coadyuven a erradicar costumbres que han normalizado la violencia contra los menores. Además, analizar la normatividad y mejorar aquella que aún posibilita actos y omisiones que vulneran los derechos.

“Hay entidades, por ejemplo, que en sus leyes aún permiten el matrimonio infantil. Otro tema que debe atenderse es el embarazo a temprana edad, con el objetivo de no truncar los planes de vida de las niñas”.

El magistrado de la Cuarta Sala Familiar, Juan Luis González Alcántara, afirmó: el esquema político y social está mal, “parece que estamos más preocupados por construir obras faraónicas y dar una imagen al exterior que no corresponde a la realidad y las necesidades del país”.

Planteó que los tres Poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, discutan y reflexionen en cómo permitir a los infantes que en los procesos jurídicos se tome la seriedad para que, independientemente de los problemas que puedan tener sus padres, se salvaguarde su interés superior.

“Esto permitirá que los menores tengan convivencia con los papás, fortaleciendo con ello al nuevo concepto de familia, es decir, se logre una custodia compartida, en todos los ámbitos: escolar, económico y sentimental”.

Elva Leonor Cárdenas Miranda, investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a pesar de tener cerca de cuatro años de promulgada, no ha sido armonizada, lo cual impide que sea efectiva.

Con las reformas al Código Civil Federal se lograría incluir lo establecido por la ley en materia de protección infantil, la cual reconoce a los menores como sujetos con capacidades de defender y exigir sus derechos y reconoce al Estado, la familia y la sociedad responsables de garantizarlos.

Explicó que el Código debe establecer que quien tenga la patria potestad de un infante no sólo se encargará de corregirlo hasta que los menores no sean una posesión de sus padres, lo cual les permita abusar de ellos.

Velar por la adecuada protección de las niñas, niños y adolescentes contribuirá a mejorar la seguridad, pues detrás de algunos hechos delictivos hay niños; de ahí la importancia de fortalecer el núcleo familiar.

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