05-12-2018.- La Comisión de Justicia aprobó en lo general, con 16 votos a favor y seis en contra, el dictamen a la minuta que crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, cuyo objetivo es reglamentar la organización, funcionamiento y ejercicio de las atribuciones de la Fiscalía General, como un órgano público autónomo, a cargo de las funciones otorgadas al Ministerio Público de la Federación.

Durante la discusión en lo particular, se aprobaron con 16 votos a favor y cinco en contra, los artículos reservados en términos del dictamen.

El documento, aprobado sin modificaciones a la minuta, señala que serán funciones del fiscal: investigar y perseguir los delitos; ejercer acción penal; procurar la reparación del daño de las víctimas; adoptar y, en su caso, promover la adopción de medidas de protección en favor de éstas y de testigos u otros sujetos procesales.

Asimismo, podrá intervenir en el proceso de ejecución penal, en acciones de extradición activa y pasiva, así como en las de inconstitucionalidad o controversias constitucionales.

Indica que el titular de la Fiscalía General tendrá la facultad de elaborar el Plan de Persecución Penal, en el cual deberá considerar las prioridades nacionales, establecidas en la política criminal, para orientar las atribuciones institucionales y las prioridades en la investigación, persecución y ejercicio de la acción penal, así como los objetivos de la institución en el corto, mediano y largo plazos.

Precisa que este órgano contará con cuatro fiscalías especializadas: en materia de Derechos Humanos; Delitos Electorales; Combate a la Corrupción y Asuntos Internos. Los titulares serán designados y removidos por el Fiscal General.

El nombramiento del Fiscal General se sujetará a lo estipulado en el artículo 102, Apartado A, de la Constitución; es decir, a partir de la ausencia definitiva del Fiscal General, el Senado de la República contará con 20 días para integrar una lista de al menos 10 candidatos, que enviará al Ejecutivo federal, quien tendrá 10 días para formular una terna que regresará al Senado para que el Pleno elija al Fiscal General.

Si el Ejecutivo no recibiera la lista en el plazo citado, enviará libremente al Senado una terna y designará provisionalmente al fiscal General, quien ejercería sus funciones hasta que haya una designación definitiva. El encargado de la Fiscalía podrá formar parte de la terna.

La presidenta de la Comisión de Justicia, diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez (PAN), destacó que la postura que ha asumido es institucional y con base en esto se accedió a presentar un dictamen en términos de la minuta, a fin de provocar la discusión y abrir el diálogo franco.

Destacó que el análisis del documento se realizó bajo un proceso de discusión de Parlamento Abierto, pues los diputados poseen la obligación de tratar de construir los mejores instrumentos jurídicos y legislativos para la sociedad.

Reiteró que las propuestas presentadas por las organizaciones civiles serán defendidas en el Pleno, pues no se trata de cuestiones de forma sino de fondo, ya que buscan corregir deficiencias que vienen de origen; por ejemplo, cómo mejorar el sistema de procuración de justicia.

Durante la discusión, la diputada Lizbeth Mata Lozano (PAN) destacó la importancia de reformar el artículo 102 de la Constitución Política para que la fiscalía sea autónoma y sirva a la sociedad. Comentó que en sus reservas tomará en cuenta las opiniones de las organizaciones civiles para mejorar el dictamen.

El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar (MC) resaltó que falta una reforma constitucional para garantizar la autonomía de la fiscalía. El dictamen no cumple con los acuerdos alcanzados con las organizaciones y presenta deficiencias como duplicidad de funciones, insuficiencias presupuestales y falta de acceso a la justicia de las víctimas; anunció su voto en contra.

Por el PRD, la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD) señaló que “no hay elementos objetivos que permitan sostener que el próximo Fiscal General será verdaderamente autónomo e independiente del Ejecutivo”. Comentó que votaría en contra porque las fiscalías especializadas tienen múltiples factores que acotan su autonomía, lo cual vulnera el derecho de acceso a la justica de todos los mexicanos y los servicios periciales no gozan de independencia.

El diputado Luis Fernando Salazar Fernández (Morena) expresó que su grupo parlamentario está a favor de la ley, en los términos del dictamen, porque plantea un cambio radical frente al modelo ya inoperante de la Procuraduría General de República. Aclaró que en el artículo Décimo Tercero Transitorio se contempla la necesidad de una reforma constitucional, a partir de un diagnóstico con la puesta en marcha de la fiscalía.

Mariana Rodríguez Mier y Terán, diputada del PRI, expresó su preocupación porque como está el artículo 102 constitucional, otorga la facultad del Ejecutivo para designar al fiscal. Respecto al perfil para este cargo, indicó que no se requiere una especialidad ni experiencia en el manejo de temas penales, lo cual es de primordial importancia.

La diputada Ana Ruth García Grande (PT) anunció su voto a favor del dictamen porque a “México le urge”, ya que “los ciudadanos tienen hambre y sed de justicia”. Estimó que el país requiere de instrumentos legales y sobre la marcha se verá la eficacia de la ley para después hacer los cambios que se requieran.

Del PAN, el diputado José Elías Lixa Abimerhi coincidió en las buenas intenciones de la reforma; sin embargo, consideró que este proyecto tampoco aspira a mejorar los índices delictivos, y no señala metas ni plazos, lo que es importante atender; además, el dictamen no incluye los puntos de vista de la sociedad.

El diputado Rubén Cayetano García (Morena) confió que la impartición de justicia tendrá un nuevo rostro en el país y “vale la pena apostarle al nuevo modelo”. Sostuvo que es falso que no se hayan tomado en cuenta las opiniones de la sociedad.

De la misma bancada, la diputada Lorena Villavicencio Ayala resaltó que urge un nuevo fiscal porque no ha funcionado el encargado de la PGR, “el cual nos dejó en la impunidad absoluta”. Afirmó que se tienen todos los elementos de un órgano abierto, con rendición de cuentas, transparencia y un catálogo de apoyo a las víctimas.

La diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina (PES) informó que su voto sería a favor del dictamen “porque el pueblo de México exige el cambio de una institución que pueda representarnos dignamente y evite la impunidad”.

El diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero (Morena) aclaró que el dictamen contiene las propuestas de las organizaciones y de las víctimas. Dijo que votaría a favor convencido de que “el país ya no aguanta más sin una nueva Fiscalía General de la República”.

La diputada María Del Rosario Guzmán Avilés (PAN) señaló que su fracción parlamentaria está cumpliendo con su responsabilidad, al advertir las fallas y deficiencias que existen en la ley, lo cual implicará actos de autoridad anómalos.

Los artículos reservados por el PAN fueron: 2, 6, 9, 11, 14, 19, 20, 21, 26, 33, 34, 44, 53 y 56; del PRI, 7, 11, 14, 16, 18, 26, 28, 36, 41, 50, 54 y 63; por el PRD, 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 44, 47, 53, 55, 56, 57, 58, 63, Decimosegundo Transitorio y Vigésimo Transitorio.

Movimiento Ciudadano presentó reservas a los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 42, Tercero Transitorio y Decimotercero Transitorio. Mientras que el diputado panista José Elías Lixa Abimerhi reservó todos y cada uno de los artículos del dictamen.

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