• Revisarán reglas de operación del fideicomiso para hacerlas más ágiles

06-12-2018.- La Comisión de Asuntos Migratorios, presidida por la diputada Julieta Kristal Vences Valencia (Morena), se comprometió a dar solución y justicia histórica a los migrantes que laboraron en Estados Unidos de 1942 a 1967, y a quienes no se les entregaron sus ahorros.

Durante una reunión con representantes de los exbraceros, la legisladora resaltó que la nueva administración está comprometida con las causas sociales; por lo tanto, buscará una vía de comunicación con el Ejecutivo para dar una solución real, a ese problema de pago. Los trabajadores sólo luchan por algo que por derecho les corresponde, indicó.

Aseguró que la Comisión, independientemente de los colores partidistas, buscará dar solución a su demanda. “Somos su voz y rostro y no les vamos a fallar”, expresó.

Por lo tanto, enfatizó, esta instancia legislativa luchará para que en el Paquete Económico 2019, se incluyan recursos para el Fideicomiso de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios, pero les solicitó su comprensión, ya que en el país existe mucha carestía y las necesidades básicas no se cumplen. “La cobija es una sola y no alcanza para todo; no obstante, se buscará reorientar los recursos para mejorar las condiciones de todos”, comentó.

Dijo que continuarán las mesas de trabajo y se revisarán las reglas de operación del fideicomiso, para flexibilizarlas y sean más ágiles, porque la mayoría de los exbraceros son personas mayores y no pueden hacer filas ni tardarse en el trámite.

El diputado Javier Julián Castañeda Pomposo (PES) consideró fundamental tener un presupuesto para terminar de pagar el apoyo social a los exbraceros.

El diputado del PT, Benjamín Robles Montoya, propuso crear una subcomisión para atender a los exbraceros y sus familias, y un micrositio donde se difundan los avances. “Deseamos resolver de forma justa y digna este pendiente, pero el tema económico es enorme. De una vez les digo en el presupuesto para 2019 que envíe el Ejecutivo se respetará. No hay mucho margen de maniobra; no obstante, buscaremos darles solución”.

El diputado Samuel Herrera Chávez (Morena) propuso que en la opinión que se envíe a la Comisión de Presupuesto, se incluya el pago de los 28 mil 382 folios de los exbraceros, lo cual representa mil 78 millones de pesos. Pidió también incluir un exhorto para que la Secretaría de Relaciones Exteriores desclasifique y publique la información de los exbraceros.

Su correligionario, el legislador Oscar Rafael Novella Macías, coincidió en que es necesario crear una subcomisión y se comprometió a atender el asunto, pues el Ejecutivo manifestó que daría conclusión a la deuda histórica con los trabajadores migratorios.

Su compañero de bancada, diputado Gonzalo Herrera Pérez, enfatizó que la Comisión revisará este asunto, pero pidió ser conscientes porque se recibió un Estado en bancarrota. Deben ser pacientes, “buscaremos dar solución a esta deuda histórica”, dijo.

En representación de MC, la legisladora María Libier González Anaya expresó su apoyo. “Hoy todo puede mejorar, ya que el Ejecutivo se comprometió a dar solución a los migrantes”.

Octavio Enrique Bustamante Trillo, encargado del Comité del Fideicomiso de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios, de la Secretaría de Gobernación, señaló que la preocupación de la dependencia es que el apoyo social llegue a la mayor cantidad de beneficiarios.

Por ello, pidió a los diputados y las organizaciones de exbraceros difundir la última lista publicada por Segob para que los beneficiarios puedan cobrar. “Sabemos que los trámites son engorrosos y difíciles, pero como servidores públicos tenemos que acatar estrictamente la ley y las reglas de operación”.

Efraín Arteaga Domínguez, representante de la Unión de Exbraceros en Lucha, solicitó a los diputados elaborar una ley que permita finiquitar la deuda histórica con este sector, o una iniciativa que modifique el fideicomiso, a fin de que sea justo y digno.

Asimismo, demandó destinar presupuesto para el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos y abrir mesas de recepción de documentos, para el pago de los 28 mil 382 folios que quedaron pendientes.

Arteaga Domínguez instó a los legisladores a dar seguimiento a la solicitud para que se les devuelva el 10 por ciento de sus salarios, que les fue deducido cuando trabajaron en Estados Unidos, en el periodo de 1942-1967.

Añadió que con lo recaudado se instituyó un fondo de ahorro campesino; sin embargo, a pesar de que los estadounidenses enviaron el dinero a México para que fuera entregado a los exbraceros cuando regresarán a sus comunidades, “esto jamás ocurrió, es decir, el gobierno federal robó a cerca de 4.6 millones de trabajadores”.

Posteriormente, el 25 mayo del 2005 se creó un fideicomiso para darles a los exbraceros, siempre que cumplieran con los requisitos, un apoyo social de 38 mil pesos, los cuales han sido entregados a cerca de 200 mil trabajadores. Pero esto significa tan sólo el 6.5 por ciento del total de los migrantes, precisó.

Relató que durante la pasada administración no se otorgó un sólo peso al fideicomiso. En 2016, se obtuvo una sentencia favorable, en la cual se le ordena al gobierno federal devolver a los quejosos el 10 por ciento ahorrado, más el interés obtenido durante este periodo, por lo que a cada exbracero se le debe entregar un millón 96 mil pesos.

Lamentablemente, continuó, el Ejecutivo objetó la sentencia, la cual llegó a la Suprema Corte. El pasado 31 de octubre, se emitió la resolución que exime al gobierno de la obligación de regresar el 10 por ciento a los trabajadores y especifica que estos sólo deben recibir el pago de 38 mil pesos y con ello finiquitar la deuda.

Ante este panorama, se llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quienes dieron un plazo de 30 días al Estado mexicano para que rinda informes al respecto.

En su participación, los exbraceros solicitaron a los diputados hacerles justicia, pues se han violado sus derechos humanos. Propusieron exhortar a las secretarías de Trabajo y Prevención Social y de Relaciones Exteriores a que pidan al gobierno de Estados Unidos abrir los archivos de los mexicanos que trabajaron en el periodo de 1942-1967.

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