• Representante de la Unicef en México pide a diputados proteger el interés superior de los menores

19-12-2018.- La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, Rosalba Valencia Cruz (Morena), sostuvo que el reto para garantizar el bienestar, seguridad y felicidad de la infancia es abatir el rezago de sus garantías individuales y en su interés superior.

Durante el Foro: Hacia una Agenda Legislativa de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes expresó que para generar espacios de diálogo, discusión y debate acerca de las necesidades de los infantes se integrará una agenda legislativa que dé cabida a las aportaciones de organizaciones gubernamentales, asociaciones civiles y ciudadanos.

El representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en México, Christian Skoog, mencionó que la niñez requiere que los tres órdenes de gobierno realicen su labor de proteger de manera efectiva derechos cuando son vulnerados; para ello, propuso fortalecer las secretarías ejecutivas del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) en el ámbito federal, estatal y municipal para que pueda coordinar políticas públicas en la materia y la Ley de Planeación del Programa Nacional de Protección, a fin de articularlas.

Asimismo, dijo que deben adecuarse las legislaciones en materia penal, civil, administrativa, migratoria, educación, salud, y realizar reformas para hacer expresa la prohibición del castigo corporal, establecer los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio sin excepciones, que las madres adolescentes puedan acceder a la seguridad social, y ampliar las licencias de maternidad y paternidad.

Por otra parte, cuando está en consideración de la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto Egresos de la Federación es fundamental asegurar una adecuada inversión para garantizar los derechos de la infancia y adolescencia, particularmente, en situación de mayor exclusión y vulnerabilidad.

El representante del Unicef enfatizó que en el diseño de políticas públicas en la materia, se requiere de la participación de las niñas, niños y adolescentes, pues es uno de sus derechos contemplados en la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 12, por lo que solicitó que esta garantía se respete.

Francisco Castellanos García, director de coordinación Interinstitucional del SIPINNA, expuso que se debe reglamentar la obligación general de todas las autoridades en materia de derechos humanos; es decir, realizar una ley reglamentaria del artículo primero de la Constitución.

Consideró que otra tarea que tiene que realizar el Congreso es una Ley Nacional de Adopción, lo cual implica una reforma al artículo 73 de la Constitución, una Ley General de la Primera Infancia con el propósito de establecer la política del Estado para el desarrollo integral de la niñez entre cero a tres años de edad, así como una Ley General de Juventudes y una Ley General de Cuidados, para garantizar la atención a personas que necesitan sean velados sus intereses.

También, se requieren modificaciones a la Ley General de Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad, la Ley Federal del Trabajo para evitar trabajo infantil y regular la ejecución de medidas de los menores que tienen problemas con la justicia.

Patricia Secunza, coordinadora de Incidencia y Expansión de la Fundación Quinta Carmelita IAP, subrayó que de acuerdo con el Censo de Alojamiento de Asistencia Social del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2015 en el país existían 33 mil niñas, niños y adolescentes privados de cuidados que viven en los casi 900 centros de asistencia social.

“Lamentablemente los menores que se encuentran en estas instituciones son condenados a permanecer en estos sitios hasta la mayoría de edad, pues sólo el 15 por ciento tiene restituido su derecho a la vida familiar”, por lo que solicitó se regule en la materia.

Georgina Hernández Alonso, representante de Embajadores y Embajadoras, México, urgió a los legisladores generar una Ley Nacional de Adopción. En la actualidad, cada entidad maneja su código y al hacerlo independientemente, propicia que los niños que se encuentran en los centros de asistencia, no se integren a una familia porque los procesos jurídicos son muy lentos.

Se deberá dar un acompañamiento profesional a los padres biológicos, adoptivos e infantes para que realmente se logre por un desarrollo integral y óptimo, de niñas y niños que se integran a un nuevo núcleo familiar.

Diohema Anlleu Mora, directora de incidencia de la Fundación Juconi, mencionó que para garantizar el pleno respeto al interés superior de la niñez, es fundamental reformar la ley general en la materia, a fin de que se adecue a las nuevas necesidades de este sector.

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