Boletín N°. 0808 | Aprueba la Cámara de Diputados el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 |
23-12-2018.- La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2019, por un monto neto de 5 billones 838 mil 059 millones 700 mil pesos; es decir, 23 mil 768 millones más que lo propuesto por el Ejecutivo.
El dictamen, aprobado en lo general, con 312 votos a favor, 154 en contra y cero abstenciones, se envió al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
Con 303 votos a favor, 7 en contra y cero abstenciones se aprobaron los artículos reservados, con las modificaciones aceptadas por la asamblea. Transitorios: Décimo primero y la adición de dos transitorios. Además, al Anexo 23. 2.1, 23.3.1.B, 23.5.2 y 43.
La presidencia de la Mesa Directiva informó que en lo particular, 100 diputadas y diputados hicieron 285 reservas. Quedaron en términos del dictamen los artículos: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 32, 33 y 37.
Asimismo, los transitorios, Tercero, Quinto, Noveno, Décimo segundo y Décimo Tercero. También, los anexos: 1, 2, 7, 8, 10, 11, 11.1, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23.3.5, 25, 26, 27, 28, 29.2, 30, 31, 38 y 40.
El Proyecto del PEF señala que, en términos del artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para el periodo fiscal del próximo año se prevé un déficit presupuestario de 503 mil 841 millones 300 mil pesos.
El dictamen, en el que se realizaron cambios a la propuesta del Ejecutivo federal, refiere que se modificó el uso de los recursos del Fondo Regional, que se habían destinado a las 10 entidades federativas con menos índice de desarrollo humano, a efecto de que 50 por ciento se vaya a los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, y el otro 50 por ciento a las siete entidades federativas con menor índice de desarrollo humano.
Establece que los recursos asignados al desarrollo integral de los pueblos, comunidades y municipios indígenas, cuando corresponda, puedan ser transferidos directamente a estos, de conformidad con los convenios que para tal efecto se celebren en términos de las disposiciones aplicables, con la participación que corresponda a la entidad federativa.
En los Anexos relativos a las remuneraciones de los servidores públicos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 de la Constitución Política, se indica que para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que están en funciones desde antes del inicio de 2010, la remuneración de cada cual ha de ser igual a la que tuvieron durante el año de 2009, aunque sea superior a la del Presidente de la República.
Los integrantes del Poder Judicial de la Federación que asumieron su función a partir de 2010 o después, conservarán sus respectivas remuneraciones, aun cuando éstas son superiores a la del Presidente de la República, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019.
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Ramírez Cuéllar, pidió a las diputadas y diputados apoyar el dictamen. “Este será un presupuesto nuevo para un gobierno nuevo”, se hace realidad uno de los reclamos nacionales más importantes que es la exigencia de reducir los costos de los gobiernos y que exista un gasto racional y eficiente.
“Se decidió reducir el costo del gobierno de la República, con todas sus dependencias y organismos, en más de 20 mil millones de pesos, y terminar con un gigantismo administrativo que atrofiaba la prestación de los servicios públicos y que se encontraba totalmente alejado de las exigencias que la ciudadanía tenía para lograr un gobierno ágil y eficiente”, detalló.
Destacó que el proyecto del PEF 2019 tiene una columna vertebral que son los jóvenes, a los que se destinan 61 mil millones de pesos para reducir los altos niveles de deserción y garantizar que todos tengan trabajo y también estudio.
“Se busca que ya no exista una generación perdida y atrapada en las garras de la criminalidad, que solamente suma miles y miles de muertos por la violencia desatada en todas las regiones del país”, indicó.
Mencionó que otra parte de la columna vertebral es la organización del gasto, por lo que se compactaron los casi seis mil programas de desarrollo social que se tenían en la federación, estados y municipios; y ahora tan sólo son 18, con 251 mil millones de pesos, lo que representan una enorme inversión para el desarrollo del capital humano. Afirmó que se han establecido medidas de transparencia en el artículo transitorio y todos los programas contarán con reglas de operación.
Dijo que el Seguro Social y el ISSSTE recibirán las mayores inversiones de la historia del país, con 107 mil millones de pesos, ya que “los tenían abandonados y arrinconados y hacían de los pacientes y derechohabientes las víctimas permanentes del descuido y del maltrato médico”.
Resaltó que Pemex y CFE tendrán los primeros intentos de rescate y modernización, para que nuevamente vuelvan a servir como palancas de desarrollo y bienestar de muchas regiones de México.
Señaló que las universidades, a las que se les ha dado subsidio, tendrán corresponsabilidad en el manejo sano de sus finanzas y en la reestructuración de todos los niveles operativos, para garantizar la sustentabilidad.
Afirmó que se aplicará el artículo 127 de la Constitución Política, relativo a las remuneraciones de los servidores públicos, con una medida que “acabe con la opulencia y el oropel”, y cubra la totalidad de las necesidades de las personas y de las familias, “sin el abuso, ni la discrecionalidad, ni el uso de los recursos públicos para darse las gran vida desde las Cortes o desde cualquier dependencia gubernamental”.
Dijo que “la primera batalla se está ganando contra el dispendio, el derroche y los altos salarios, ofensivos muchos de ellos, y la necesidad de que una inmensidad de recursos económicos ahora se trasfieran en la inversión de capital humano y se apliquen en la infraestructura para la generación de empleos”.
En los posicionamientos, el diputado Erasmo González Robledo (Morena) señaló que este presupuesto es una profunda reingeniería en la reorientación del gasto hacia el bienestar de la ciudadanía, con una base de austeridad republicana que combate la corrupción y promueve la eficiencia en los recursos.
Explicó que el dictamen que hoy se discute muestra un incremento real de 6 por ciento respecto al anterior, y éste representa el 23.4 por ciento del PIB. Dijo que se busca generar un equilibrio en las finanzas públicas. “La administración no tiene ningún corte asistencialista, por ello se propone un amplio gasto en inversión en infraestructura”.
Por su parte, el diputado Juan Carlos Romero Hicks (PAN) mencionó que el dictamen es partidario, clandestino, de ocurrencias. “La mayoría que reconocimos por obtener 43.58 por ciento (del sufragio) ha claudicado a poder hacer las cosas bien, lo que estamos viendo es un documento que no se construyó en la Cámara de Diputados, sino en la Secretaría de Hacienda, lo cual es una intromisión republicana”.
Subrayó que el primer presupuesto de esta administración es autoritario, unipersonal, asistencialista, viola la autonomía de poderes, es opaco y discrecional, pues se gasta y no invierte, sacrifica empleo, ciencia, tecnología e innovación, y no tiene un gramo de federalismo; además, quiere desmantelar los órganos autónomos del Estado; prueba de ello, es que ha realizado un presupuesto reducido para estas áreas.
El diputado René Juárez Cisneros (PRI) señaló que es un acierto apoyar a las personas de la tercera edad en pobreza, jóvenes que necesitan una beca para poder terminar sus estudios o a quienes tienen su deseo de empezar trabajar en algo y ganarse la vida decorosamente o quienes tienen una discapacidad. Sin embargo, apuntó, la gente del campo no tiene los recursos suficientes.
Indicó que en este presupuesto se lastima a las mujeres de este país y le da la espalda a la equidad e igualdad; reduce drásticamente la capacidad de los municipios para atender las demandas, servicios y obras de los alcaldes, y elimina los apoyos que son fundamentales para la promoción turística, afectando a los pueblos mágicos.
De la bancada del PES, la diputada María Del Carmen Cabrera Lagunas destacó la prioridad de focalizar los recursos para jóvenes, adultos mayores, educación y personas con discapacidad, sectores que habían sido olvidados. Los programas de mujeres tampoco se verán disminuidos, aseguró.
“Hoy estamos votando un presupuesto que, como su nombre lo implica, presupone escenarios y plantea una ruta que no necesariamente es perfecta. El PEF sufrió modificaciones sustantivas, sí, pero faltaron algunas otras para lograr atender muchas de las demandas expresadas por muchas voces que clamaron una rectificación en temas para el desarrollo nacional como el campo, la ganadería y salud”, agregó.
Del PT, el diputado Benjamín Robles Montoya refirió que México se ha convertido en un país con desigualdad mayúscula y dolorosa, donde sólo pueden vivir bien unos cuantos. “En ese sentido va el PEF, porque si el Presupuesto no es para ayudar o para mejorar la vida de la gente, no tiene sentido”.
Destacó que el dictamen brinda recursos para programas de vivienda, incentiva la creación de empleos que eleven productividad y promueve el desarrollo con orden. Añadió que se destinarán recursos a educación, salud, y a tareas de agua y saneamiento.
La diputada Fabiola Loya Hernández (MC) estimó que el PEF representa el instrumento más importante de política pública del país, ya que contempla las verdaderas prioridades del gobierno. “Es facultad de los diputados discutir y avalar el presupuesto, pero la nueva mayoría abandonó esa oportunidad y no se discutió a fondo del documento”.
Manifestó que los esfuerzos tributarios de estados y municipios no se ven reflejados de forma equitativa en el dictamen. Asimismo, apuntó, se debilitan las instituciones que representan un contrapeso al Ejecutivo, tales como el Poder Judicial y órganos autónomos. También vulnera políticas para el desarrollo económico, la investigación y fortalecimiento del cambio.
Javier Salinas Narváez, diputado del PRD, consideró imperante la reorientación de la política social, para acabar con la pobreza, marginación y desigualdad. Además, dejó claro que sólo la educación puede ser el puente para alcanzar el desarrollo nacional. “Necesitamos un gobierno que restituya el poder social, que el exceso de mercado le ha arrebatado al Estado”.
Comentó que la corrupción y los abusos de poder son vicios que deben quedar enterrados en el antiguo régimen; “este PEF es la oportunidad de la izquierda para demostrar que no sólo sabe gritar, sino conciliar, y no sólo demandar, sino administrar. Anunció que los legisladores del PRD votarían con conciencia y libertad.
El diputado Arturo Escobar y Vega (PVEM) manifestó que los legisladores de su bancada serán implacables en la aplicación del PEF. “Es muy importante que lo aquí avalado se ejecute, porque tan grave es la corrupción como los subejercicios”.
Señaló disminuciones de más de 32 por ciento al rubro ambiental, aunque reconoció programas como el de apoyo a adultos mayores y a jóvenes.
Durante la discusión a favor y en contra, la diputada Martha Tagle Martínez (MC) indicó que los programas sociales asignados para los pobres sólo sirven para repetir la fórmula clientelar asistencialista del pasado. “La ciudadanía no vive sólo de subsidios, requiere de educación, trabajo digno, seguridad social, caminos rurales y carreteras; acceso al agua potable, servicios públicos, entornos seguros e incluyentes, y proyectos que detonen el desarrollo y nada de eso tiene este presupuesto”.
La diputada de Morena, Brenda Espinoza López aseguró que las políticas públicas y las reformas estructurales en los últimos sexenios, dejaron un país dividido, pobre y como uno de los más corruptos, con falta de oportunidades, por lo que este presupuesto tiene un gran componente social, para que los grupos más desprotegidos tengan la oportunidad de mejorar su condición de vida.
Al fijar su postura en contra, el diputado Fernando Galindo Favela (PRI) subrayó que el PEF no tiene un consenso y carece de prioridades en infraestructura. Hay una reducción de 13 por ciento en términos reales para el campo. En la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales caen 20 por ciento, y en seguridad pública se redujeron 25 por ciento los subsidios a estados y municipios que se destinan a combatir delincuencia organizada.
En pro, Óscar González Yáñez (PT) consideró que no hay presupuesto que alcance, pero ahora se hará más que lo que se hacía antes. “Se busca rescatar a Pemex y a CFE, para que sean bastión de la economía del país. También se propone evaluar el impacto de los programas”.
Xavier Azuara Zúñiga, diputado del PAN, comentó que “se ha intentado destruir contrapesos y centralizar el poder, así como doblegar la soberanía de los estados, al quitarles fondos del PEF”. Acción Nacional, dijo, apoyará a madres solteras, investigadores, deportistas, rectores universitarios y a todos a quienes este presupuesto ha afectado”.
La diputada de Morena, Rosario Merlín García, destacó que no subirán los impuestos, pero sí habrá sustentabilidad. Además, “es importante transparentar los recursos y reducir al mínimo indispensable el gasto gubernamental para eficientar el uso de recursos”.
El diputado Antonio Ortega Martínez (PRD) fijó su postura en contra del dictamen, debido a que se plantea un recorte brutal a los programas de protección de los recursos naturales y obras de infraestructura, y de comunicaciones y transportes de gran interés para los gobiernos estatales, por el impacto en el desarrollo regional de sus entidades. También, un recorte de 43 mil millones de pesos al ramo 23, que significan menos aportaciones y participaciones para las entidades federativas y los municipios.
El legislador del PT, Gerardo Fernández Noroña planteó que estaría a favor del dictamen, debido a que se tiene un compromiso con el país para un mejor desarrollo y este presupuesto es un primer esfuerzo en ese sentido. “Tiempo de cambio, de transformación, de democracia y revolución no violenta”, agregó.
En contra del dictamen, el diputado priista Ismael Alfredo Hernández Deras dijo que los campesinos aportan 4 por ciento del PIB, mientras que la economía del país crece 2 por ciento. “No se vayan a equivocar con los trabajadores de este sector, debido al recorte que plantean”, alertó.
El diputado de Morena, Ignacio Benjamín Campos Equihua aseguró que el PEF 2019 fortalece las acciones para evitar la corrupción, al hacer una revisión y ajustar los programas federales, con la intención de hacer más eficiente los gastos federales y eliminar las malas prácticas; además, se apuesta por los jóvenes para dotar de oportunidades a quienes no estudian y no trabajan.
El legislador panista, Jorge Luis Preciado Rodríguez consideró que de quitarse las instancias infantiles, se elimina la posibilidad de que las mujeres trabajen; es decir, terminan con la igualdad; reiteró que su voto sería en contra, ya que se le quita dinero al campo, a la cultura, a la PGR y a las mujeres. “Esta transformación de cuarta, lo único que generará al país es más pobreza”.
La diputada Laura Imelda Pérez Segura (Morena) afirmó que “este presupuesto no es un capricho presidencial, es una decisión de una mayoría y se ha iniciado el cambio”. Subrayó que es una forma de hacer las cosas diferentes, eficiente y honesta; austeridad, apoyo directo para no lucrar con la pobreza, eliminación de los vicios del Ramo 23 y, al mismo tiempo, más dinero para estados y municipios; además, fortalecimiento de los sectores estratégicos como Pemex, CFE y sector salud, respeto al federalismo y una nueva visión del combate a la violencia.
Previamente, el Pleno rechazó mociones suspensivas planteadas por los diputados Armando Tejeda Cid (PAN), y Ricardo Villareal García, del mismo partido, quienes consideraron que el PEF 2019 no atenderá las miles de solicitudes de presidentes municipales y necesidades de millones de mexicanos.
Reservas aceptadas por el Pleno
Se aprobó reserva presentada por la diputada Abril Alcalá Padilla (PRD), que reforma el Anexo 43 ampliaciones al Ramo 48, Cultura, para integrar la relación de los proyectos beneficiados para impulsar las actividades de promoción y difusión cultural en el país.
“Hemos logrado incrementar los recursos para el Ramo 48, destinados a los proyectos culturales de los estados, municipios y asociaciones civiles, con un monto de 500 millones de pesos para estas actividades”, sostuvo.
Con esta reforma, añadió que se da cumplimiento al compromiso de garantizar los derechos culturales de los ciudadanos, ya que por este medio y sus diversas manifestaciones, se pueden realizar cambios sustantivos en el modelo de desarrollo social transformador.
El Pleno también aprobó modificar el artículo 11 transitorio del dictamen, a propuesta del diputado Ricardo Gallardo Cardona (PRD). El objetivo es que la secretaría coordinadora del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social, perteneciente al Ramo 33, realice adecuaciones necesarias a lineamientos de dicho fondo, y permitir que a los proyectos complementarios, se les puedan destinar hasta el total de los recursos.
La modificación propuesta por el diputado Marco Antonio Medina Pérez, de Morena, fue avalada y con ello se adiciona un artículo transitorio para que las dependencias realicen las adecuaciones necesarias para transferir los recursos fiscales y las estructuras de los órganos internos de control a la Secretaría de Función Pública (SFP), facultando a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública llevar a cabo las acciones que correspondan.
Asimismo, la Asamblea aceptó la modificación propuesta por el diputado Benjamín Robles Montoya (PT), para adicionar un Artículo Transitorio y establecer que los aprovechamientos enterados por entidades federativas y los municipios, conforme a lo establecido en el Artículo Séptimo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, podrán destinarse al fortalecimiento financiero en entidades federativas y municipios y/o para la atención de desastres naturales.
Se aceptó la modificación de la diputada María Rosete (PES) al Anexo 23.2.1, sobre límites de la percepción ordinaria total, para que en 2019, las remuneraciones de los servidores públicos de la Cámara de Senadores, con excepción de los legisladores, cuya remuneración está señalada en el presente decreto serán determinados por parte del gobierno, órgano, dirección o la instancia correspondiente.
A su vez, se avaló la reserva del diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo (PES), la cual modifica el Anexo 23.3.1. B “Límites de la Percepción Ordinaria Total (Netos mensuales) (pesos) Cámara de Diputados” para establecer que para 2019, las remuneraciones de los servidores públicos de mando de este órgano, con excepción de los legisladores, cuya remuneración está señalada en el presente decreto, serán determinados por parte del gobierno o dirección o la instancia correspondiente.
El legislador explicó que estas modificaciones son para que ningún servidor público gane más que el Presidente de la República, como se deriva del artículo 127 Constitucional.
Asimismo, el Pleno aceptó la propuesta del diputado Pablo Gómez Álvarez (Morena) para modificar el título del Anexo 23.5.2, y denominarlo “Remuneración total anual de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que entraron en funciones desde el año 2010 hasta 2018”.
Con fundamento en lo que dispone el artículo 93 numeral 1 del reglamento de la Cámara de Diputados, la Mesa Directiva ordenó que antes de que se remita el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019 al Ejecutivo Federal, se realicen las correcciones que demandan el buen uso del lenguaje y la claridad del mismo, sin modificar lo aprobado por el pleno.
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