25-06-02018.- La diputada Josefina González Luna (NA) impulsa una iniciativa de reformas a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipymes), para que en programas sectoriales de fomento a la creación de estas unidades económicas, elaboradas por la Secretaría de Economía, se incluya el cuidado del ambiente.

En el documento, turnado a la Comisión de Competitividad, se plantea adicionar la fracción V al artículo 9 de dicho ordenamiento para reforzar el marco regulatorio en cuanto a preservación y recuperación ambiental, tomando en cuenta objetivos de viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad a la hora de promover el desarrollo económico nacional por parte de la autoridad.

Actualmente es complicado tener un parámetro cercano a la realidad de las Mipymes, que ascienden a cuatro millones 48 mil 543, así como del impacto de su desenvolvimiento en el medio. De acuerdo con un estudio de la organización ecologista internacional Greenpeace, en los últimos años nuestro país ha pasado a un deterioro ecológico acelerado al favorecer sectores de inversión.

En México la legislación en materia ambiental tiene más de 40 años, pero desde hace más de cinco décadas la oferta y demanda de productos y servicios generan una visión “donde el ambiente debe estar al servicio de la economía”, de ahí la importancia de incluir mejores mecanismos que contengan una perspectiva de protección y preservación sustentables.

Sostuvo que el crecimiento de la economía y la sustentabilidad pueden lograrse sin desasociar uno de otro, con instrumentos legales e instituciones, que son “herramientas fundamentales de actuación del gobierno y la sociedad”.

Aunque las políticas implementadas por el gobierno Federal en los sectores agrícola, pesquero, forestal y turístico contemplan la sustentabilidad para reducir el impacto ambiental, la problemática se acrecienta con las actividades productivas y el uso que estos sectores dan a recursos naturales.

Por ello, se deben generar alternativas de solución viables que involucren a gobierno y empresas en la implementación de medidas que aumenten la conciencia sobre esos daños, “que resultan cada vez más graves e irreversibles”.

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