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| Boletín N°. 5038 | Diputados acuerdan armonizar Ley General de Salud con reformas constitucionales |
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06-03-2018.- El Pleno cameral aprobó con 340 votos el dictamen que reforma diversos artículos de la Ley General de Salud, y con ello modificar disposiciones relativas al Distrito Federal por Ciudad de México conforme a la reforma política y referencias a salario mínimo por la Unidad de Medida y Actualización en materia de desindexación del salario mínimo.
El documento enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, precisa que estas reformas constituyen un esfuerzo de armonización legislativa derivado de dos reformas a la Carta Magna, que impactan el marco jurídico nacional y, en esa medida, obligan a revisar disposiciones legales que mencionan figuras no vigentes.
La sustitución del término salario mínimo general vigente diario para el Distrito Federal por Unidad de Medida y Actualización, representa una obligación para el Congreso de la Unión, que se cumple con la aprobación de estas reformas que abonan a la certidumbre jurídica de los mexicanos y de las instituciones relacionadas con el sistema de salud pública.
Argumenta que la reforma política de la Ciudad de México trastocó el estatus jurídico y el régimen político de la capital del país, con el objeto de reforzar su autonomía, garantizando al mismo tiempo los derechos humanos de sus habitantes.
La proponente de esta reforma, diputada Melissa Torres Sandoval (NA), relató que en enero de 2016 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, dos decretos que reformaron de manera significativa el texto de la Constitución Política, ordenando el cambio de denominación del Distrito Federal por Ciudad de México, y la desindexación del salario mínimo.
Con esa reforma, se desvinculó el salario mínimo del pago de multas, cuotas y contribuciones. No obstante, dijo, a más dos años de la promulgación de la reforma constitucional, aun no se han realizado “de manera expresa las adecuaciones legales y reglamentarias”.
La Ley General de Salud regula bienes y servicios fundamentales para el ejercicio del derecho a la protección de la salud; por ello, dijo, el dictamen “propone la adecuación de su contenido, con apego a la reforma constitucional”.
Estos cambios evitarán imprecisiones jurídico-administrativas que podrían generar efectos negativos de carácter económico en el ámbito de la salud. “Es necesario que se cumpla con el mandato, a fin de garantizar que los efectos de la reforma constitucional se concreten y proporcionen certeza jurídica”, añadió.
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