24-05-2018 En México la participación ciudadana ha sido un derecho olvidado, tanto por la sociedad civil, quien la ha ejercido sin ímpetu, y el Estado, que lo ha dado a cuentagotas, sostuvo Alberto Rojas Rueda, coordinador general del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en nuestro país.

Durante el curso “Participación Ciudadana y Gobernanza: Nuevos Enfoques de lo Público”, organizado por la Comisión Especial de Participación Ciudadana que preside el diputado Tristán Canales Najjar (PRI), el representante de la ONU indicó que este derecho humano debe ser exigible, pues no es una concesión del Estado.

Expuso que México, en su Carta Magna, suma la visión de las libertades y la parte social de derecho, haciéndola un documento progresivo y de relevancia en el mundo.

Aclaró que, aunque en marzo de este año la Secretaría de Relaciones Exteriores publicó los lineamientos para la promoción de la participación ciudadana en la política exterior mexicana, la cual es “una chulada” porque por primera vez se obliga a sí misma a que en todas las delegaciones de negociadores se integre un representante de la sociedad civil.

“Esto es un avance año luz, porque hay un principio de control de lo público, ya que, al sentirse observados, las formas de las negociaciones serán abiertas y trasparentes; sin embargo, esto debe extenderse, a fin de que la relación con la sociedad civil, en lugar de ser de choque y crítica, se convierta en colaboración”.

El también titular del programa “Fortalecimiento de la participación ciudadana y gobernanza ambiental para la sustentabilidad (2012-2019)”, añadió que, a pesar de que las naciones firmaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aún existen más de 16 mil niños muriendo de hambre cada día, es decir, uno cada cinco segundos.

De igual manera, continuó, la libertad, la educación y la no esclavitud son derechos universales, pero en la realidad hay miles de personas en prisión por hablar claro, mil millones de adultos incapaces de leer y 27 millones esclavizadas.

Ante este panorama, agregó, en muchas naciones la Declaración Universal de los Derechos Humanos no posee fuerza, pues su garantía es opcional, y a pesar de documentos, convenciones, tratados y leyes, todavía es poco más que palabras en páginas.

Subrayó que los derechos humanos no deben ser una lección de historia, ni discursos, ni campañas de relaciones públicas, sino elecciones que se hacen cada día y donde la participación ciudadana es un eje para hacer cumplir todos los demás.

Apuntó que la democracia participativa habilita a la sociedad civil para poder incidir en la construcción de leyes; por ello, expresó, es primordial que las legislaciones vean este tema como algo medular y sustantivo.

Detalló que el acuerdo “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, fue adoptado por los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas; incluye 17 Objetivos, los cuales pretenden poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático, considerando a la participación ciudadana como un eje transversal para cumplirlos.

Enfatizó que discutir, deliberar e invitar a voces críticas, no es algo que se debe reprimir, toda vez que estos elementos mejoran los procesos y brindan distintas alternativas de solución a los dilemas de los tomadores de decisión.

Además, termina por construir una decisión en donde quienes no terminen satisfechos, por lo menos sabrán que en el proceso estuvieron sus voces presentes y eso hace toda la diferencia entre una resistencia a una política o un acompañamiento colaborativo, concluyó.

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