06-11-2018.- Los legisladores de la Conferencia Parlamentaria de las comisiones de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados y de Gobernación del Senado de la República, presentaron sus propuestas e iniciaron el análisis para reformar siete artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

En la primera reunión temática, examinaron modificaciones a los artículos 4, 43 y 43 Bis de ese ordenamiento, referentes a la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, y el 35 relativo al cambio de nombre de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) por el de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y establecer directrices que aseguren la adecuada distribución, comercialización y abastecimiento de los productos básicos a la población de escasos recursos.

Asimismo, el artículo 39 de la citada ley, en relación con la Secretaría de Salud, para reconocer a la medicina tradicional y alentar la formación de promotores de la salud, además de promover la producción nacional de medicamentos.

En torno a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), se modifica el precepto 40 de la misma norma, para promover la democracia sindical y el acceso a la contratación colectiva, e impulsar el cumplimiento de los convenios internacionales en materia de derechos laborales.

Sobre la Secretaría de Cultura, analizaron modificaciones al artículo 41 Bis, para conservar las manifestaciones culturales y creaciones en lenguas indígenas, y otorgar becas a quienes realicen investigaciones o ciclos de estudios vinculados con las artes, tanto en México como en el extranjero.

La propuesta respecto a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, busca establecer que el Consejero Jurídico nombrará y en su caso removerá a los titulares de las unidades encargadas del apoyo jurídico de las dependencias y entidades de la administración pública federal, quienes estarán adscritos administrativa y presupuestalmente a las dependencias y entidades correspondientes.

La vicepresidenta dela Cámara de Diputados, Dolores Padierna Luna (Morena), destacó que esta reforma es un nuevo paradigma para renovar el modelo de la administración pública federal, a través de cinco ejes rectores: los derechos de las personas, el combate a la corrupción, los esfuerzos de transparencia, la rendición de cuentas y la eficacia, y la austeridad, para acabar con la dispersión de recursos.

La presidenta de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, Rocío Barrera Badillo, reconoció que trabajar en conferencia es un sano ejercicio para revisar cada tema de la iniciativa, y estimó, de acuerdo con todas las observaciones de los legisladores, que se logrará el consenso para el dictamen.

“Es una extraordinaria práctica, porque de aquí se desprenderá lo necesario para elaborar un excelente documento, con las modificaciones que valga la pena a hacer a ciertos artículos. Aunque hay puntos de vista diferentes, llegaremos a acuerdos”, sostuvo.

Agregó que “el Presidente electo envió la iniciativa por su relación con los compromisos hechos en el proceso electoral. El objetivo: que el próximo gobierno pueda trabajar de manera eficiente”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Gobernación del Senado, Cristóbal Arias Solís, también destacó que trabajar en conferencia es un gran acierto e hizo votos por que sea práctica común en la Legislatura.

“Podemos escuchar puntos de vista encontrados. Por ejemplo, se habla de descalificación y concentración del poder por proponer figuras novedosas para simplificar tareas en las entidades; sin embargo, por otro lado, se olvida mencionar la falta de democracia que ha pervertido la vida sindical”, expresó.

Un asunto importante, dijo, es la cultura, ya que los países más desarrollados, dan lugar prioritario a las manifestaciones artísticas, lo cual no ocurre en nuestro país. “Vemos que la juventud está perdida, y sus aspiraciones tienen que ver con los villanos; es un hecho que se tiene que revertir”.

Al respecto, la diputada del PRI, Dulce María Sauri Riancho destacó el necesario respeto por la soberanía de los estados y autonomía de los municipios y un principio de eficiencia de la administración pública, para cumplir el objetivo de servir al bienestar de la población. No estuvo de acuerdo en que el Consejero Jurídico nombre y remueva a los responsables jurídicos de las dependencias, ya que puede crear un conflicto con las leyes orgánicas de éstas.

Por Movimiento Ciudadano, Martha Tagle Martínez refirió que la propuesta tiene un carácter centralizador de muchas de las funciones en la Consejería Jurídica de la Presidencia y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Consideró que el Consejero Jurídico sí podría tener la capacidad de dar seguimiento, coordinar y verificar que los asuntos a su cargo transiten por la ruta adecuada, pero no otorgarle la facultad de nombrar y remover a los consejeros jurídicos de las dependencias y órganos autónomos, para que esa responsabilidad siga a cargo de cada titular de una oficina pública.

Al fijar su posición, el diputado del PVEM, Marco Antonio Gómez Alcantar, señaló que las facultades del Consejero Jurídico del Ejecutivo federal es una propuesta centralista y novedosa; sin embargo, “no veo honestamente ninguna ilegalidad en ella”. En esta ley, explicó, vamos a encontrar el modelo de administración pública que quiere implementar el nuevo Presidente. “Esos equilibrios están en el respeto de los otros Poderes y los órganos autónomos, en los estados y municipios”. Pidió dar un voto de confianza al nuevo gobierno para que se organice.

Sobre la Secretaría de Salud, la diputada Beatriz Pérez López (Morena) propuso incluir que la atención médica sea universal. Destacó la importancia de reconocer a la medicina tradicional de los pueblos autóctonos e impulsar la producción nacional de medicamentos e insumos, ya que México tiene la capacidad de elaborarlos.

La senadora del PAN, Nadia Navarro Acevedo, pidió precisar los conceptos de salubridad y salud. Del mismo partido, la diputada Adriana Dávila Fernández cuestionó que el gobierno pretenda competir con las empresas en la producción de medicamentos, y desatienda los servicios de salud, cuando se debe garantizar el abasto de fármacos. Solicitó precisar la propuesta de reforma al artículo 39.

Del PRI, la diputada Dulce María Sauri Riancho pidió precisar las políticas para la producción nacional de medicamentos, no para que el Estado los haga, ya que no es el mejor camino, aunque su elaboración puede ser promovida por la Secretaría de Salud.

También del PRI, Lucero Saldaña Pérez, cuestionó que la iniciativa cambia el nombre de la Sagarpa, para quedar como de Agricultura y Desarrollo Rural. “Aunque sea sólo la denominación, no se puede excluir ningún sector”.

Laura Rojas Hernández, diputada del PAN, manifestó que el modelo de gobierno propuesto retoma algo que se creía sepultado: la hiperconcentración del poder. “La iniciativa es la antítesis de un régimen democrático e incluyente”. Además, sostuvo, vulnera la independencia de órganos autónomos y la figura planteada de los súper delegados es inconstitucional, ya que está diseñada para ejercer control político.

Adriana Dávila Fernández, también del PAN, consideró importante entender que no es igual concentrar que centralizar y “parece que se quiere reforzar una autoridad que ya fue ganada en las urnas”. Preguntó si existe desconfianza en los titulares que serán nombrados o si, en su caso, se piensa que son corruptos. El proyecto, sostuvo, “nos parece un ejemplo de congregación de poder e intervención en las facultades de órganos autónomos”.

El diputado Guillermo Aréchiga Santamaría (Morena), explicó que “el próximo Ejecutivo deberá asumir las responsabilidades que el modelo de gobierno planteado implica, pero si este es un modo de combatir los actos deshonestos, hay que ayudarle a alcanzar los resultados”. Respecto a los cambios en la STPS, apuntó que las organizaciones sindicales deben adaptarse a la realidad del país. “Los trabajadores buscan la propia dirigencia y eso debe lograrse con sus reglas internas, pero regularlo en lo federal”.

El diputado Ricardo Aguilar Castillo (PRI) consideró que para los ciudadanos es importante no sentir que la denominación de una dependencia es excluyente. Dejar a Sagarpa como Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural parece un asunto menor, pero vale la pena reconsiderarlo. En cuanto a la cultura, estimó que se debe plasmar en la ley que la secretaría respectiva tome en cuenta a los estados y los municipios, para promover las diversas expresiones didácticas; no debe tratarse sólo a nivel federal, apuntó.

La diputada Dolores Padierna Luna aseguró que no se quitan actividades a las dependencias sólo porque no lleven tal nombre. Explicó, por ejemplo, que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomendó que desde la Comisión Nacional de Acuacultura se realice todo lo que tenga que ver con actividades pesqueras.

Jorge Arturo Espadas Galván (PAN) sugirió valorar si es conveniente acortar el nombre de la Sagarpa. “Basta con ir a ver los conceptos y adoptar lo que mejor defina las funciones de la dependencia federal”.

En relación a las modificaciones planteadas para la STPS, Dulce María Sauri Riancho, del PRI, estimó que no hay que incluir en el dictamen lo que tiene que ver con la vida interna de sindicatos, ya que “no deben vulnerarse los derechos de trabajadores”. En lo cultural, precisó, preocupa que la Secretaría federal sea la entidad coordinadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Además, “se elimina la palabra historia, lo que abre un flanco para la preservación del patrimonio. El INAH ya de por sí tiene problemas, entonces debemos ayudarle”.

El senador del PRD, Antonio García Conejo, manifestó que se tiene que ser muy respetuoso de la vida interna de los sindicatos. “Ese tema no tiene nada que ver con facultades de ninguna secretaría. Más bien, hay que ver la ley de transparencia, a fin de vigilar el uso y destino de recursos”.

El diputado Guillermo de Jesús Jiménez (Morena) consideró relevante que los empleados puedan elegir a sus propios dirigentes. Es abrir una verdadera democracia sindical.

La diputada de MC, Martha Tagle Martínez, sugirió dar facultad a la Secretaría de Cultura para promover más expresiones artísticas en los programas de estudios de educación pública. “Nuestra bancada está de acuerdo con lo que propone la iniciativa, ya que existen muchos programas culturales que ayudarían a prevenir la violencia y reconstruir el tejido social”.

El diputado Valentín Reyes López (Morena) sugirió incluir en el dictamen que esa dependencia proponga la política nacional en esa materia, a fin de que se ayude a otras para definir sus lineamientos.

La diputada Paola González Castañeda (Morena) se pronunció por crear un fondo económico para apoyar y promover concursos escolares de corte cultural. “No hay un recurso específico para apoyar a los talentos y que continúen su desarrollo”.

Alma Delia Navarrete Rivera, también de Morena, coincidió en la necesidad de crear un fondo para apoyar a artistas amateurs. Añadió que es indispensable dar un voto de confianza para que la próxima administración federal diseñe su modelo de gobierno. “Recordemos que la ciudadanía ya otorgó su confianza el pasado 1 de julio”.

De Morena, Araceli Ocampo Manzanares planteó establecer en la ley, que la Secretaría de Cultura y la SEP implementen programas para la enseñanza de dos lenguas indígenas y el idioma inglés, en todas las instituciones de educación pública.

La diputada Beatriz Pérez López (Morena) estimó que un tema relevante en el rubro cultural y que tiene que ser plasmado en la ley, es la defensa de derechos de propiedad intelectual de creaciones textiles, pues diferentes artistas originarios han sido vulnerados por el robo de diseños e ideas.

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