15-11-2018.- El titular de la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Alejandro Romero Gudiño, afirmó que entre los principales pendientes se encuentra concretar el nombramiento de los titulares de los órganos de control interno del INAI, la Cofece y el IFT.

En reunión ordinaria, precisó que la Comisión de Vigilancia de la ASF, en conjunto con la de Transparencia y Anticorrupción, no concluyeron el proceso de nombramiento en la LXIII Legislatura, “ya que se suspendió debido a un juicio de amparo que interpuso uno de los participantes a ocupar este cargo, respecto a una parte del procedimiento”.

Sin embargo, aseguró, “ese tema jurídico ya se superó y hoy tenemos la posibilidad de reactivar este proceso, de acuerdo con la lista de candidatos que originalmente se valoró”.

De acuerdo con la convocatoria, el 12 de septiembre de 2017 era la fecha límite para que la Cámara de Diputados designara a los contralores del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

En otro tema, Romero Gudiño refirió que también es primordial presentar y aprobar un acuerdo para establecer el calendario y formatos de entrega del análisis y presentación de los informes individuales y general de gestión de la Cuenta Pública 2017.

Expuso que hasta el momento se ha concretado la dictaminación de siete cuentas públicas y quedan pendientes 10 más, para que el Pleno se pronuncie al respecto, como lo hizo con la Cuenta Pública 2016, cuyo diagnóstico fue en sentido negativo.

Otro reto, agregó, es que en la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se tomen en cuenta de manera fundamental los resultados de la fiscalización, para poder continuar con el tema programático presupuestal.

Asimismo, resaltó la necesidad de aprobar un nuevo reglamento interno de la UEC, adecuado a la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, emitida en 2016. “Está pendiente justo por esta norma, tenemos que adecuarlo a las nuevas funciones en materia de fiscalización”, precisó.

Romero Gudiño resaltó que en materia de control interno, la UEC ya tiene la opinión respecto al presupuesto de la ASF para 2019, que está a consideración de la Comisión y comenzó el análisis del informe semestral de esta instancia fiscalizadora respecto a la solventación de acciones, que llegó ayer.

Expuso a los legisladores las funciones de la Comisión de Vigilancia de la ASF, entre las que destaca, coordinar la relación de la Cámara de Diputados con la ASF, recibir la Cuenta Pública y la turnarla a la ASF para su fiscalización.

Además, presenta la candidatura para ocupar la titularidad de la Auditoría Superior, opina sobre el proyecto de presupuesto de la ASF y recomienda las modificaciones, alineamientos y directrices para las entidades locales de fiscalización en el ejercicio de las auditorías referidas a participaciones federales.

“Si bien a la ASF se le otorga autonomía técnica y de gestión, también, por conducto de esta Comisión se evalúa su desempeño y el impacto de la fiscalización”, refirió Romero Gudiño.

En la reunión, la Comisión aprobó su Programa Anual de Trabajo 2018-2019, cuyo objetivo principal es garantizar que la revisión de la ASF sea llevada a cabo con estricto apego a la normatividad en la materia, mediante una evaluación permanente del desempeño de este ente fiscalizador y las propuestas de modificaciones legales.

El presidente de la Comisión de Vigilancia, Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC), aseguró que el programa anual, pese a su aval, estará abierto para que los legisladores que integran la instancia puedan hacer sugerencias o aportaciones y se vayan incorporando al mismo.

Acordó abordar en la próxima reunión de la Comisión, el 20 noviembre a las 09:00 horas, la posible integración de dos subcomisiones, una para evaluar el trabajo de la UEC y otra para revisar y dar seguimiento a la Cuenta Pública 2016.

Además, revisar la información sobre un Máster en Gobierno y Fiscalización Pública, impartido la Universidad de Salamanca, España, aprobado en la pasada Legislatura, que servirá de capacitación para los legisladores que integran esta Comisión, y aprobar el Programa Anual de Trabajo de la UEC.

Rodríguez Carrillo comentó que se prevé una reunión con la de Educación Pública y Servicios Educativos, con el objeto de recibir los estados financieros de las instituciones de educación superior integradas en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

La diputada Lidia García Anaya (Morena) planteó convocar al auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, a una reunión de trabajo con las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para explicar las presuntas inconsistencias que se detectaron, la opacidad y el desvío millonario de recursos públicos registrados en la Cuenta Pública 2016.

“Las acciones en materia sancionatoria son nulas, ya que las recomendaciones y observaciones emitidas por la ASF no son subsanadas o simplemente son olvidadas; por ello, se considera oportuno convocar al auditor Superior de la Federación”, explicó.

La diputada Gloria Romero León (PAN) sostuvo que uno de los objetivos es dar seguimiento a las sanciones y multas derivadas de las observaciones de la ASF, por lo que pidió conocer las fortalezas y debilidades de este ente y el estado que guardan casos como la llamada “Estafa Maestra”.

El diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez (Morena) pidió que se explique el proceso de evaluación del ejercicio de fiscalización y los indicadores que se aplican, para ver qué tanto se ha cumplido con los objetivos, así como conocer las fortalezas y retos de la ASF.

La diputada María Teresa Marú Mejía (PT) sugirió que se tenga en cuenta la revisión de la normatividad que rige a la ASF, a fin de ubicar oportunidades de mejora, para otorgarle mayores facultades y sea más eficaz en el combate a la corrupción.

El diputado Arturo Romero Hernández Tapia (Morena) solicitó que se le proporcione la nómina de la UEC e indicarle qué ajustes se requieren, considerando el principio de austeridad, para mejorar el trabajo de la institución en todos los aspectos.

La diputada Marcela Guillermina Velasco González (PRI) apuntó que la UEC debe ser una entidad de auxilio y no dirigente de las tareas de la Comisión y coincidió en la necesidad de conocer la situación administrativa, las funciones y necesidades de la Unidad.

Planteó que se cree una comisión para revisar las funciones, los presupuestos y, sobre todo, la normatividad de la Unidad, para que sea de auxilio permanente.

La diputada Inés Parra Juárez (Morena), secretaria de la Mesa Directiva, solicitó se le facilite la información sobre el convenio, contrato y costo total del Máster que impartirá la universidad española a los legisladores, programado del 13 de noviembre 2018 al 25 de abril de 2019.

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