27-11-2018.- El Pleno cameral aprobó con 328 votos a favor y 49 en contra, la minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, devuelta para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.

Las reformas del dictamen discutidas se refieren a los artículos 8, primer y segundo párrafo y fracción I; 17 Bis, primer párrafo; 27 fracciones VII, VII Bis; 27 Ter y VII Quáter; 33 fracción XXI; 37 fracción XXIV y 40 fracción XXI.

Entre las modificaciones de la colegisladora destaca la eliminación de la fracción VIII del artículo 27, sobre la facultad que se había conferido a la Secretaría de Gobernación (Segob) para “proveer el servicio de radiodifusión púbica digital a nivel nacional”.

El documento, enviado al Ejecutivo para sus efectos constitucionales, además establece que la Segob podrá formular y coordinar la política de prevención social del delito, la cultura de paz y de legalidad, mediante programas que refuercen la inclusión social y la igualdad.

Crear e implementar de forma permanente una página electrónica de consulta pública, donde se registren los datos de las personas reportadas como desaparecidas, de todo el país, y establecer otra para los casos de mujeres y niñas.

Se busca que la Segob elabore y ejecute los programas de reinserción social y apoyo a las personas que hayan cumplido con su sentencia y sean puestas en libertad; así como el diseño e instrumento de programas anuales para el desarrollo municipal, previo un diagnóstico en los ayuntamientos.

En el artículo 8 se establece que el Ejecutivo Federal contará con unidades de apoyo técnico y estructura que él determine, de acuerdo con el presupuesto asignado a la Oficina de la Presidencia. Las mismas, podrán estar adscritas de manera directa a la Presidencia o a través de la oficina referida.

En este mismo artículo, se aclara que a la Oficina de la Presidencia le corresponde definir las políticas del Gobierno Federal en los temas de informática, tecnologías de la información, comunicación y de gobierno digital, en términos de las disposiciones oficiales.

Además, se señala en la fracción I del artículo 8, que las políticas del gobierno federal de informática, tecnologías de la información y la comunicación del gobierno digital, estarán bajo los principios de gobierno y datos abiertos en términos de las disposiciones aplicables.

En el primer párrafo del artículo 17 Bis, se precisa que las oficinas de representación, que estarán en las entidades, “se coordinarán con las delegaciones del programa para el desarrollo”.

En el artículo 33, fracción XXI, se menciona que la Secretaría de Energía se coordinará con la Comisión Reguladora de Energía, para determinar las tarifas reguladas de los servicios establecidos en la Ley de la Industria Eléctrica.

Con la adición de la fracción XXI al artículo 40, se busca promover la organización de los jornaleros agrícolas y garantizar la protección laboral y de seguridad social que establece la legislación aplicable.

La diputada Rocío Barrera Badillo, de Morena, detalló las modificaciones que el Senado hizo a seis artículos, y agregó que el documento incorpora ajustes de todos y cada uno de los grupos parlamentarios, incorporados ya sea, en la fase de dictaminación o discusión de cada una de las Cámaras. “Hablamos de no menos de 57 propuestas, 40 reservas en Conferencia Parlamentaria, 11 en el pleno de la Cámara de Diputados y seis en el Senado. Estamos hablando de un proceso legislativo en el que casi todos los legisladores nos conducimos en un marco de respeto y apego a los procedimientos”.

El diputado del PAN, Jorge Arturo Espadas Galván puntualizó que su grupo parlamentario no puede convalidar el proceso del análisis que estuvo viciado y que “combatiremos a través de un mecanismo Constitucional; por ello, no votaremos esta minuta”. Mencionó que durante el análisis en comisiones hubo varias inconsistencias y no se siguieron las formalidades que establecen el reglamento y la ley orgánica.

Por el PRI, Ricardo Aguilar Castillo, puntualizó que su fracción parlamentaria no pretende ser obstáculo para aprobar reformas fundamentales e invitó a los legisladores a construir leyes sólidas. “Privilegiaremos el diálogo, pero señalaremos errores y deficiencias, cuando haya. Al elaborar la ley, los convocó a trabajar con seriedad, atendiendo criterios técnicos, jurídicos y parlamentarios para no desvirtuar la tarea del Legislativo. No dejemos que otro Poder, por las prisas y desconocimiento, nos corrija siempre la plana”.

El diputado José Ángel Pérez Hernández, del PES, expresó que apoyarán las propuestas del Senado porque abonan a que la próxima administración cumpla con tareas y promesas planteadas. “En Encuentro Social nos congratulamos por la propuesta de eliminar la facultad de la Segob de proveer el servicio de radio difusión pública digital a nivel nacional”, porque esto demuestra que la Legislatura está abierta al diálogo y refleja el planteamiento propuesto por la sociedad civil.

Por el Partido del Trabajo, el diputado José Luis Montalvo Luna se pronunció a favor del dictamen, al no afectar la esencia del proyecto aprobado y que por el contrario, lo fortalece. Las precisiones incluidas atienden el llamado de la sociedad, respecto a prevenir cobros injustos en el sector eléctrico, al establecer que la Secretaría de Energía se coordine con la Comisión Reguladora de Energía para determinar las tarifas reguladas de los servicios establecidos en la industria.

El diputado Jorge Alcibíades García Lara (MC) indicó que votaría con las modificaciones, ya que se elimina la facultad conferida a la Segob para proveer el servicio de Radiodifusión Pública Nacional, la cual era un atentado a la libertad de expresión.

El legislador perredista, Carlos Torres Piña, dijo que su voto sería en contra, toda vez que se trata de cambios mínimos, que no modifican ni resuelven el fondo de los principales cuestionamientos que contiene esta minuta, sobre todo en la concentración de atribuciones que se otorgan a la Segob.

El diputado Jesús Sergio Alcántar Núñez, del PVEM, señaló que los cambios realizados por la colegisladora fortalecen la vocación democrática y el conjunto de modificaciones a la Administración Pública Federal, y retoman diversas inquietudes y demandas de sectores de la población que la solicitaban y una incitación a instaurar la censura como política de Estado.

Durante la discusión, la diputada perredista Mónica Almeida López se pronunció en contra, pues consideró que se trata de una reforma altamente regresiva y un concentrado de las facultades de las dependencias directamente en una figura, la presidencial. Es el caso de comunicación social, las unidades de administración y gestión; son acciones que debilitan al Congreso como contrapeso.

El diputado Benjamín Robles Montoya (PT) afirmó que la reforma es la arquitectura institucional de la administración pública sobre la cual se cimentará el proceso de transformación que encabezará el próximo Presidente de la República. “Es el primer paso del proyecto de nación y de una nueva formas de ejercer el poder en beneficio de la gente y no en función de intereses económicos o de grupo”.

En tanto, el diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe (Morena) enfatizó que su grupo parlamentario votaría a favor de los cambios propuestos, y conminó a los legisladores a hacerlo también y dotar el marco necesario que el gobierno entrante requiere.

De la misma bancada, el diputado César Agustín Hernández Pérez indicó que tener un idóneo funcionamiento institucional implica la sincronización y la armonía de los diferentes niveles de gobierno y de todas las acciones de trabajo. Implementar capacitación, otorga mayor certeza y seguridad de un favorable desempeño a cada institución, dando así un parámetro para medir la eficacia y eficiencia de cada servidor público.

La diputada María Lucero Saldaña Pérez (PRI) dijo estar de acuerdo en las formas en que envía el Senado de la República estas modificaciones; subrayó que el trabajo legislativo debe ser respetado, buscar consensos y acuerdos. Aclaró que se tiene el derecho de diseñar la estructura de gobierno, se debe entender que también es el destino de todas y todos los mexicanos.

Previamente, la diputada Lilia Villafuerte Zavala (PRD) rechazó la moción suspensiva, la cual manifestaba que al dispensar los trámites de discusión y votación de la minuta, sin tener los demás grupos parlamentarios la oportunidad de conocer, analizar y estudiar las observaciones devueltas, se violan los derechos de las minorías partidarias.

La diputada Sandra Paola González Castañeda (Morena) destacó la importancia de generar sinergias entre diferentes niveles de gobierno para que las políticas públicas de bienestar y desarrollo sustentable, sean una realidad y permitan erradicar la brecha indigna de la desigualdad, pobreza y marginación de las y los mexicanos.

Carmen Julia Prudencio González, diputada de MC, aplaudió la modificación sobre las funciones de Segob para proveer el servicio de radiodifusión púbica digital, y rechazó que se le quitará autonomía a la Comisión Reguladora de Energía para determinar las tarifas reguladas de los servicios.

Por Morena, el diputado José Guillermo Aréchiga Santamaría confió que con estas reformas, se fomente que los medios masivos estatales contribuyan al desarrollo de México con calidad y con contenidos que compitan con los particulares. “El nuevo gobierno en su relación con éstos garantizará los principios constitucionales de independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas”.

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