15-10-2018 El Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género (CELIG), de la Cámara de Diputados, señala que el embarazo infantil debe ser prioridad para el Estado, por diferentes factores que lo originan y repercusiones en la salud de las madres y muertes en recién nacidos.

Para contrarrestar esta problemática, se debe apoyar la reducción de embarazos antes de los 20 años; aumentar el conocimiento sobre el uso de anticonceptivos en adolescentes; retardar mediante pláticas de salud sexual y reproductiva, el inicio de las relaciones sexuales.

Además, establecer acciones que busquen prevenir los resultados adversos de un embarazo precoz, como aumentar el uso de la atención calificada prenatal, parto y posparto, sugiere el CELIG en la carpeta informativa “Que las niñas sigan jugando”.

Menciona que el embarazo en adolescentes es multifactorial, porque a temprana edad inician relaciones sexuales sin protección; por matrimonios o uniones infantiles, principalmente en entornos rurales, indígenas y estratos sociales marginados; por usos y costumbres, e incluso, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre el 11 y 20 por ciento de los embarazos infantiles y adolescentes son resultado directo de violación.

Entre los factores sociales y económicos, añade, se encuentra la pobreza, educación incompleta, ingreso económico insuficiente o nulo, y adicciones. La niña o adolescente embarazada es vista como culpable de su situación, por lo que es discriminada y se le retiran los apoyos familiares.

El Centro de Estudios precisa que de acuerdo con especialistas, la madre precoz debe contar con la asistencia de la familia y ser acompañada en las visitas a los médicos y en los cuidados; sin embargo, ocurre lo contrario.

Destaca que la salud de las menores embarazadas se refleja en efectos adversos que se extienden al recién nacido; ellas corren más peligro, pues una madre de menos de 18 años tiene 60 por ciento de probabilidad de que su bebé muera durante el primer año de vida.

La maternidad temprana se asocia más a la morbimortalidad; hay inmadurez fisiológica (hemorragias, infecciones, eclampsia, obstrucciones o parto prolongado); dificultades para la lactancia y existe desnutrición; bajo peso del recién nacido, y mayor vulnerabilidad a enfermedades.

En 2016 se registraron 9 mil 555 nacimientos en niñas menores de 15 años y 389 mil 585 entre adolescentes de 15 y 19 años. La tasa de fecundidad de las adolescentes mexicanas era de 69.2 en 2009, creció a 77 en 2014, y en 2015, 35 mil 358 menores contrajeron matrimonio. De acuerdo con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), de las menores entre 10 y 14 años que se casaron, 4 de cada 5 lo hicieron con hombres mayores de 17 años.

El 4.6 por ciento de mujeres entre 10 a 14 años se casaron con hombres mayores de 30 años; además, 9 de cada 10 adolescentes de 15 a 17 años se unieron con mayores de 17, y el 3.6 por ciento de las de 15 y 17 años aceptaron matrimonio con hombres de más de 30 años.

En México, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes los reconoce como titulares de derechos y establece los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio.

Sin embargo, el Código Civil federal no se encuentra armonizado con esta ley. Chihuahua es el único estado que no ha prohibido el matrimonio con menores de 18 años; 31 entidades lo prohíben y 26 han eliminado las dispensas.

De igual modo, la ley establece medidas tendentes a prevenir embarazos de las niñas y las adolescentes, y para que los servicios de salud detecten y atiendan los casos de víctimas de delitos o violaciones a sus derechos, o sujetos de violencia sexual y familiar, y se les facilite su reingreso al sistema educativo en casos de embarazo.

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