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| Boletín N°. 0319 | Proponen que niñas, niños y adolescentes tengan derecho a la integridad emocional |
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20-10-2018.- La diputada Laura Érika de Jesús Garza Gutiérrez (PES) impulsa una iniciativa para reformar el artículo 13 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de que los menores tengan derecho a la integridad emocional.
La legisladora explicó que la reforma busca armonizar los derechos de la niñez y aportar las medidas necesarias para promover la recuperación psicológica y la reintegración social de todo infante víctima de abandono, abuso u otra forma de trato inhumano.
En su iniciativa, turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, la diputada subrayó que en México siete de cada 10 niños sufren algún tipo de violencia, lo que ubica al país en los primeros lugares a nivel mundial. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ocupa el primer lugar en bullying en educación básica, pues afecta a 18 millones 875 alumnos de primaria y secundaria.
Precisó que 40.24 por ciento de los estudiantes declaró haber sido víctima de acoso; 25.35 recibió insultos y amenazas, 17 fue golpeado y 44.47 por ciento sufrió violencia verbal, psicológica y física.
Según un estudio del Unicef, 63 por ciento de la población menor de 5 años está siendo educada con violencia, como son los correctivos físicos.
A su vez, la Secretaría de Salud estima que al año fallecen cuatro mil 972 personas por suicidios, de los cuales 59 por ciento tuvo, entre otras razones, el acoso físico, psicológico y cibernético a estudiantes.
Mencionó que estudios de la Sociedad Española de Psiquiatría aseveran que los niños que sufren abusos físicos pueden mostrarse en alerta; ser precavidos, desconfiados, incapaces de jugar y ser espontáneos; son agresivos o abusivos, desconcentrados, con bajo rendimiento en la escuela; roban, mienten, se escapan del colegio y no pueden confiar en otros y hacer amigos.
Garza Gutiérrez se pronunció por diseñar políticas públicas y programas en los que el objetivo de intervención de diferentes dependencias u órganos de gobierno sea la familia, con propósitos específicos a las problemáticas de cada uno de los miembros que la integran.
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