• De aprobarse, en menos de una década habría igualdad sustantiva y paridad en todas las funciones públicas y privadas, asegura el presidente de la Cámara de Diputados

23-10-2018.- El diputado Porfirio Muñoz Ledo (Morena) presentó iniciativa que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Constitución Política, para orientar la plena participación política de las mujeres y la perspectiva de género en toda la legislación y políticas públicas.

El objetivo, explicó en el Pleno, es actualizar el marco jurídico en estos temas para garantizar la no discriminación, la igualdad sustantiva, y la perspectiva y paridad de género, con un enfoque de derechos humanos, en el ámbito civil, social, laboral y educativo.

El también presidente de la Cámara de Diputados destacó que este es el Congreso de la Unión con más presencia de mujeres; sin embargo, reconoció, “aún hay una enorme déficit en la paridad de los cargos públicos”.

Refirió que de los 11 integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, únicamente se cuenta con dos ministras; hay sólo tres gobernadoras; el 24 por ciento de los ayuntamientos están encabezados por mujeres; en las Fuerzas Armadas existen tres generalas; la presencia femenina es escasa en puestos de dirigencia sindical y consejos empresariales y “en la iglesia ni hablar”.

Mencionó que la perspectiva de género e igualdad sustantiva, debe ser una visión transversal en toda la constitución del país. Por ello, la iniciativa propone reformar el artículo 4º de la Carta Magna para garantizar la igualdad sustantiva y la paridad de género en el acceso a la función pública, la promoción en los órganos de gobierno y la composición de los cuerpos administrativos de los Poderes de la Unión, de los tres órdenes de gobierno y de los organismos constitucionales autónomos.

Esto, abundó, incluye a los titulares de los poderes ejecutivos y sus gabinetes, “comenzando por la Presidencia de la República”, las legislaturas, los poderes judiciales, los ayuntamientos, las alcaldías y a todo ente público colegiado.

Además, continuó, las leyes también proveerán las disposiciones para que, en la esfera de las empresas públicas y privadas, y de sus organizaciones, así como de los sindicatos, se realicen los ajustes para el cumplimiento de este principio.

Precisó que en un transitorio se pretende establecer que para el nombramiento de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente de la República someterá a consideración del Senado únicamente ternas compuestas por mujeres hasta lograr la paridad de género en su integración.

Este mismo procedimiento, agregó, deberá ser obedecido por todo Poder o autoridad que proponga candidatos a ocupar cargos en el servicio público.

“Si estas disposiciones fueran vigentes, en menos de una década tendríamos la igualdad sustantiva y la paridad entre hombres y mujeres en todas las funciones públicas y privadas”, afirmó el diputado Muñoz Ledo.

Con el documento enviado a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen, se busca en el artículo 1º prohibir la discriminación motivada por la identidad y la expresión de género, y en el artículo 3º que en la educación se desarrolle la perspectiva de género y la igualdad sustantiva.

En las reformas al artículo 4º, se consigna que las mujeres y los hombres son iguales ante la ley, la cual protegerá en igualdad de derechos la organización y el desarrollo de todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar, incluyendo a las integradas por parejas del mismo sexo, con o sin hijos, que estén bajo la figura de matrimonio, concubinato o alguna otra unión civil.

Se pretende que toda persona tenga derecho a la sexualidad y a decidir sobre la misma, con quién compartirla y a ejercerla de manera libre, responsable e informada, sin coerción o violencia, así como a recibir la educación integral correspondiente.

De igual forma, derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la autonomía reproductiva, así como a decidir de manera libre, responsable, informada y segura sobre tener hijos o no, con quién y el número e intervalo entre éstos, así como a recibir servicios para acceder al más alto nivel de salud sexual y reproductiva. Esto incluye la reproducción asistida, así como la prevención, investigación, sanción y reparación del daño por esterilización involuntaria o de cualquier otro método anticonceptivo forzado.

El Estado mexicano empleará toda su autoridad y adoptará las medidas apropiadas, con la colaboración de la sociedad, para erradicar toda forma de violencia contra las mujeres.

Además, toda persona tendrá derecho al cuidado, entendido como el conjunto de actividades que sustentan vitalmente a las personas y les otorgan los elementos necesarios para vivir en sociedad.

Las autoridades establecerán un sistema para la economía del cuidado que preste servicios públicos universales, accesibles, suficientes y de calidad, que provea infraestructura y formule políticas de protección social, atendiendo de manera prioritaria a quienes se encuentren en situación de dependencia por enfermedad, discapacidad o ciclo vital, y a quienes, de manera no remunerada, están a su cargo.

En tanto, en el artículo 123 se pretende estipular que los patrones deberán adoptar medidas tendentes a conciliar la vida laboral y familiar de los trabajadores, a fin de garantizar la igualdad sustantiva en la realización de las tareas de cuidado de sus familias.

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