23-10-2018.- La Cámara de Diputados pidió a la Secretaría de Gobernación (Segob) que, a través de los mecanismos y procesos adecuados, revise el uso de los recursos del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) asignados a Morelos, a partir del sismo del 19 de septiembre de 2017.

Se exhortó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a que revise con cuidado los reportes del cumplimiento de las obligaciones de transparencia del gobierno de Morelos, administración 2012-2018, y en caso de encontrar irregularidades, sancione en términos de la ley a los funcionarios públicos responsables.

Al Congreso de Morelos se le pidió analizar la posibilidad de interponer una denuncia de juicio político por la violación de disposiciones establecidas en la Ley estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por delitos de trastorno al funcionamiento de las instituciones, por afectar la soberanía del estado, usurpación de atribuciones y faltas graves a los planes, programas y presupuestos de la administración pública municipal o de la entidad.

En tanto, a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le solicitó que programe, continúe o concluya a la brevedad las auditorías en proceso al gobierno de Morelos, administración 2012-2018, a la Universidad Autónoma de dicha entidad y, en particular, a aquellos relativos al uso de los recursos del Fonden.

Al fundamentar el punto de acuerdo considerado de urgente resolución y aprobado en votación económica, el diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero (PES) señaló que a pesar de destinarse siete mil millones de pesos a la reconstrucción “se presenta un atraso doloroso”.

Resaltó que, a 400 días del sismo, aún hay familias viviendo en la calle, en el patio de un vecino, en la cancha de basquetbol o en cualquier espacio público donde pudieron improvisar una vivienda.

La administración 2012-2018 únicamente entregó 199 de las mil 912 viviendas dañadas, apenas el 10 por ciento. La falta de transparencia en el manejo de los más de siete mil millones de pesos, “se exhibe en la inmovilidad de la reconstrucción de Morelos”.

En los posicionamientos, el diputado Óscar Bautista Villegas (PVEM) consideró vital agilizar los procesos de fiscalización e investigación del estado en que se encuentran las auditorías, respecto a la transparencia en el uso de los recursos provenientes del Fonden, pues de dichos montos depende la redistribución y atención a los damnificados, no sólo en una entidad federativa, sino en todas aquellas donde tuvieron lugar diversas afectaciones materiales.

Javier Salinas Narváez, diputado del PRD, rechazó esta propuesta, “no sólo porque resulta falsa e insidiosa, sino también porque refleja el hambre de venganza del nuevo gobernador del estado de Morelos, y el grave desconocimiento del sistema jurídico. No tiene ninguna intención seria, es tan solo un vivo reflejo de la personalidad del gobernador entrante y sus patiños”.

La diputada Ruth Salinas Reyes (MC) resaltó que la administración saliente deja una deuda de siete mil millones de pesos con bancos e instituciones, y de cinco mil millones con proveedores, de acuerdo con los datos del Instituto Mexicano para la Competitividad. Al día de hoy, enfatizó, se desconoce su destino y uso. “Vigilaremos a todo aquel estado que caiga en corrupción; estaremos observando, vigilando y transparentando los recursos que son de las y los ciudadanos”.

Margarita García García, diputada del PT, argumentó que los sismos de 2017 generaron un daño terrible a la población, dejando a miles de familias damnificadas. Por ello, dijo, “es vil e inaceptable que los recursos destinados a la reconstrucción hayan sido mal aplicados o incluso desviados. No aparecen ni las viviendas ni los recursos, y las viviendas que sí se construyeron deben ser revisadas, porque se sospecha de su mala calidad y sobrecostos”.

El diputado Armando González Escoto (PES) expresó que el exhorto es de muy alta pertinencia y oportunidad, tanto política como socialmente, pues ilustra con gran solvencia los extremos indeseados, “tanto en el manejo de los recursos públicos como de las ayudas privadas en momentos especialmente difíciles para quienes sufren graves afectaciones en su entorno, personas y bienes. Debe procurarse la máxima transparencia en todos los procesos de transición de administraciones. Un México mejor sin espacio para la opacidad, es posible”.

Por el PRI, la diputada Marcela Velasco González destacó que es indispensable que se investigue y, en su caso, que los presuntos responsables sean sancionados conforme a derecho, debido a que se trata de un hecho contrario al marco jurídico institucional. “Una de las principales exigencias de la sociedad es la rendición de cuentas, este principio constituye uno de los pilares más importantes de un gobierno honesto, transparente y democrático”.

Óscar Daniel Martínez Terrazas, diputado del PAN, llamó a la participación responsable de las autoridades federales para la inmediata aplicación de las sanciones preventivas a la ley, que puedan ser acumulativas e impuestas, “atendiendo la naturaleza y gravedad de las causas que dieron el origen a estos procedimientos”.

El diputado José Guadalupe Ambrocio Gachuz (Morena) puntualizó que se debe combatir la falta de información en la aplicación del dinero público. “Una información precisa y transparente es fundamental para inhibir la corrupción. Nuestro compromiso, como diputados, es con la sociedad, no es con los gobernantes”.

--ooOoo--