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| Boletín N°. 0353 | Acuerda Comisión de Presupuesto, reunión con SHCP y rectores universitarios |
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24-10-2018.- La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, presidida por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, acordó que un grupo de legisladores se reúna con rectores universitarios y autoridades hacendarias, a fin de buscar solución a la crisis financiera que enfrentan diez instituciones de educación superior.
En su primera reunión ordinaria, la instancia también avaló la integración de las siguientes subcomisiones: de Dictaminación de las Cuentas Públicas; para el Análisis y Redacción del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2019, y para la Integración de los Anexos del PEF 2019.
De igual forma, ratificó su Plan Anual de Trabajo y determinó que el próximo lunes se discutirá el dictamen de la Cuenta Pública 2016.
Ramírez Cuéllar destacó el hecho de que la Comisión se reúna con autoridades universitarias y hacendarias, a fin de encontrar una solución al conflicto de las universidades y que no escale a niveles de inconformidad laboral.
Anticipó que el próximo miércoles se celebrará una reunión con la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con el propósito de encontrar salida a dicho problema.
El legislador se pronunció por acelerar y encontrar una buena recepción por parte de la SHCP, para que no haya más conflictos. “El objetivo es hacer lo más conveniente para todas la partes”.
Al respecto, la diputada Patricia Terrazas Baca (PAN) dijo que se deben fijar condicionantes, porque a veces se entrega un “cheque en blanco” y no se resuelven las necesidades. “Observamos que los rectores tienen sueldos importantes y el maestro frente a grupo tiene un pago de miseria”.
El diputado de Morena, Pablo Gómez Álvarez, indicó que existe un gasto no regularizable para resolver la contingencia de las universidades; “hay un diferencial entre el presupuesto y los ingresos del último trimestre, según un informe que tenemos, así que esa diferencia se puede usar para lo necesario”.
Agregó que el asunto se tiene que resolver sobre la base de lo que, efectivamente, se requiere para saldar el año. No obstante, calificó la actual política educativa como nefasta, por la mala relación entre el gobierno federal y las universidades.
Fernando Galindo Favela, diputado del PRI, manifestó “no estar en contra de sostener reunión con Hacienda o buscar ruta de solución para las universidades públicas, pero la responsabilidad es de la Federación y las entidades federativas, porque hay un paripaso, en algunos casos, del 50 por ciento.
El diputado de Morena, Guillermo Aréchiga Santamaría, mencionó que es importante saber cómo están participando los estados, porque es capital de la Federación y de las entidades.
Vicente Alberto Onofre Vázquez, diputado del PES, dijo que de acuerdo a la ley, todo órgano que recibe recursos de la Federación son sujetos obligados, deben informar de su gasto. “Si estamos como intermediarios entre las universidades y Hacienda, debemos conocer sus gastos y saber a qué se destinará el dinero, para que la Secretaría vea si tiene o no el capital”.
Del PES, el diputado Iván Arturo Pérez Negrón, comentó que cada fin de ejercicio fiscal, los rectores “mendigan” recursos extraordinarios a Hacienda. Estimó que la ley en la materia no fija de manera clara el destino de presupuestos para universidades.
La diputada Laura Pérez Segura (Morena) estimó que hay una falta sistemática en la atención presupuestal para las universidades públicas. “Eso ha ocasionado problemas fuertes, pese a que son un pilar para una sociedad democrática”.
Del PT, el diputado Benjamín Robles Montoya urgió dar solución al conflicto y “no entrar en más asuntos que podrían dejar sin clases a medio millón de estudiantes. Ya estalló una huelga y podría pasar en más escuelas”. Las instituciones de educación superior están frente a una tremenda crisis financiera y, sin ser vocero, se debe respaldar a esas instituciones. Asimismo, solicitó relaborar el plan de trabajo, ya que está desfasado por aproximadamente 10 días, aparte de que existe rezago en el documento.
La diputada María del Carmen Cabrera Lagunas (PES) comentó que existen convenios con rectores para otorgar recursos extraordinarios no regularizables, pero no se han liberado. Coincidió en que se requiere dar solución al conflicto del que, indicó, la Secretaría de Hacienda ya tiene conocimiento. “Ya nos tocará en 2019 crear un fondo de contingencia, así como estrategias financieras para dar certidumbre a las escuelas pero, sobre todo a los estudiantes.
De Morena, el diputado Ignacio Benjamín Campos Equihua consideró que el actual modelo económico ha golpeado a las universidades públicas; un ejemplo es la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que lleva seis años sin recibir aumento en su presupuesto, y aun así ocupa el séptimo lugar a nivel nacional.
Armando Tejeda Cid, diputado del PAN, expresó su apoyo a las instituciones educativas públicas, pero “requerimos los datos suficientes de cuánto, cómo y por qué se solicitan los recursos, ya que cada universidad tienen distintos tipos de conflictos; además, también hay que trabajar junto con los gobernadores.
El diputado Marco Antonio Andrade Zavala (Morena) subrayó que la educación es la base de los universitarios y no está de más respaldarlos en este momento en el que requieren apoyo. “Hay que revisar temas de austeridad, pero aquí no hay medias tintas, se apoya o no”.
Sobre otro tema, Salvador Rosas Quintanilla, diputado del PAN, estimó necesario crear presupuesto para atender la situación de la caravana de migrantes, ya que muchos de ellos, aseguró, acabarán en la frontera norte, por lo que se requerirán recursos.
Del PRI, Alfredo Villegas Arreola dijo que su bancada está de acuerdo con atender el conflicto en las universidades. “Se tiene que ayudar a las instituciones y que Hacienda responda. Sumaremos todo esfuerzo para que se atienda ese reclamo, pero también es indispensable normar esos recursos porque bajan de la Federación pero no llegan a donde deberían”.
Yadira Santiago Marcos, diputada de Morena, se pronunció por ayudar también a las 11 universidades interculturales que hay en el país, ya que impulsan comunidades que no tienen tantas oportunidades como las instituciones de las ciudades principales.
Respecto al Plan Anual de Trabajo, el presidente de la Comisión, Alfonso Ramírez Cuéllar, precisó que se ponderarán las propuestas de todas las y los diputados, en el sentido de ampliar e integrar la obligación de analizar la totalidad de los informes que presenta la autoridad hacendaria.
“Hay una observación pertinente sobre la discusión de la Cuenta Pública, que tiene que ver con analizar el cumplimiento de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación a los entes auditados y que deberán forman parte del análisis de la Cuenta Pública, cuando menos la de 2016.”, comentó.
También se establecerá que se eviten los subejercicios y parámetros de medición del gasto de acuerdo a los informes que da la SHCP, a fin de garantizar que se cumpla a cabalidad lo que ha aprobado el Pleno y la calendarización sobre el presupuesto.
Por su parte, la diputada de MC, Fabiola Loya Hernández (MC), reconoció que las aportaciones de su bancada para el plan de trabajo fueron adoptadas por la comisión, y manifestó su compromiso de impulsar los temas que le tocan a la instancia legislativa.
El diputado priista, Fernando Galindo Favela, reconoció la apertura de la Junta Directiva de la comisión, pero deben definirse más las atribuciones de la instancia dentro del programa de trabajo.
El diputado Antonio Ortega Martínez (PRD) estimó que el plan de trabajo tiene que contemplar cómo garantizar que los recursos lleguen a tiempo para su ejercicio. Así como incluir medidas precautorias, preventivas y revisar cada mes con la SHCP, el informe de las asignaciones del presupuesto, además de tener control sobre qué llega a los gobiernos estatales y que no.
En tanto, el diputado José Guadalupe Ambrocio Gachuz (Morena) señaló que los retrasos que se dan de los recursos en estados y municipios, gran parte de ello sucede porque los programas federales deben ser acompañados de la concurrencia con los municipios y la mayoría de las veces éstos no tienen fondos para poder participar en ellos.
El diputado Jesús de los Ángeles Pool Moo (Morena) consideró prudente que los diputados estén en contacto con los gobernadores y presidentes municipales de su estado, y se trabaje en conjunto para integrar todas las obras que ellos tienen previsto de acuerdo a los Ramos.
Por su parte, el diputado Pablo Gómez Álvarez (Morena) propuso adecuar el plan de trabajo para establecer que la Comisión se dirija a sus homologas para comentarles que hagan un análisis del gasto del año por terminar y del anterior, sobre la base de la Cuenta Pública y de los informes del presidente y los secretarios del despacho, a fin de que envíen sus comentarios del presupuesto.
El diputado Erasmo González Robledo (Morena) respaldó a Pablo Gómez, en virtud de tener una economía procesal en cuanto a los lineamientos de la integración del Presupuesto para el ejercicio 2019.
El Programa Anual de Trabajo de la Comisión plantea analizar, discutir, modificar en su caso, y dictaminar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2019, una vez aprobada la Ley de Ingresos de la Federación para el mismo año, por el Congreso de la Unión.
Establece las directrices de acción comprendidas, de octubre de 2018 a agosto de 2019. Resalta la evaluación del Paquete Económico 2019 que el titular del Poder Ejecutivo federal entregará en diciembre próximo.
La Comisión emitirá el “Acuerdo por el que se establece el procedimiento de participación de las Comisiones Ordinarias en el examen y discusión del proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019”, con el fin de regular el trabajo y captar las opiniones propuestas por los legisladores.
Prioriza evaluar el cumplimiento y dar seguimiento a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el Reglamento de la misma y en los decretos del PEF para los ejercicios fiscales de 2010 hasta 2018.
Asimismo, revisar, analizar, discutir, evaluar y dictaminar el contenido de las Cuentas de la Hacienda Pública federal de los ejercicios fiscales del 2003 al 2016, así como los informes que al respecto hayan emitido la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Comisión de Vigilancia de la ASF, y en su caso, realizar los dictámenes correspondientes.
Resalta la propuesta de Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para 2019, con base en los Criterios Generales para la Determinación de las Zonas de Atención Prioritaria emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), así como en los resultados de los estudios de medición de la pobreza y los indicadores asociados, en cumplimiento a lo que dispone el artículo 30 de la Ley General de Desarrollo Social.
Además, contempla convocar a la Quinta Convención Nacional Hacendaria, cuyo propósito es coadyuvar a impulsar un desarrollo económico más dinámico y justo.
Redefinir las responsabilidades de gasto a partir de las necesidades básicas en materia de desarrollo social y de infraestructura productiva de cada uno de los tres órdenes de gobierno, así como “generar los recursos necesarios y suficientes dentro de un nuevo Federalismo, adoptando las medidas para frenar el crecimiento de los pasivos locales y mejorar las finanzas de los estados y municipios”.
Evaluar, en el ámbito de sus atribuciones, el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en los Decretos de Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales 2018 y 2019.
También establece revisar, discutir, analizar y evaluar las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal que corresponda, así como elaborar y presenta al Pleno de la Cámara de Diputados los dictámenes respectivos.
Contempla revisar y analizar los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública que el Ejecutivo Federal, presentados trimestralmente al Congreso de la Unión, del ejercicio fiscal correspondiente.
Para lograr el objetivo, refiere actividades como examinar los resultados de los programas sujetos a reglas de operación, y de las instituciones que llevan a cabo las evaluaciones de proyectos de nueva creación.
Estudiar las contrataciones de prestación de servicios profesionales por honorarios y las erogaciones relacionadas que realicen dependencias federales, y revisar monto y ejercicio de subsidios y donativos otorgados por las dependencias y entidades, remitiendo los informes correspondientes a las comisiones competentes.
Finalmente, plantea dar seguimiento a las asignaciones presupuestales transferidas a las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México; evaluar el ejercicio de los programas integrantes de los Anexos transversales, así como estudiar, y en su caso formular modificaciones a la propuesta que presente el Ejecutivo federal, sobre la composición, por dependencia y entidad, del gasto a reducir.
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