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| Boletín N°. 0031 | Concluyen diputados análisis de política social del Sexto Informe de Gobierno |
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06-09-2018.- Diputados concluyen, en una tercera ronda de posicionamientos, análisis del Sexto Informe de Gobierno. Reconocen avances pero admiten pendientes para garantizar derechos de la población en el ámbito social.
El diputado de Morena, Hugo Rafael Ruiz Lustre, quien manifestó su agradecimiento de ser el primer legislador invidente en la historia del Congreso Mexicano, calificó el Sexto Informe de Gobierno como “un insulto a la ciudadanía, pues no describe al país y sólo estuvo en la imaginación del Ejecutivo”.
Apoyado en un dispositivo electrónico para poder fijar su postura ante el Pleno, indicó que los mexicanos “nos sentimos lacerados con ese documento que no refleja la realidad social”.
Apuntó que el objetivo era impulsar la igualdad entre hombres y mujeres, pero la violencia de género persiste y las cifras de feminicidios son alarmantes. “Ofende que, en promedio, 7 mujeres son asesinadas a diario, aunque se debe reconocer su lucha férrea por alcanzar sus derechos”.
El gobierno no atendió a 37 millones de jóvenes que no demandan dádivas, sino educación y un futuro que seguir, pero velaremos por el cumplimiento de sus derechos en esta LXIV Legislatura. También se beneficiará a 15.7 millones de indígenas del país. “Lo mejor del Informe es que, precisamente, es el último de este gobierno, aunque ya se castigó la falta de resultados el pasado 1 de julio”.
Sarahí Gómez Cárdenas, del PAN, subrayó que la actual administración no tuvo capacidad ni voluntad para instrumentar sus reformas adecuadamente. “El gobierno, principalmente, le falló a los jóvenes, y a los maestros. La Reforma Educativa parecía sentar bases para un real avance, pero hoy todo indica que las reformas se pusieron en manos equivocadas”.
Estimó que la Secretaría de Educación Pública ha minado el campo de la profesionalización docente, y no se entendió que ellos son aliados para la enseñanza en México. “Las pruebas PISA y PLANEA muestran que los estudiantes tienen grandes rezagos”.
Al referirse a las condiciones materiales de muchas escuelas del país, dijo que no cuentan con agua, drenaje, luz y demás servicios básicos, lo que atenta contra dignidad de estudiantes y profesores. Al mismo tiempo, exhortó a quienes serán el nuevo gobierno a “no dejarse nublar por alianzas que ya está formando y responda a la necesidad de la enseñanza”.
Expresó que “en la actual administración han sido comunes las prácticas de corrupción” y muestra de ello es que hay programas con subejercicios o que no tienen claras las Reglas de Operación. “Se presumen avances históricos de más de 90 por ciento; sin embargo, el panorama educativo en el país se caracteriza por la desigualdad”.
El diputado Ernesto Nemer Álvarez (PRI) afirmó que la política social en nuestro país ha tenido evolución permanente, al transitar de una visión asistencialista hacia la de desarrollo social y humano, cimentada en garantizar los derechos consagrados en la Constitución.
Resaltó que la Cruzada Nacional Contra el Hambre y la Estrategia Nacional de Inclusión han sido las dos grandes estrategias para disminuir la pobreza extrema en el país. Su propósito, atender de manera integral las causas que motivan la carencia alimentaria y asegurar el acceso a educación, salud, seguridad social y acceso a vivienda digna.
Resaltó que el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), ha sido eficaz pues en los últimos dos años, 7 de cada 10 pesos del fondo se destinaron a acciones para combatir las carencias. Asimismo, Diconsa y Liconsa han cambiado la condición de vida de muchos mexicanos, a través de una plataforma que ha dado resultados alentadores.
Consideró que hay avances aunque también grandes pendientes, y admitió que el PRI conoce el reto y la necesidad de articular acciones, ya que el combate a la pobreza no es exclusivo de un partido, sino de todos, por lo que dejó ver la disposición y voluntad de su grupo parlamentario para contribuir a esa tarea.
La diputada Nayeli Salvatori Bojalil (Encuentro Social) manifestó que el Informe de Gobierno apunta que uno de los objetivos más relevantes del sexenio era crear un México incluyente; sin embargo, la violación de los derechos humanos de las mujeres en nuestro país es evidente y muestra de ello es que entre 2015 y 2017 se cometieron mil 640 feminicidios en el país.
Otro asunto relevante es la desigualdad laboral, en donde la OCDE refiere que, en México, menos de la mitad de la población femenina en edad productiva participa en la fuerza de trabajo y de esa cifra, casi dos terceras partes lo hace en empleos informales.
Mencionó que el Informe refiere que en 2017 se destinaron 213 millones de pesos para promover la erradicación de violencia contra las mujeres, “pero eso no basta”. Es imprescindible mejorar estrategias de inclusión para dignificar el papel de las mexicanas, afirmó.
Consideró que ser mujer en nuestra nación, parece ser un pase abierto a un trato diferente. Recalcó que, si bien, es cierto que hubo apoyos en materia educativa, salud, alimentación y proyectos productivos que sumaron beneficios, es necesario resolver la violencia por razones de género y la desigualdad social.
Del PT, la diputada Ana Karina Rojo Pimentel señaló que el balance de los seis años de política social, así como toda esta administración federal, es negativa, y el modelo social seguido desde hace 30 años parece tener una máxima: “Hacer de la pobreza un negocio”.
Este informe, “forma parte de los muchos desatinos del gobierno de Enrique Peña Nieto, encausados a una desinformación rapaz, con una argumentación autocomplaciente y engañosa, exhibiendo una saturación de propaganda gubernamental imposible de avalar”.
En materia de política hídrica, se ve con preocupación el eliminar la veda que existía sobre 300 cuencas hidrológicas del país, que abre la puerta a la posible concesión y privatización del agua nacional. Mientras que en el tema de vivienda, “fueron claros los desaciertos en la coordinación institucional, encabezada por Sedatu. Este gobierno, enfatizó, ha estado plagado de corrupción, fraude e inmoralidad”.
El saldo de los sismos ocurridos el año pasado en el país, evidenció la incapacidad por parte del gobierno federal y de los locales, para diseñar e implementar programas de reconstrucción adecuados a las necesidades de los habitantes en sus entidades federativas correspondientes. Mientras que los resultados en materia de procuración de justicia, detonaron de manera adversa el crimen, la violencia, la inseguridad, así como la violación sistemática de los derechos humanos por parte de instituciones y no se ha logrado reducir las agresiones contra las mujeres.
La diputada Dulce María Méndez de la Luz Dauzón (MC) argumentó que en el presente sexenio la agenda del campo, medio ambiente y derechos del agua ha estado sometida a los intereses partidistas y no a una política de Estado. “No debemos permitir que esto se reedite, para prosperar necesitamos a los mejores hombres y mujeres encabezando las instituciones de nuestro país”.
El abandono del campo se refleja en su población más vulnerable, pues de los millones de trabajadores del agro, tan solo existen 289 mil 353 permanentes y eventuales afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social.
Además, la Sagarpa, a través del Programa Procampo Productivo, entregó apoyos a su padrón de beneficiarios a personas ya fallecidas, y hasta la fecha, se desconoce quiénes cobraron estos recursos o quienes fueron los responsables de los desvíos. Los recursos destinados para el cuidado ambiental no lograron incidir de manera efectiva.
De acuerdo con el Sexto Informe el porcentaje de cobertura nacional de agua potable se incrementó al 94.5 por ciento, sin embargo, la cantidad de agua suministrada a la población en muchos de los casos es escasa, solo el 68 por ciento de los hogares la reciben diariamente, el 25 por ciento cada tercer día y el 7 por ciento no la reciben.
Por el PRD, el diputado Teófilo Manuel García Corpus sostuvo que el VI Informe de Gobierno representa el instrumento más importante para evaluar si se cumplieron las metas propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; por ello, se pronunció para que esta legislatura cree el marco jurídico que garantice los derechos humanos reconocidos en la Constitución.
Destacó que el logró más importante que se debe reconocer de esta administración, es la reducción de la pobreza extrema, que pasó de 11.3 millones de personas en el 2012 a 9.4 en 2016; situación que significa la reducción en 2.1 millones de personas, “logro que puede revertirse en 2018 por el aumento de los precios y porque las causas estructurales de la pobreza aún persisten y se reflejan en la línea de bienestar”.
La reducción de la desigualdad, afirmó, continúa siendo una asignatura pendiente en el país. De acuerdo con el Sexto Informe su reducción no sólo debe provenir de la política social sino de la económica. Además, el programa estelar del combate a la pobreza del presidente Peña Nieto en la Cruzada Nacional Contra el Hambre no ha logrado concretar sus metas.
Mencionó que la política social debe tener como objetivo, lograr que la población en pobreza mejore sus capacidades para atender por sí misma sus necesidades esenciales. Se trata de lograr que toda persona cuente con recursos para alimentarse adecuadamente, ya sea a través de producir directamente sus alimentos o porque estén disponibles o accesibles en los mercados, además de contar con los recursos suficientes para adquirirlos.
La diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz (PVEM) expresó que en la actual administración federal se han garantizado los derechos sociales, no solo como un piso mínimo de bienestar sino como una vía para erradicar las causas que dan persistencia a la pobreza.
Indicó que desde 2013 con la Cruzada Nacional Contra el Hambre y hasta la adopción de la Estrategia Nacional de Inclusión en 2016, se ha contribuido a lograr avances importantes en el ámbito social, se ha permitido concentrar los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno en el abatimiento de las carencias sociales, lo que se ha traducido en una disminución significativa de la pobreza extrema.
A partir de esta administración, subrayó, los beneficiarios de Prospera “ya pueden adquirir leche Liconsa” y en 400 municipios con el menor índice de desarrollo humano la leche fortificada se vende a un peso. De igual modo, 2.3 millones de personas han sido beneficiadas con créditos y esquemas de ahorro; se puso en marcha una estrategia de alfabetización y certificación de primaria y secundaria que ha apoyado a más de 6 millones de adultos.
Se amplió el Programa de Pensión para Adultos Mayores a cinco millones. “Si bien falta mucho para lograr que todas y todos los mexicanos ejerzan plenamente sus derechos, estamos ciertos que en esta administración se hicieron los cambios necesarios para cerrar las brechas de desigualdad y apuntalar que ninguna mexicana o mexicano vean amenazados sus derechos”, apuntó.
De igual modo, en esta tercera ronda se informó que se recibió del diputado Benjamín Robles Montoya (PT) el texto de una intervención en materia de política social. Se pidió a la Secretaría insertarla en un anexo del Diario de los Debates de esta sesión.
Luego de concluir los posicionamientos, la Mesa Directiva informó que, de acuerdo con el artículo 7, numeral 5 de la Ley Orgánica del Congreso General, la versión estenográfica será remitida al Ejecutivo para su conocimiento.
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