20-09-2018.- La Cámara de Diputados acordó exhortar al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, para que en estricto cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales, se abstenga de realizar enajenación alguna de bienes muebles e inmuebles que represente un daño a la hacienda pública de la entidad o un acto de sabotaje a la capacidad operativa de la próxima administración.

Al presentar el punto de acuerdo de urgente resolución, aprobado en votación económica, la diputada Dorheny García Cayetano (Morena) señaló que en días pasados la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del estado publicitó el rescate de maquinaria pesada abandonada en diversos municipios, principalmente de material ferroso y maquinaria de medio uso, a efecto de subastarla.

Relató que actualmente la convocatoria no puede ser consultable en la página de Internet, lo que representa una irregularidad porque no se tiene certeza jurídica de que la maquinaria haya sido valuada conforme a los precios actuales en el mercado.

“Esta venta irregular desde el principio, puede presumirse como un acto de sabotaje y una disminución de operatividad para la próxima administración al no estar en condiciones de verificar los contratos de compraventa, mantenimiento de la maquinaria, incurriendo así en un daño patrimonial a la entidad. Es de vital importancia transparentar este procedimiento”.

García Cayetano precisó que el órgano fiscalizador estatal formuló diversas observaciones y recomendaciones a la mencionada secretaría, por lo que es evidente que “existieron diversos contratos relativos a la adquisición de mantenimiento de la maquinaria”.

Añadió que esta serie de irregularidades o subastas simuladas, “semejan licitaciones amañadas. Esto no sólo representaría una responsabilidad administrativa o penal para quien desde el gobierno del estado participa o permite la realización de estos actos fuera de la norma, toda vez que representan actos de corrupción”.

Precisó que deshacerse de maquinaria o equipo pesado, indispensable para las labores de las dependencias públicas no sólo es una falta administrativa, sino un agravio para la sociedad. El gobierno saliente debe suspender, en términos de ley, las subastas a las que ha convocado.

Al respecto, la diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora (PRD) indicó que es necesario que toda autoridad esté obligada a respetar el marco legal en todas sus actividades, y “si no lo hace existen mecanismos administrativos y penales que corresponde para que los funcionarios sean sancionados”.

Hizo un llamado a que todas las autoridades cumplan con el marco legal, tal y como es su obligación. “Es una irresponsabilidad asumir la postura de que se viole la ley”. No obstante, precisó que su grupo parlamentario votaría en abstención.

Claudia Angélica Domínguez Vázquez, diputada del PT, se pronunció por respetar lo dispuesto en el artículo 134 constitucional, en su párrafo tercero, para que toda enajenación de bienes sea mediante convocatoria y licitación pública, y se “aspira a que sean transparentes”.

Se unió a la indignación de Quintana Roo, Tamaulipas, Chihuahua y Nuevo León, entre otros estados que “fueron saqueados por gobernadores ladrones y sin escrúpulos. El primero de julio todos dijimos basta a los saqueos y a la corrupción”.

Por el PES, la diputada Nayeli Salvatori Bojalil precisó que todos los insumos y obras de los municipios, estados y la Federación se deben contratar mediante procedimientos que otorguen certidumbre jurídica y garanticen las mejores condiciones económicas, tanto para el ente público que adquiere, como para la persona que vende, renta, presta servicios o edifica.

Refirió que la sociedad mexicana recién decidió poner un alto irreversible al manejo discrecional y dispendioso de los recursos humanos, financieros y materiales del Estado mexicano. “Ningún acto jurídico que tenga por consecuencia previsible un daño a la hacienda pública, o permita presuponer un ánimo de sabotaje desde el poder debe ser tolerado ni ignorado”.

El diputado Héctor Yunes Landa (PRI) mencionó que hoy el gobernador de Veracruz “confirma que una de las tentaciones más perniciosas de los gobiernos en decadencia, es socavar los bienes públicos y blindarse de la acción de la justicia”.

Por ello, se manifestó a favor del punto de acuerdo y dijo: “Veracruz sí tiene un gobierno en quiebra, quebrado financieramente, moralmente y, sobre todo, en credibilidad. No a la subasta de los inmuebles de los veracruzanos”.

Del PAN, el diputado Carlos Alberto Valenzuela González subrayó que se acusa de que son 597 equipos de maquinaria los que se pretenden enajenar, cuando en total son 120 unidades de maquinaria, y algunos de los bienes que están en la lista de lo que se considera como indispensable son tres autos que “están oxidados y ya no encienden”.

Negó que se quiera sabotear al siguiente gobierno, pues la aprobación de dicho dictamen en el Congreso de Veracruz fue el pasado 15 de febrero. Añadió que la información está disponible en la Gaceta Oficial de la entidad, del 20 de febrero.

Jaime Humberto Pérez Bernabe, diputado de Morena, consideró fundamental que el gobernador de Veracruz se abstenga de vender y enajenar los bienes que representan un daño para la hacienda pública local o un acto de sabotaje a las capacidades operativas para la próxima administración.

“Veracruz no sólo esta sacudido por la corrupción sino por la inseguridad. Son lamentables los asesinatos que se están dando en la entidad; está manchada de sangre de norte a sur. El gobernador debe ocuparse de la ola de inseguridad y de la crisis de humanitaria y dejar de enajenar bienes e inmuebles”, afirmó.

Desde su curul, el diputado de Morena, Rubén Terán Águila, precisó que “es una incongruencia real defender lo indefendible y señalar a los menos culpables”.

Francisco Javier Huacus Esquivel, diputado del PT, calificó como grave la situación que vive Veracruz y cuestionó si el gobernador pretende ignorar los nuevos tiempos políticos que la sociedad decidió para la entidad.

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