• Familiares de víctimas exigen creación de fiscalías y comités estatales especializados en la materia

21- 09- 2018.- Diputados del Partido del Trabajo se pronunciaron por homologar la ley general en materia de desaparición forzada de personas y exigir su implementación plena. Lograrlo es uno de los retos de la LXIV Legislatura, a fin de que todos los estados del país atiendan a las víctimas de este delito.

En el foro “Desaparición forzada un reto para la LXIV Legislatura”, los familiares de víctimas exigieron la creación de fiscalías y comités estatales especializados en búsqueda de desaparecidos y atención a víctimas, así como la profesionalización de Ministerios Públicos y agentes.

La diputada Claudia Domínguez Vázquez (PT), organizadora del evento, afirmó que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, publicada en noviembre de 2017, “hasta hoy es inservible porque no está homologada. Hoy de nada sirvió porque aún no rinde frutos para apoyar a las víctimas y sus familias”.

Atender y resolver esta problemática, y la inseguridad, es un gran reto porque permea todos los aspectos de la vida familiar con dolor, tristeza y riesgo en la salud física y mental.

Reconoció que se tiene que dar voz y escuchar a los familiares, para trabajar conjuntamente, porque se piensa diferente a lo que enfrentan y viven las víctimas cada día. Destacó que mientras no se tenga la certeza de quién son las personas encontradas y se identifiquen, “son desaparecidas para esas familias”.

Apuntó la importancia de este tema, porque “hoy nos faltan 43, 12 y más de 400 de las morgues itinerantes que se han descubierto en los tráileres llenos de cuerpos”.

De la misma bancada, Benjamín Robles Montoya reconoció avances en la ley general, porque mandata la búsqueda inmediata de la persona, sin esperar a identificar su calidad de desaparecida o no localizada; no obstante “por muy buena que sea esta ley, de muy poco servirá, si las autoridades encargadas de aplicarla continúan actuando con indolencia e indiferencia”.

Precisó que en agosto pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos llamó la atención sobre las omisiones en su cumplimiento por parte de las autoridades federales y estatales, y señaló que la Procuraduría General de la República no ha emitido los lineamientos para la conservación de cadáveres y restos de personas, y que la mayoría de los entidades no han conformado las comisiones locales de búsqueda y las fiscalías especializadas.

“Mientras las autoridades federales y locales sigan sin llevar a cabo la plena implementación de la ley general sobre desaparición forzada, sigan sin dar cumplimiento a lo que mandata, será como si no tuviéramos ley, y los más perjudicados serán las víctimas directas e indirectas, no sólo por el sufrimiento de no saber el paradero de sus seres queridos, sino por el grave problema de revictimización que enfrentan al acudir a las autoridades”, apuntó.

Propuso acabar con esta tendencia, y urgió convocar a sus homólogos de todas las bancadas para coadyuvar a lograrlo, ya que atender esta problemática “no implica colores partidarios, sino un sentido humanitario”. También instalar una mesa de trabajo permanente para que los familiares de las víctimas presenten sus propuestas de reforma a la ley general, y de manera conjunta con los legisladores se trabaje en el tema.

Refirió las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que colocan al país en una situación deplorable. El actual gobierno, lejos de trabajar por mejorar la situación de los derechos humanos, se dedicó a confrontarse abiertamente con los organismos nacionales e internacionales, y a tratar de desacreditarlos cada vez que evidenciaban sus fracasos y omisiones.

Juan Carlos Gutiérrez, director de la asociación civil IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, indicó que la PGR apenas tiene 43 fiscales para la búsqueda de todos los desaparecidos nivel federal – de mil 300 a mil 600 casos- más los asuntos que tienen las fiscalías locales, en las cuales no tienen confianza por parte de las familias de las víctimas, además que no tienen el personal adecuado.

Indicó que “la CDMX es la entidad más retrasada en materia de derechos humanos”, pues no cuenta con una Comisión de Atención a Víctimas, por lo que hizo un llamado a la próxima jefa de gobierno para que se siente con las organizaciones civiles a trabajar este tema.

La desaparición forzada en México no es un tema novedoso, lleva más de 40 años. En el país, desde la Guerra Sucia, existe un patrón sistemático, en la que fueron responsables agentes del Estado, pero hasta el momento no se ha logrado ni una sola condena, a diferencia de otros países como Argentina o Chile.

Lizbeth Delgadillo Islas, fundadora del colectivo “Juntos Por Hidalgo”, comentó que hay madres de personas desaparecidas que piden que se apoye de manera económica, pues ya no cuentan con recursos, ni siquiera para llegar a los lugares en donde son encontrados cuerpos a fin de saber si son de sus familiares.

Abundó que ni siquiera los hijos de las víctimas cuentan con ayuda o asistencia, por lo menos para poder continuar con sus estudios.

Sostuvo que “en lugar de tanto hablar”, debe exhortarse a las entidades para se concreten las leyes pendientes en la materia y dejen de ser letra muerta.

Alfredo Rojas Díaz Durán, promotor de la paz en el mundo, señaló que antes de aprobar la ley contra desaparición forzada, debe demandarse al Estado políticas públicas que resuelvan este problema, además de que lo que México requiere es una ley contra crímenes de lesa humanidad.

“Demandamos también la derogación de la Ley de Seguridad Interior, pues es un atentado y justifica el abuso e impunidad”, aseguró, y advirtió que a pesar de los escenarios, en nuestro país no se persigue a los proveedores de armas que llegan al crimen organizado.

Amellali Caballero Tellez Tellez, de la “Asociación Ame Caballero”, consideró fundamental capacitar a los servidores públicos encargados de la investigación, especialmente Ministerios Públicos y fiscales, pues de no hacerlo no servirá de nada avanzar en la homologación de las leyes.

Jocelyn Órgen, de Uniendo Cristales A.C. explicó que los familiares de las víctimas trabajan en soluciones que atiendan su problemática del ejercicio de sus derechos, los cuales en su mayoría han sido violados en pleno día y ante la mirada de las instituciones creadas para protegerlos.

Zita Loya, representante del Comité Cerezo México, pidió revisar la ley general, porque no ha funcionado; la Comisión Nacional de Búsqueda se ha convertido en un elefante blanco, porque nunca se le asignaron policías para hacer esa labor, y sólo trabajan mediante bases de datos. Es necesario, dijo, que haya investigadores y peritos especializados. Propuso crear el Instituto Nacional en Ciencias Forenses, que dé certeza a las familias de las víctimas.

Maricela Orozco, madre de un desaparecido el 15 de marzo de 2014 en Veracruz, quien recientemente encontró los restos de su hijo en diciembre, relató la forma en que sucedió el secuestro de su consanguíneo, así como el asesinato de otro de sus hijos y su yerno por parte de lo que considera ha sido el crimen organizado.

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