• “No más sentencias pequeñas para grandes ladrones”; “a justicia debe aplicarse “sin distingos ni privilegios”, señalan

27-09-2018 La Cámara de Diputados instó a la Procuraduría General de la República (PGR) a proceder de manera urgente respecto de los bienes y activos financieros en poder de la red de presuntos prestanombres y empresas fachada del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, a efecto de establecer la extinción de dominio, para recuperar los activos que estaban destinados a la población más necesitada de esa entidad.

Asimismo, convocó a reunión de trabajo urgente con el encargado del despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, para evaluar la situación que atraviesa dicha institución y los asuntos más relevantes en la materia que tiene.

El punto de acuerdo, considerado de urgente resolución y aprobado en votación económica, refiere que la PGR ha incurrido en lenidad al no realizar las labores que le competen ante la de falta de su titular. “La ausencia de Procurador General de la República es uno de los múltiples yerros que han costado mucho al país en términos de impunidad”.

Resalta que ayer, 26 de septiembre, se dio a conocer que Duarte de Ochoa fue sentenciado a nueve años de prisión por los cargos federales de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

“Si bien se reconoce la pertinencia y la importancia que tiene la figura del procedimiento abreviado, que posibilita la aceptación de la responsabilidad, a cambio de la reducción de la pena, llama la atención los términos de la negociación que implicará la aplicación de una pena corporal relativamente leve y la muy insuficiente condena en materia de recuperación de activos, ya que se habla de 40 propiedades, cuando se la han documentado 90 inmuebles en la esfera patrimonial de Duarte. No sólo eso, la condena no se refiere a activos líquidos o cuentas financieras de su red de lavado de dinero”, indica.

Ante ello, resalta la urgencia de conocer un informe, por parte de la PGR, de las indagatorias correspondientes al caso Javier Duarte de Ochoa y que igualmente, de manera apremiante, se detonen todas las acciones jurídicas concernientes a la recuperación de activos de los millonarios caudales desviados.

Al presentar el punto de acuerdo, su proponente, el diputado Jesús Guzmán Avilés (PAN) señaló que no se puede hablar de avances en el combate a la corrupción si no se investiga y castiga responsable y eficazmente a delincuentes como el exgobernador de Veracruz.

Expresó su preocupación por la actuación errática de la PGR en la integración del expediente y el seguimiento del caso. Asimismo, por la sentencia que fue de nueve años, con posibilidad de que sólo sean cuatro años y medio, y salga dentro de tres años y medio, y 58 mil pesos de multa.

“Estamos hablando de más de 61 mil millones de pesos que fueron desviados por Javier Duarte, y sobre los que la Auditoría Superior de la Federación estuvo advirtiendo durante años, sin que el gobierno federal hiciera nada. Las pruebas ahí están, así como las indagaciones del SAT sobre el desvío de 3 mil 300 millones de pesos que el gobierno de Veracruz habría entregado a 31 empresas fantasma”, sostuvo.

Por ello, se pronunció por que venga y rinda cuentas el encargado del despacho de la PGR y explique a los diputados y diputadas las razones por las que Duarte tiene esa “raquítica sentencia”. Asimismo, para que informe sobre las acciones de extinción de dominio y de recuperación de activos que se ha realizado respecto a los bienes relacionados con las conductas ilícitas en este caso.

Durante la discusión, el diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez (PVEM) señaló que la sentencia a Duarte de Ochoa brinda seguridad sobre el compromiso adoptado por el actual gobierno federal para investigar cualquier delito, sin importar la afiliación política de quien comete ese delito.

“Tenemos que ser responsables ante las consecuencias de situaciones como ésta; redundar en reproches e insistir en lo que se califica como error, nos impide ser objetivos ante las áreas de oportunidad que se evidencian en el desarrollo de éste, y cualquier otro procedimiento”, opinó.

Estimó que la resolución del juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, es una muestra de la responsabilidad y compromiso de las autoridades penales para dar una lucha frontal a todo aquello que atente contra la seguridad y legalidad en nuestro país.

No obstante, se sumó al acuerdo al considerar necesario trabajar en la adopción de una responsabilidad compartida en el diseño de normas y políticas públicas que fortalezcan a las instituciones y garanticen el estado de derecho de nuestro querido México.

La diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora (PRD) enfatizó que nueve años de cárcel no son suficientes para quien saqueó miles de millones de pesos del pueblo de Veracruz, dio agua destilada a niños con cáncer y es responsable de la muerte de periodistas y otros actos de lesa humanidad. “Esta resolución es ofensiva para una sociedad tan lastimada”, enfatizó.

Estimó que en este caso se ha visto la falta de profesionalismo y la complicidad de la PGR, primero para localizarlo y extraditarlo y, después, para someterlo a juicio, “en donde observamos a un ´Javidú´ sonriente ante la inminente impunidad”.

Consideró que resulta urgente la aprobación de una Fiscalía General de la República, con plena autonomía, para evitar que por pagos políticos, quienes detentan el poder pretendan jugar con la justicia. “Javier Duarte debe regresar lo robado a Veracruz, pedir disculpas públicas por todos sus crímenes y terminar sus días cumpliendo sentencia”.

De MC, la diputada Carmen Julia Prudencio González recalcó que la pena privativa de libertad de nueve años resulta irrisoria a la luz de una serie de delitos que no fueron cometidos únicamente en lo individual por el exgobernador, sino que constituyen “un mecanismo de crimen organizado, depredador de recursos públicos”.

Por ello, consideró que los elementos aportados por la PGR no fueron suficientes para obtener una sentencia proporcional a los delitos cometidos. Mientras fue gobernador en funciones, utilizó 21 empresas fantasma, con 73 licitaciones amañadas; fue acusado de enriquecimiento ilícito, peculado, incumplimiento del deber legal; además, durante su gestión ocurrieron 17 asesinatos en contra de periodistas y la desaparición de tres comunicadores cuyo paradero aún se desconoce.

Sostuvo que su grupo parlamentario no tolera más omisiones y actos de corrupción; por ello impulsa la plena autonomía de la Fiscalía General de la República.

La diputada Lizeth Sánchez García (PT) asevero que “estos últimos tres sexenios han estado caracterizados por la corrupción y la impunidad”, la cual ha acompañado estos casos y otros tantos más y sólo puede ser entendida “por la incapacidad en el actuar de las instituciones responsables”.

Sostuvo que “el colmo de esta situación es la PGR, hoy sin cabeza, sin alguien que asuma la responsabilidad de buscar justicia”. Consideró que la procuraduría aún tiene muchos casos pendientes que aclarar y de los cuales debe dar cuenta fiel a todos los ciudadanos.

Por ello, dijo, su grupo parlamentario está a favor de la creación de un grupo de evaluación que atienda esos casos relevantes que han dañado tanto a la sociedad mexicana.

El diputado Héctor Yunes Landa (PRI) expresó su coincidencia con el punto de acuerdo. “Si bien es cierto que la impunidad se termina con la aplicación de la ley, también es cierto que ésta debe ser justa y ejemplar y no fue el caso en la sentencia Duarte”.

Enfatizó que el daño no sólo se repara con la sola restitución de los recursos sustraídos, sino que debe ser acompañada de una pena privativa de libertad que inhiba la comisión de delitos similares en el futuro. La sociedad veracruzana, añadió, sigue padeciendo el saqueo del exgobernador Duarte y de sus cómplices.

Consideró que la sentencia dictada en contra de Javier Duarte generó indignación, ya que la pena debe ser acorde al delito; sin embargo, en este caso, no lo fue y, por el contrario, “resultó en una burla a los veracruzanos y, lo peor, un incentivo nacional al saqueo”. Por ello, urgió a las autoridades a corregirla muy pronto y se pronunció por “no más sentencias pequeñas para grandes ladrones, que la justicia se aplique sin distingos, sin privilegios”.

La diputada María del Rosario Guzmán Avilés (PAN) resaltó que “no podemos hablar de avances en el combate a la corrupción si no se investiga y castiga de manera contundente a delincuentes de la talla de Javier Duarte”.

Este delincuente, dijo, desfalcó a Veracruz de una manera nunca antes vista; “Duarte y su grupo de delincuentes desvió millonarios recursos de las arcas públicas del Estado”, por lo que se debe cuestionar la falta de capacidad de la PGR. “No puede haber tantos errores e inconsistencias en la integración de sus investigaciones, ¿es incapacidad o complicidad?”

Comentó que no se ha mencionado como parte de la sentencia, el inhabilitar de por vida a este malhechor. “No puede volver al servicio público, no lo podemos permitir. Nueve años de prisión para alguien que desapareció más de 60 mil millones de pesos es una burla totalmente inverosímil en cualquier parte del mundo”.

La diputada Raquel Bonilla Herrera (Morena) sostuvo que la pena impuesta al exgobernador es una burla para el sistema de justicia y un agravio para la sociedad y el estado de Veracruz. Estimó que la forma de actuar de la PGR “es una carta abierta a la impunidad para que se haga justicia a medias y mediante acuerdos. Esta es una forma de decir: la corrupción no se castiga”.

“Es evidente que la gestión de la PGR ha sido deficiente, la falta de transparencia para tomar esta decisión lleva a la sospecha de acusaciones a modo, hechas para cubrir sólo una parte de la responsabilidad, sabiendo que era inevitable la detención del exgobernador ante evidente abuso de poder y actos delincuenciales cometidos a gran escala y sin recato alguno”, dijo.

Mencionó que, “de manera sorprendente, la PGR retiró el cargo de delincuencia organizada cuando este delito no se persigue por querella”. Recordó que “el Ministerio Público es la institución encargada de velar por los intereses de la sociedad, no está para hacer tratos ni abandonar la acción penal”.

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