11-04-2019.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes Federal del Trabajo, Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Federal de la Defensoría Pública, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y del Instituto Mexicano del Seguro Social, en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva.

La vicepresidenta de la Mesa Directiva, diputada Dolores Padierna Luna (Morena), informó que, en lo particular, se recibieron 104 propuestas de reforma de 50 legisladoras y legisladores.

El documento, avalado en lo general con 417 votos a favor, 29 abstenciones y 1 en contra, establece que el trabajo exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta; además, debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para las y los trabajadores y sus familiares dependientes. También refiere que es de interés social garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia.

Implanta que las mujeres y los hombres tienen igualdad de derechos y obligaciones, garantía que se establece en lo general y específicamente en función de la protección de las trabajadoras y trabajadores con responsabilidades familiares, asegurando la igualdad de trato y oportunidades.

Crea el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que será un organismo público descentralizado del gobierno federal. Tendrá personalidad jurídica y plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria y de gestión.

Será competente para substanciar el procedimiento de conciliación que deberán agotar los trabajadores y patrones, antes de llegar a los tribunales. También será competente para operar el registro de todos los contratos colectivos de trabajo, reglamentos interiores de trabajo y de las organizaciones sindicales, así como los procesos administrativos relacionados.

El dictamen también crea los centros de conciliación de las entidades federativas, que tendrán la atribución de realizar la conciliación en el ámbito local. Refiere que a los servidores públicos del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, cuando retrasen, influyan u obstruyan en el procedimiento de registros sindicales y de contratos colectivos y de reglamentos interiores de trabajo en favor o en contra de una de las partes, se les impondrá multa de 100 a 1000 Unidades de Medida y Actualización.

Igualmente, se crean los tribunales del Poder Judicial de la Federación y los tribunales de las entidades federativas, encargados del conocimiento y resolución de conflictos; en su actuación, los jueces y secretarios instructores deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia.

En materia sindical, el dictamen refiere que los integrantes de sindicatos, federaciones y confederaciones tienen los derechos de libre afiliación y de participación al interior de éstas e implica que no pueden ser obligados a formar parte de algún sindicato, federación o confederación.

Subraya que los procedimientos de elección de sus directivas deberán salvaguardar el pleno ejercicio del voto personal, libre, directo y secreto de los integrantes, así como ajustarse a reglas democráticas y de igualdad de género.

De igual forma, aclara que el periodo de duración de las directivas no podrá ser indefinido o de una temporalidad tal que obstaculice la participación democrática de los afiliados. Además, las directivas deberán rendir cuenta completa y detallada de la administración de su patrimonio.

Agrega que el registro del sindicato podrá cancelarse por incumplimiento de su objetivo cuando sus dirigentes incurran en actos de extorsión contra los patrones.

Sobre la firma de contrato colectivo, el dictamen indica que el apoyo de los trabajadores mediante el voto libre, personal y secreto constituye una garantía para la protección de la libertad de negociación colectiva.

Precisa que la existencia de un contrato colectivo que abarque a la totalidad de trabajadores no será impedimento para que coexista con otro pacto sindical celebrado con un sindicato gremial de pilotos o sobrecargos.

Otro punto relevante es la creación del Fondo del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que se encargará de atender lo relativo a los contratos colectivos y asociaciones sindicales.

Fija como obligación del patrón implantar, en acuerdo con los trabajadores, un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual, así como erradicar el trabajo forzoso infantil.

Además, especifica que debe entregar a sus trabajadores, de forma gratuita, un ejemplar impreso del contrato colectivo dentro de los 15 días siguientes a que este documento sea depositado ante el Centro Federal de Conciliación.

En el articulado también se prohíbe al patrón cualquier acto u omisión que atente contra el derecho de los trabajadores a decidir quién debe representarlos en la negociación colectiva. Tampoco puede realizar cualquier acto tendente a ejercer control sobre el sindicato al que pertenezcan sus empleados.

En el capítulo Trabajadores del Campo se determina que el patrón llevará a cabo un padrón especial de los trabajadores contratados por estacionalidades, para registrar la acumulación de éstas, a fin de establecer la antigüedad y, con base en la suma de éstas, calcular las prestaciones y derechos.

Asimismo, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará las percepciones profesionales mínimas de los trabajadores del campo, debiendo tomar en consideración la naturaleza, cantidad y calidad del trabajo, así como el desgaste físico ocasionado por las condiciones laborales.

Para ese tipo de trabajadores, el patrón tendrá la obligación de suministrar de forma gratuita habitaciones con agua potable y piso firme a sus trabajadores. También deberá impartir capacitación de seguridad sobre el trabajo.

Respecto de los trabajadores del hogar, los patrones están obligados a inscribirlos al Instituto Mexicano del Seguro Social y pagar las cuotas correspondientes, conforme a las normas aplicables en la materia.

En cuanto a trabajadores de confianza, refiere que no podrán participar en las pruebas de recuento dentro de los conflictos de titularidad del contrato colectivo de trabajo, ni intervenir en las consultas para la firma o revisión de contratos colectivos a los que hace referencia el artículo 390 ter, fracción II de la Ley Federal del Trabajo.

En cuanto al salario, el documento precisa que, en todos los casos, el trabajador tendrá acceso a la información detallada de los conceptos y deducciones de pago. Los recibos tendrán que entregarse al empleado de forma impresa o por cualquier otro medio.

Precisa que el escrito en que consten las condiciones de trabajo deberá contener la designación de beneficiarios a los que se refiere el artículo 501 de la ley, para el pago de los salarios y prestaciones devengadas y no cobradas a la muerte de los trabajadores o las que se generen por su fallecimiento o desaparición derivada de un acto delincuencial.

Al mismo tiempo, cambia las referencias en las leyes a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, por Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

Fundamentación

El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo (PES), expuso que esta modificación armoniza nuestra legislación laboral a la reforma constitucional de febrero de 2017, y con diversos tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, los cuales amplían y protegen los derechos humanos de la clase trabajadora, como son los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo sobre derecho de sindicación y negociación colectiva, el capítulo 19 del Tratado Integral y Progresista de Asignación Transpacífico y el Anexo 23 del Tratado Comercial celebrado entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC.

“Se trata de una reforma que México necesita y que, sin duda, mejorará las condiciones laborales de productividad y cumplirá con los compromisos asumidos en el marco de T-MEC, con las directrices de las organizaciones internacionales del trabajo”, comentó.

El dictamen contempla diversas propuestas realizadas por legisladores de los grupos parlamentarios, así como los resultados de las audiencias públicas celebradas por la comisión el mes de febrero. “En el ejercicio de parlamento abierto contamos con diversidad de opiniones de diferentes participantes, lo que nos permitió contar con un dictamen de reforma laboral sólida, enriquecida y acorde a las necesidades actuales del país”.

Dijo que esta reforma es necesaria por la existencia de contratos de protección patronal; es decir, los contratos colectivos que no sirven para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, así como la existencia de sindicatos de extorsión en perjuicio de nuestros patrones. “Con la reforma se eliminan las prácticas para la creación de sindicatos blancos. También se acotan las prácticas de los sindicatos extorsionadores en beneficio de los patrones”.

También, dijo, obedece al pésimo funcionamiento de los juicios laborales individuales ante las juntas de conciliación, que se dilatan y pueden durar varios años sin ser resueltos. “Este decreto tiene el potencial de revolucionar y actualizar el sindicalismo mexicano y la impartición de justicia laboral, protegiendo y resguardándose los derechos humanos de toda la clase trabajadora”.

Baldenebro Arredondo añadió que no debe de pasar desapercibido que no bastará que esta reforma laboral sea aprobada. Consideró que “el siguiente paso será su adecuada implementación y evitar a toda costa que no suceda lo que en otras reformas, como la del Sistema Penal Acusatorio del 2008, a la que se le invirtieron ocho años en implementarla, y hoy, a casi tres años de vigencia, no hemos obtenido los resultados esperados”.

Posicionamientos de grupos parlamentarios

La diputada Anita Sánchez Castro (Morena) señaló que el dictamen es producto de la lucha que por décadas han llevado a cabo las y los mexicanos en defensa del trabajo y del salario digno, así como por una representación verdadera de sus sindicatos y de su demanda de justicia laboral expedita. Además, responde al mandato de la llamada reforma constitucional en materia de justicia laboral y a los instrumentos para la debida aplicación de los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo.

Con esta reforma, dijo, se cierra la puerta al contratismo de protección patronal. “Este mecanismo es fundamental para preservar el derecho de los trabajadores a firmar su contrato colectivo y escoger el sindicato de su preferencia. La propuesta contempla un procedimiento nuevo a través de una constancia de representatividad que sólo puede ser solicitada por los trabajadores. Mantiene la posibilidad de ampliar el periodo de prehuelga de común acuerdo de las partes, a solicitud del sindicato”.

Por el PAN, el diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera destacó que la actualización de las normas serán propicias para la configuración de un mejor entorno social y económico. Aclaró que esta reforma no surge únicamente por los planteamientos del actual gobierno, sino que desde 2012 Acción Nacional fijó su postura implementando reformas laborales de gran calado, basadas en los principios de la democracia sindical, transparencia, rendición de cuentas y transición de las juntas hacia los tribunales, incluyendo la cláusula de exclusión y el salario digno.

Hoy, dijo, se busca dignificar a los trabajadores obligando a transitar y acabar con la corrupción sindical. “Necesitamos un nuevo modelo basado en la democracia. Los empleados han sufrido los efectos del sindicalismo antidemocrático. Nuestro anhelo es que esta ley sea un detonador económico para potencializar la industria nacional y generar empleos bien pagados. La reforma se queda corta al no haber incluido a los trabajadores que se encuentran en el Apartado B”.

Isaías González Cuevas, diputado del PRI, mencionó que en los artículos 331 y 342 se propone la normativa para que por fin las trabajadoras del hogar puedan integrarse a la seguridad social, al establecimiento de su derecho, a los días de descanso, alimentos, habitación y pago en efectivo, “ésta es una vieja aspiración que por fin se establece en la ley en la que jamás podríamos estar en contra”.

Precisó que la libertad y la democracia sindical corren en paralelo y constituyen obligaciones que la vida contemporánea ha impuesto. “No se puede obligar a nadie a ser parte de un sindicato o federación o confederación, los tiempos han cambiado y ésta es una realidad que tenemos que entenderla, aceptarla y enaltecerla. La reforma beneficiará a las y los trabajadores, al precisar valores y principios que deben honrar los sindicatos y las organizaciones. Estamos por la democracia y libertad sindical, la rendición de cuentas y la transparencia”.

La diputada del PES, María Rosete expuso que el empleo es una de las herramientas principales y más sanas con las que cuenta una sociedad para impulsar la distribución equitativa de la riqueza que se genera. Además, atenúa las diferencias sociales en beneficio de todos los habitantes de una nación. “Apoyamos una reforma que parte de los principios básicos de la fuerza de trabajo; es decir, el obrero, el campesino y el empleado”.

Pidió que empresarios, gobiernos y trabajadores acepten este marco regulatorio. “Que nos sirva para cumplir los objetivos de lograr un México con mejores expectativas laborales y con mayor progreso social y equitativo. Nos congratulamos por los cambios realizados que requería el marco jurídico, teniendo como principal interés el derecho y bienestar de los trabajadores, no sin considerar de manera paralela a los medios y sectores productivos del país”.

El diputado Reginaldo Sandoval Flores, del PT, manifestó que una auténtica reforma laboral debe de ir encaminada a dar libertad a los trabajadores, tanto en la elección libre y directa de sus dirigentes, como en la elaboración de los contratos colectivos tendentes a mejorar los salarios y condiciones laborales. “Es fundamental reformar aquello que obstaculiza los incrementos salariales y laborales, como es la figura de la subcontratación denominada outsourcing”.

En la actualidad, afirmó, existe en el país un bajo porcentaje de trabajadores sindicalizados en relación con el total, alrededor del 5 por ciento. “La mayoría de los trabajadores están en la economía informal y la subcontratación. Mientras sigan los niveles de subempleo y desempleo, por más reformas a la vida interna de las organizaciones laborales, no se mejorará la creación de puestos de trabajo”.

De MC, la diputada Martha Angélica Zamudio Macías estimó que la importancia del dictamen recae en los efectos que tendrá para el laborismo mexicano, transformando por completo la forma de hacer elecciones al interior de los sindicatos y la manera en que se imparte la justicia laboral en el país.

No obstante, subrayó que “este tipo de decisiones no pueden ser tomadas con ligereza y de forma apresurada, por lo que no ignoramos que una de las principales motivaciones de acelerar este proceso es la homologación de nuestra legislación con los compromisos hechos por nuestro país para aprobar el nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá”.

Mónica Bautista Rodríguez, diputada del PRD, consideró que al depositar la impartición de justicia en tribunales laborales se garantiza que los conflictos emanados de las relaciones de trabajo estarán en manos del Poder Judicial y no, como hasta ahora, mediatizados por un sindicalismo controlado por el gobierno y los patrones.

Añadió que “estamos ante la oportunidad de crear instituciones adecuadas en materia de justicia laboral, libertad y democracia sindical y la autentificación de la negociación colectiva, pero sería deseable no limitarnos a eso. Hay que proteger a los trabajadores mal remunerados, sin trabajos estables y sujetos a regímenes de excepción como el llamado outsourcing”.

Al fijar su postura respecto del dictamen, el diputado Marco Antonio Gómez Alcantar (PVEM) dijo que se pone fin al sindicalismo corporativo. También se apuesta al incremento de los salarios de los trabajadores a través de un sindicalismo verdaderamente libre; es decir, no cooptado por líderes que en ocasiones han negociado para beneficio propio.

“Esta reforma puede transformar la relación entre trabajadores y patrones en beneficio de todos. Se suprimen las Juntas de Conciliación y Arbitraje y se crean tribunales autónomos dependientes del Poder Judicial de la Federación”. Agregó que eso garantiza que las resoluciones judiciales cumplan con los principios de imparcialidad, legalidad y certeza.

Argumentos en favor y en contra

Al hablar en contra, la diputada Ana Priscila González García (MC) expresó su preocupación ante la falta de responsabilidad y el desaseo de cómo se llevó el proceso de discusión y la aprobación del dictamen en materia de justicia laboral y democracia sindical. “Estamos a favor de que exista una reforma laboral, pero no del proceso que se ha venido desarrollando en estos últimos días. Son más de la mitad de los mil 35 artículos los que estamos modificando”.

Javier Julián Castañeda Pomposo, diputado del PES, indicó que con este dictamen habrá mejores condiciones laborales y productivas en el país. Uno de los aspectos más relevantes es que contempla la perspectiva de género y se prescribe que es de interés socializar y garantizar un ambiente libre de discriminación y violencia. “Estamos convencidos de que es una real transformación en el mundo del trabajo”.

El diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña mencionó que su partido está en contra, pues es insuficiente, ya que “una reforma laboral que no incluya la derogación, eliminación y abrogación del outsourcing no está a la altura de la Cuarta Transformación. En esta Cámara no debemos desconocer los derechos de los trabajadores y debemos erradicar esta práctica perversa que no reconoce derechos y carece de justicia laboral”.

Del PAN, el diputado Jorge Arturo Espadas Galván expresó que si bien la reforma es incompleta, hay avances en temas de la libertad sindical, de los trabajadores y de las personas, así como el derecho al voto personal, secreto y libre. “Coincidimos en temas esenciales que le permiten a la persona decidir si se afilian a un sindicato u otro, pero lamentamos que no se contemple el derecho de no pertenecer a un gremio o que por mayoría se vaya a huelga. Es necesario avanzar hacia un mayor esquema de libertades y democracia”.

Martha Tagle Martínez, diputada de MC, reconoció que la reforma hable de una nueva justicia laboral para desaparecer a las juntas de Conciliación y Arbitraje y crear los nuevos tribunales laborales e instituye un nuevo órgano para la conciliación y los registros de los contratos, en donde se excluyen los casos de acoso y violencia laboral; sin embargo, no contempla la prohibición de la cláusula de exclusión para garantizar al empleado si decide o no estar en un sindicato, y hace falta referirse a la prórroga unilateral para el estallamiento a huelga.

El diputado Manuel Gómez Ventura (Morena) sostuvo que el dictamen es una respuesta a un reclamo social que por décadas se ha escuchado en busca de una verdadera justicia laboral. Se trata, dijo, de una de las reformas más importantes para las y los mexicanos y es la oportunidad para la libertad sindical y la negociación colectiva. “Los ganadores serán la clase obrera, la trabajadora y los empresarios, al deshacerse de los sindicatos extorsionadores”.

Por el PT, el diputado Óscar González Yáñez subrayó que no se puede aceptar una reforma que no considere el outsourcing, pues una de cada cuatro personas que se emplean por su cuenta están en esta condición y en las empresas pequeñas es peor, nueve de cada 10. “La ley no puede martirizar a los trabajadores, no puede ser posible que te paguen un bajo salario y pierdas prestaciones, y todavía un coyote venda tu mano de obra. Hay gente que se hace rica con el trabajo de los demás. Debe crecer el poder adquisitivo de los trabajadores”.

Frida Alejandra Esparza Márquez, diputada del PRD, calificó como positivo que se eliminen trabas corporativas y el chantaje de organizaciones simuladas, pero no es suficiente, se necesita atender el caso del outsourcing. “Este régimen afecta la unidad del contrato colectivo por cuanto es aplicable en una empresa o en uno o varios de sus establecimientos, afectando los derechos individuales de los trabajadores a quienes legalmente debiera aplicarse”.

El diputado Jacobo David Cheja Alfaro (MC) resaltó que esta reforma debería ser la oportunidad de potenciar el desarrollo del país y, por consecuencia, el bienestar de las familias mexicanas. Urgió a que los salarios en México se acerquen más a los de Estados Unidos y en reciprocidad el gobierno reduzca el gasto gubernamental “en lugar de estarlo regalando en programas sociales que lo único que generan es inflación y, por consecuencia, deterioro en el salario”.

Carlos Pavón Campos, diputado del PRI, puntualizó que el dictamen contiene elementos positivos que estarán en el bienestar de las familias de los trabajadores y en el reconocimiento de los derechos laborales de cientos de personas cuya actividad está invisible. “Estamos a favor de esta transformación profunda porque le sirve a los jóvenes. Apoyamos la libertad y asociación sindical, la transparencia, la rendición de cuentas de estas organizaciones ante representados y ante la sociedad”.

De Morena, el diputado Pablo Gómez Álvarez señaló que durante más de 40 años se ha luchado para garantizar que los trabajadores cuenten, dentro de los sindicatos, con los derechos más elementales, aquellos que son elegir a sus dirigentes libremente, decidir el contrato colectivo, votar o no la huelga, tener el control de su propia tesorería. “Tenemos que acabar con el sistema llamado charrismo, que consiste en los sindicatos corporativos promovidos, organizados y tutelados por el Estado”.

Maricruz Roblero Gordillo, diputada del PT, expuso que la libertad sindical es fundamental para mejorar la democracia que siempre ha ensombrecido a estas organizaciones; se atiende una problemática del abuso por parte de los gremios poco escrupulosas y sindicatos fantasmas del derecho de emplazar a huelga al patrón para exigir un contrato colectivo. “Estamos a favor de las y los trabajadores mexicanos, jamás aprobaríamos una ley que simule”.

El diputado Enrique Ochoa Reza (PRI) subrayó que la reforma establece nuevas reglas y procedimientos en materia de asociación sindical que parten de la democratización en la elección de la dirigencia e integra nuevas reglas en materia de contratación colectiva. “Se fijan nuevos paradigmas en materia de justicia laboral”.

La diputada Lizeth Sánchez García (PT) se pronunció en contra del outsourcing porque agrede a la base trabajadora, pues en sus líneas lo convierte en un instrumento más. “Bajo esta figura, hoy en día miles de empleados dan lo mejor de su vida a través de un tercero, son subcontratados sin contar con los derechos básicos que les dan bienestar a sus familias, son prácticas engañosas que además laceran las finanzas de México, pues evaden aportaciones al IMSS, al SAT, al Infonavit, entre otros vicios ocultos”.

Luz Estefanía Rosas Martínez, diputada sin partido, expuso que el dictamen estimula un régimen interno democrático en todos los sindicatos, sin violar la autonomía sindical. Lo hace mediante la inclusión de requisitos mínimos en los estatutos sindicales, como son procedimiento de elecciones, plazas de convocatorias, lugares de votación y elaboración de un padrón confiable. “Las reformas serán de gran utilidad para lograr la sindicalización del trabajo con el menor costo social y sin perjudicar a la producción”.

Por el PT, el diputado Santiago González Soto resaltó que si bien la reforma conlleva el fin de algunas prácticas nocivas del sindicalismo, “estamos totalmente en contra de las prácticas del outsourcing, porque a lo largo de los años estas prácticas le han quitado todas las prestaciones a las que un empleado puede tener derecho; debemos desaparecerlas; necesitan de todos los servicios y prestaciones”.

El diputado de Morena, Marco Antonio Medina Pérez añadió que hoy se dice: basta a los sindicatos charros, a las negociaciones en lo oscuro que perjudican a los trabajadores y de la colusión entre autoridades y patrones en detrimento de los trabajadores. En contraste, se le da la bienvenida a un modelo de justicia laboral más eficaz e imparcial, a la libertad sindical y de procesos de negociación colectiva que beneficien a los empleados.

Previamente, se desecharon mociones suspensivas de las diputadas Abril Alcalá Padilla (PRD) y Ana Priscila González García (MC), quienes argumentaron que el dictamen no cumplía con el proceso legislativo.

Votación en lo particular

Con 258 votos a favor, 18 abstenciones y 67 en contra, se aprobaron, en lo particular, las modificaciones y adiciones aceptadas a los artículos 110, 153 K, 343 E, 395, 684 G, 848 y 927. También se avalaron, en términos de dictamen, los artículos 3, 3-Ter, 33, 47, 48, 48-Bis, 132, 245-Bis, 279-Quáter, 333, 358, 360, 364, 364-Bis, 365, 365-Bis, 371, 371-Bis, 373, 389, 390-Bis, 390-Ter, 391, 400-Bis, 424, 523, 541, 590 A, 590 B, 590-F, 604, 610, 685, 685-Ter, 700, 720, 784, 828, 892, 897-A, 920, 926, 929, 937, Tercero, Quinto, Décimo Segundo y Décimo Séptimo Transitorio.

Se aceptó la reserva del diputado Rubén Cayetano García (Morena) al artículo 848, para que los tribunales no puedan revocar sus propias resoluciones, salvo aquellas que se atiendan a través del recurso de reconsideración que contempla la ley, dejando a salvo que las partes podrán exigir la responsabilidad en que incurran los integrantes de los tribunales.

Cayetano García indicó que el dictamen dice que las resoluciones de los tribunales no admiten recurso, lo cual “es una contradicción porque la propia ley establece el recurso de reconsideración. En materia procesal existe un principio que salvaguarda la certeza de las actuaciones judiciales y evita que se flexibilicen o sean frágiles las determinaciones”.

También se incorporó la reserva del diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas (PAN) al artículo 110, fracción VI, a fin de prohibir descuentos a los salarios de los trabajadores para el pago de las cuotas sindicales ordinarias previstas en los estatutos de los gremios.

Arriaga Rojas expuso que la finalidad es que el trabajador pueda manifestar por escrito su voluntad de que no se le aplique la cuota sindical, en cuyo caso el patrón no podrá descontarla, “si manifiesta por escrito su voluntad de que no se le aplique la misma. La propuesta es seguir poniendo al trabajador en el centro de esta reforma fundamental para la vida laboral y económica”.

De igual modo, se incluyó la reserva del diputado Francisco Javier Ramírez Navarrete (Morena), al artículo 153-K fracción XII, con el propósito de emitir opinión respecto del desempeño en los procedimientos de conciliación y proponer metodologías que impulsen su eficacia y reduzca la conflictividad laboral, para contribuir al fortalecimiento de los mecanismos alternativos.

Este cambio, dijo, es fundamental para garantizar la autonomía y eficacia en la administración e impartición de justicia laboral, jurisdiccional y administrativa, sustituyendo a las juntas de Conciliación y Arbitraje por tribunales laborales dependientes de los poderes judiciales, con capacidad de conocer también los conflictos derivados de regímenes de seguridad social y perfeccionando las funciones y competencias de la inspección de trabajo.

Asimismo, fue incorporada la reserva del diputado Miguel Alonso Riggs Baeza (PAN), al artículo 343-E, adicción de una fracción III, a fin de imponer multas a aquellas compañías mineras que por riesgo de trabajo, sea por omisión o negligencia, causen lesiones a sus trabajadores.

Riggs Baeza externó su interés por proteger la integridad de los trabajadores y se sancionen a todas aquellas compañías que incurran en negligencia u omisión que deriven en lesiones. Se busca aplicar una multa de hasta 5 mil Unidad de Medida y Actualización (UMA) a aquella empresa minera que por su omisión produzca un riesgo de trabajo que provoque la muerte del trabajador.

Así también la modificación del 395 de la Ley Federal del Trabajo, presentada por el diputado Ricardo García Escalante (PAN) para establecer que la sanción sindical impuesta al trabajador no podrá afectar su permanencia en el empleo o sus condiciones de trabajo.

Señaló que la cláusula de admisión contenida en ese artículo mantiene un esquema de discriminación hacia los trabajadores que no están sindicalizados, lo cual “no debe ser causa para preferir a un trabajador sobre otro. Además, atenta contra la liberta de pertenecer o no a una organización gremial, e incluso contra la libertad de dedicarse a la profesión o actividad que se quiera, mientras sea lícita”.

De igual forma, se aceptó la adición propuesta por el diputado Raymundo García Gutiérrez (PRD) al artículo 684-G fracción VII, a fin de estipular que para desempeñar el cargo de conciliador será necesario no estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en servicio público.

La fracción actual refiere únicamente que para ser funcionario conciliador se requiere no haber sido inhabilitado, pero no especifica más, por lo que para evitar errores u omisiones se debe adecuar. Añade que el impedimento para el ejercicio profesional puede ser resultado de una falta grave en el ejercicio del servicio público, de ahí la importancia del cambio.

También se aceptó la reserva del diputado Fernando Torres Graciano (PAN) al artículo 927 fracción quinta, para establecer que los emplazamientos a huelga tengan un plazo definido de 30 días naturales y que sólo cuando la empresa dependa de recursos públicos ese plazo podrá extenderse.

“Es necesario fijar un plazo en este asunto, con el propósito de que el dictamen no deje en el aire un tiempo para el emplazamiento”, comentó.

Enseguida, la presidencia ordenó que: con fundamento en el artículo 93, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, antes de que se remita el decreto al Senado de la República, se realicen las correcciones que demandan el buen uso del lenguaje y la claridad de la Ley, sin modificar lo aprobado por la Asamblea.

Posteriormente, en votación económica, el Pleno aprobó 18 dictámenes en sentido negativo a iniciativas y minutas de diversas comisiones, los cuales fueron archivados como asuntos totalmente concluidos. Cuatro fueron devueltos al Senado, para los efectos constitucionales.

También se avaló el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se informan cambios de integrantes y Juntas Directivas de comisiones.

En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

Finalmente, se levantó la sesión y se citó para la que tendrá lugar el martes 23 de abril, a las 11:00 horas.

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