23-04-2019.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 448 votos, el dictamen que define en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano el concepto de riesgo, como los daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado de la interacción entre su vulnerabilidad y la presencia de un agente perturbador.

El documento enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, adiciona la fracción XXIX Bis al artículo 3 de la mencionada ley.

Al fundamentar el dictamen, la secretaria de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz (MC), expresó que la intención es que la planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos y centros de población y ordenación territorial, se apeguen a la consideración del riesgo y no como un tema de prevención.

De acuerdo con el diagnóstico de peligro e identificación de riesgos de desastres en México, actualizado en 2014 por el Centro Nacional de Prevención de Desastres, en las últimas décadas los fenómenos naturales en México han dejado daños de 7 mil 742 personas que han perdido la vida y 27 millones, 653 individuos que han resultado damnificados.

Indicó que el tema de la prevención de desastres, ha tomado relevancia en la agenda de Protección Civil, reconociendo que se vive en un país de múltiples riesgos, por lo que se debe considerar en las normas jurídicas, con la finalidad de prevenir o en su defecto establecer estrategias y programas de largo alcance, enfocados a prevenir y reducir sus efectos y prestar atención a emergencias y desastres.

Medina Ortiz indicó que el país se encuentra sujeto a una gran variedad de fenómenos que pueden causar desastres. Dos terceras partes tienen un riesgo sísmico debido a los terremotos que se generan en las costas del Océano Pacífico en la conjunción de las placas tectónicas de Cocos y de Norteamérica, así como un sinnúmero de volcanes, 14 de ellos han hecho erupción y se consideran activos.

La ubicación del país es una región intertropical, lo cual la hace susceptible de huracanes que se generan tanto en el Océano Pacífico como en el Golfo de México. También se presentan lluvias. Por ello, es vital incluir el concepto de riesgo, pues la mencionada ley no lo contempla. “No se hace referencia explícita a la existencia de riesgo y sólo habla de la gestión integral”.

En los posicionamientos, la diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García (Morena) subrayó que los desastres naturales son ocasionados por eventos o fenómenos meteorológicos, topológicos, telúricos y fundamentalmente algunas de las principales causas de huracanes, ondas frías, aludes, inundaciones, terremotos y erupciones volcánicas, así como el movimiento de las placas tectónicas y el cambio del clima.

La reforma, dijo, abona en la protección de las y los mexicanos toda vez que procura salvaguardar la integridad física, actualizando el marco normativo conforme a las necesidades de la sociedad y contribuye a transitar a un esquema de carácter preventivo. “Esta actualización procura una sociedad más preparada y segura, así como menos vulnerable ante la presencia de algún fenómeno natural”.

Del PAN, el diputado Víctor Manuel Pérez Díaz mencionó que de acuerdo con el diagnóstico de peligros e identificación de riesgo de desastres en México, hasta 2014 los fenómenos naturales han dejado a 27 millones 653 personas damnificadas y 7 mil 742 perdieron la vida.

Relató que con este dictamen se reafirma el compromiso de establecer mejores condiciones en materia de prevención de riesgos. “Nos comprometemos a seguir trabajando en la búsqueda de mejores condiciones de vida, con el fin de evitar pérdidas humanas a causa de fenómenos naturales como sismos, huracanes, ciclones, inundaciones y otros, y así reforzar los planes y acciones de protección civil para contar con un mayor soporte en el diseño de políticas públicas en materia de prevención”.

La diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada (PRI) mencionó que la existencia de riesgo, refuerza el principio de prevención en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, armonizándola con la Ley de Protección Civil. “El compromiso es irrestricto con la salvaguarda de la población ante las amenazas y daños que puedan sufrir por fenómenos naturales”.

Añadió que México es un país con una densidad demográfica alarmante, tan sólo 384 ciudades concentran el 72 por ciento de la población nacional total y se estima que al menos en la siguiente década, el crecimiento demográfico seguirá siendo urbano, para llegar al 2030 a 961 ciudades, que concentrarán el 83 por ciento.

Francisco Javier Saldívar Camacho, diputado del PES, expuso que esta adición se armoniza con el concepto de riesgo que contempla la Ley General de Protección Civil, lo cual es de suma importancia para que las autoridades tengan leyes con conceptos claros que faciliten la aplicación e interpretación de la norma para salvaguardar a los asentamientos regulares, pero principalmente a los irregulares, que son los más vulnerables ante fenómenos naturales.

“Hoy ratificamos nuestro compromiso con las familias de México para garantizarles un mejor desarrollo y calidad de vida, brindándoles seguridad y mecanismos de planeación y prevención para evitar alguna contingencia causada por eventos naturales o error humano”, añadió.

La diputada Margarita García García (PT) relató que los factores subyacentes de riesgos son: degradación ambiental y uso no sostenible de recursos naturales en aumento, expansión urbana, corrupción, desregularización y mala planeación, variabilidad y proceso de cambio climático a nivel global, medios de vida, comunitarios, vulnerables y pobreza estructural, y desigualdad social y de género.

Agregó que se deben redoblar esfuerzos en el fortalecimiento de la organización comunitaria para incidir en la prevención de riesgos, en el desarrollo, y con ello, la articulación territorial e intercomunitaria. También propiciarse la reconstrucción de agendas de incidencia y escalamiento en los gobiernos municipal, estatal y federal. “Conminamos a endurecer las leyes que ayuden a poner al país a la vanguardia en la gestión de riesgo”.

Por MC, la diputada Carmen Julia Prudencio González expuso que el dictamen constituye un esfuerzo para fortalecer los marcos jurídicos nacionales en materia de protección civil. Se trata de definir la categoría de riesgo en términos más claros y que se alinee a los objetivos de reducción, compartiendo responsabilidades.

Este tipo de propuestas debe fortalecerse con mejores presupuestos en materia de prevención de desastres, por lo que hizo un llamado a evitar un impacto negativo. “Apoyar el dictamen implica la oportunidad de fortalecer a las instituciones en materia de protección civil en los tres órdenes de gobierno, acercando a la población los conceptos de riesgo y prevención”.

La diputada Frida Alejandra Esparza Márquez (PRD) señaló que cada año, México es testigo de terribles historias derivadas de sismos, sequías e inundaciones. Según un informe de la ONU, México es una de las naciones que más afectaciones económicas tiene por desastres naturales. De tal manera, que de 1998 a 2017 el monto de pérdida económica ocasionada por este tipo de siniestro ascendió a 46.5 mil millones de dólares.

Consideró importante que se implanten verdaderos programas de prevención y que los desastres naturales dejen de ser motivo de condicionamiento político y de negocio para algunos. “Estamos de acuerdo con la incorporación de la definición de riesgo, pero se tiene que realizar un trabajo más intenso y coordinado en materia de educación preventiva y de creación de infraestructura física adecuada, con el objetivo de reducir y mitigar futuras pérdidas y tragedias ocasionadas por fenómenos naturales”.

Óscar Bautista Villegas, diputado del PVEM, señaló que México está expuesto a los efectos negativos propiciados por fenómenos físicos o meteorológicos como son: inundaciones, sequías, terremotos, maremotos, tornados, ciclones, huracanes y erupciones volcánicas, pues son “capaces de desencadenar grandes catástrofes que terminan afectando a toda la población”.

Indicó que es importante que los gobiernos y las personas tomen medidas preventivas encaminadas a reducir el riesgo de los propios desastres. “La tarea es salvaguardar a las personas, la vida de los mexicanos y mexicanas, y proteger su patrimonio”.

Al hablar a favor, el diputado Víctor Gabriel Varela López (Morena) señaló que cualquier reforma que armonice las leyes y en materia de prevención de daños por desastres naturales, es importante. Tan sólo, en la Ciudad de México, los recientes fenómenos sísmicos evidenciaron los vacíos legales de la ley.

Emilio Manzanilla Téllez, diputado del PT, resaltó que la gestión integral de riesgos es el proceso de planificación, organización, dirección y control de los recursos con la finalidad de reducir la incertidumbre, dado que la realidad refleja que “los desastres desnudan vulnerabilidades de los procesos de desarrollo”.

La diputada Rosalinda Domínguez Flores (Morena) expresó que con este dictamen se optimizarán las acciones que la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) ejerza para la prevención, reducción y gestión de riesgos en asentamientos humanos, y brindará mayor certeza a los procedimientos utilizados para dicho fin y evitará interpretaciones discrecionales.

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