26-04-2019.- La Cámara de Diputados avaló, con 276 votos a favor, 22 en contra y 15 abstenciones, el dictamen que faculta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) a ejecutar la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo regional y urbano, en coordinación con los gobiernos estatales, municipales y las demarcaciones territoriales.

Esta medida no sólo facilita la fiscalización de recursos y rendición de cuentas, sino promueve una mayor y mejor coordinación interinstitucional que dé cohesión a los esfuerzos que en los distintos niveles de gobierno procure un desarrollo rural y urbano ordenado, justo y equitativo.

La reforma a la fracción XX del artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y IX del artículo 8 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, se mandó al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

El dictamen señala que a lo largo del país, se observan diversos problemas de movilidad y conectividad que acentúan las diferencias entre la población urbana y la rural. Por lo que parte de la función de Sedatu se refiere a procurar, mediante la creación de infraestructura, la superación del rezago que en mayor o menor grado sufren diversas zonas del país.

Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, diputada Rocío Barrera Badillo, sostuvo que la reforma potenciará los procesos de planeación de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano.

Se trata, dijo, de una adición a las facultades de la Sedatu, a fin de permitirle participar como ejecutora en la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo regional, urbano y rural, ello en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales y la participación de los sectores social y privado.

Enfatizó que, en un plano administrativo, se fortalece su carácter de dependencia encargada de planificar, coordinar, administrar, generar y ejecutar las políticas públicas de ordenamiento territorial. Subrayó que la reforma se traduce en una herramienta poderosa para ordenar los asentamientos humanos, ejecutar obras públicas y planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población.

La diputada Flor Ivone Morales Miranda (Morena) resaltó que con estas modificaciones se busca en todo momento el desarrollo regional, urbano y rural en coordinación con los gobiernos estatales; asimismo, que la administración pública federal, en el tratamiento de los asuntos del desarrollo urbano, suelo y vivienda, se asegure la continuidad de la producción habitacional y el fortalecimiento integral de nuestras ciudades.

Del PAN, Irasema Aquino González dijo que votarán a favor; sin embargo, comentó que estarán atentos a que la facultad del Ejecutivo federal se realice sin presiones políticas, de ninguna índole y que las obras y grandes proyectos del gobierno se den en un marco de transparencia financiera, con estudios técnicos e impacto ambiental, “porque no queremos que los proyectos se conviertan en caprichos sexenales en donde se invierten los escasos recursos del pueblo”.

Del PES, el diputado Eudoxio Morales Flores indicó que el cambio que se agrega a las leyes comentadas pareciera un cambio menor pues sólo agrega una palabra, pero da a la dependencia, la capacidad de ejecutar obras de infraestructura en estados y municipios. Comentó que se requiere de una coordinación adecuada para evitar la duplicidad de proyectos.

El diputado Armando Reyes Ledesma, del PT, señaló que con la aprobación de esta reforma, se atenderá el problema de la regulación de la tenencia de la tierra, lo que irá en coordinación con los planes de desarrollo urbano de los tres órdenes de gobierno, dando así respuesta a la exigencia de la población de tener acceso a un patrimonio firme.

De Movimiento Ciudadano, la diputada Carmen Julia Prudencio González, consideró que este dictamen no tiene sentido, porque no tiene impacto presupuestario y generaría burocracia administrativa, por lo que propuso que, en lugar de la reforma, la Sedatu realice una evaluación, auditoría y vigilancia de las obras de construcción, infraestructura y equipamiento en el país”.

La diputada María Guadalupe Almaguer Pardo (PRD) puntualizó que es necesario que la Cámara de Diputados tome las previsiones para evitar que las presiones que se ejerzan en los procesos de licitación y ejecución de obra de infraestructura y equipamiento, no se traduzcan en hechos de corrupción, propaganda política y políticas sesgadas a sectores afines al partido gobernante. Subrayó que es urgente establecer nuevas prácticas que observen, vigilen y denuncien todo acto de corrupción porque “sólo así se alcanzará una administración pública y honesta”.

El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez (PVEM) dijo que el dictamen considera el correcto uso de recursos públicos que se ejercen en materia de infraestructura estatal y municipal, a fin de realizar obra pública de forma coordinada. “Estamos convencidos que con esto se dará certidumbre a las acciones implementadas por Sedatu en materia de construcción y equipamiento para el desarrollo regional, urbano y rural”.

Posteriormente, se levantó la sesión y se citó para la que tendrá lugar el lunes 29 de abril, a las 14:00 horas.

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