30-04-2019.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen que expide la Ley Federal de Austeridad Republicana del Estado, con el objetivo de eliminar privilegios a los servidores públicos y evitar el engrosamiento del aparato burocrático.

El dictamen avalado en lo general con 387 votos a favor y 33 abstenciones, también reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes General de Responsabilidades Administrativas, y de la Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Con 361 votos en favor, dos abstenciones y 45 en contra se avaló en lo particular, y en términos del dictamen las reservas a los artículos 2, 3, 4, 6, 7, 10, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27 y Título Segundo de la Ley Federal de Austeridad Republicana del Estado, así como los artículos Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo Transitorios.

El documento remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, estipula que con la política de austeridad republicana se limitará el uso de bienes muebles e inmuebles y los recursos humanos propiedad del Estado y a su servicio, así como al cumplimiento de fines de utilidad pública y servicio directo a la población.

Se establece que con la aprobación de esta legislación se lograrán ahorros y no se generarán impactos presupuestarios, pues habrá una reasignación para mejorar la distribución y calidad del gasto. Esto a partir de prohibir seguros privados de gastos médicos, de vida, de ahorro, de separación individualizada o colectiva y la creación de cajas de ahorro especiales, así como evitar la duplicidad de funciones, pues no se generarán percepciones extraordinarias.

Se reducirá el gasto público al eliminar las pensiones de retiro a quienes hayan sido titulares del Ejecutivo federal, distintas de las que otorga el ISSSTE, así como la asignación de servidores públicos, civil o de las fuerzas armadas cuyos costos sean cubiertos con recursos del Estado con el propósito de propiciar la salud de las finanzas y su manejo transparente.

Las comisiones de Hacienda y Crédito Público y la de Presupuesto y Cuenta Pública presentaron adenda de modificación al dictamen, a fin de estipular que el cumplimiento de la ley recaerá sobre cada uno de los entes públicos, quienes para su vigilancia se apoyarán de la instancia encargada del control interno.

Delinea que se permitirá la asignación de chofer sólo a subsecretarios de Estado y superiores, así como a titulares de entidades de control directo y se prohíben las plazas con nivel de dirección general adjunta que no ejerzan facultades contempladas expresamente en ley o reglamento.

Asimismo, se prohíbe el arrendamiento de vehículos de lujo y de ser necesario esta acción será sometida a la consideración del órgano encargado del control interno que corresponda; además se elimina el pago de servicios de telefonía fija y móvil.

Por otro lado, se determina que queda prohibida la creación de fideicomisos públicos, mandatos públicos o contratos análogos, salvo los previstos en leyes federales o tratados internacionales en las áreas de salud, educación, procuración de justicia y seguridad social y pública. La Auditoría Superior de la Federación dará seguimiento y evaluación rigurosa del cumplimiento de los fines para los cuales fueron constituidos.

Se enfatiza que los servidores públicos que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información en el ejercicio de su cargo público salvo que hubiesen transcurrido al menos cinco años.

De igual manera, queda prohibido a cualquier persona física o moral el uso de su personalidad jurídica para eludir el cumplimiento de obligaciones y perjudicar el interés público o privado.

Se aplicarán acciones fiscalizadoras y políticas de transparencia en el sector privado cuando participe de recursos públicos, incluyendo el levantamiento del velo corporativo, a efecto de evitar como causa excluyente de responsabilidad del servidor público o sus familiares hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad jurídico colectiva.

Define que los ahorros generados como resultado de la aplicación de dichas medidas, deberán destinarse a los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o al destino que por decreto determine el titular.

Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputada Patricia Terrazas Baca (PAN) sostuvo que el dictamen busca administrar con austeridad, eficiencia y eficacia los recursos públicos.

Afirmó que este documento es un marco de racionalización del gasto, pues se incorporan en un sólo órgano legislativo aquellas disposiciones que tienen como propósito consolidar ahorros presupuestarios, los cuales se aplicarán a la administración pública federal y habilitará a los poderes Legislativo, Judicial y órganos autónomos a que modifiquen sus ordenamientos en relación a los principios establecidos en la Ley de Austeridad.

Por otra parte, enfatizó, se respetan las prestaciones laborales y libertad de trabajo y la facultad constitucional que tiene el Congreso de aprobar el presupuesto eliminando distorsiones en la aplicación de los ahorros presupuestales.

Se incorpora el concepto de nepotismo y la sanción correspondiente; se sustituye el plan de ahorros presupuestarios al inicio de año por informe de resultados de austeridad al final del año; se establece que todas las compras serán licitación pública, no sólo el 70 por ciento, y las excepciones tienen que ser plenamente justificadas. Lo deseable es que no existan compras fuera de este esquema, dijo.

Además, plantea que la nulidad de los contratos por corrupción y conflicto de intereses debe ser previa resolución judicial, otorgando así certidumbre jurídica a los gobernados y que las duplicidades de funciones serán conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se elimina la prohibición de comprar equipo de cómputo durante el primer año y se respetan las prestaciones contenidas en los contratos colectivos.

Se estipula que se permitirá la compra de vehículos, dando preferencia a los que son amigables con el medio ambiente, y se prohíbe la generación de fideicomisos que tengan como fin ocultar los recursos públicos.

“Hoy es un día en el que tenemos que ser sumamente responsables con la decisión y el sentido de nuestro voto; por ello, hago un llamado a ser autocríticos y se tenga una visión del futuro que le queremos dejar a nuestros hijos”, argumentó.

En representación de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el diputado Pablo Gómez Álvarez (Morena) explicó que la austeridad no es para que el Estado tenga menos recursos, sino que posea más y los utilice de mejor manera, y para los fines que corresponden al interés público y no para fines privados.

Añadió que de lo que se trata es de asumir la detracción y hacerla consecuente como Congreso de la Unión de aquellas expresiones persistentes y machacona crítica de los medios de comunicación, de las redes sociales y de las expresiones populares informales que por todas partes dicen a los dirigentes políticos de todos los partidos: ¡Ya basta del dispendio!, llámese despilfarro y derroche de los fondos públicos.

El dictamen busca que esta crítica permee y que el gasto excesivo e innecesario sea eliminado, si no de golpe, si paulatinamente, hasta que no exista, ya que esta práctica es un acto de corrupción.

Esta reforma es un llamamiento en la lucha contra la corrupción, pues una persona por mayor liderazgo que tenga, un Poder Legislativo y Judicial, una procuraduría, un sistema anticorrupción, unos gobernadores, unos alcaldes, unos diputados locales y unos jueces no serán suficientes. Tenemos que ser todos y asumir la tarea de la lucha contra el dispendio, despilfarro, derroche y mal uso de los recursos públicos.

Si hoy esta Cámara da el paso de empezar a combatir de manera sistemática, sin concesiones del derroche, entonces haremos un llamado a todo el Estado mexicano y a la sociedad a que cada cual ponga de su parte contra la lucha de la corrupción en el sentido más amplio, además se logrará la dignificación de la administración pública.

En los posicionamientos, el diputado Humberto Pedrero Moreno (Morena) subrayó que la ley impide expandir el gasto corriente; prohíbe tener chofer o secretario particular a los funcionarios públicos, excepto secretarios de Estado; limita la contratación de personal por honorarios y los servicios de consultoría; restringe el gasto destinado a comunicación social; prohíbe la compra o renta de vehículos de lujo y la remodelación de oficinas, y limita el uso de fideicomisos públicos y deja más clara la transparencia y rendición de cuentas.

Mencionó que estos ahorros permitirán destinar más recursos a la inversión y a programas para la atención de la población más necesitada. El gasto público es un componente esencial del Producto Interno Bruto de un país, puesto que estimula la demanda agregada, el consumo y los ingresos de todos las y los mexicanos. “Se necesita eficientar ese gasto para que estas medidas generen mayor desarrollo económico y mejoren los factores de la producción como son la inversión en capital, físico y humano”.

De esa misma fracción parlamentaria, el diputado Benjamín Saúl Huerta Corona expuso que el dictamen tiene por objeto cambiar la política de despilfarro a una de austeridad. “Es el conducto que permitirá cumplir estrictamente los principios de economía, eficacia, eficiencia, transparencia y honradez. No habrá yugo suave de la ley. Se regula que servidores públicos se sujeten a la remuneración adecuada y profesional conforme a sus responsabilidades”.

Esta nueva ley permite que la austeridad republicana de Estado sea un modo de vida democrático, sustentado en el interés general en la sobriedad de vida pública y privada. “Esta ley controlará sin temor alguno a todos los servidores públicos, con el ánimo de que su actuación sea más transparente, que no existan actos de carácter derrochador. Ya no será permisible un servicio público que no tenga el mínimo tinte democrático ni de moralidad. Hoy lograremos recuperar el valor del servicio público”.

Sonia Rocha Acosta, diputada del PAN, destacó que el dictamen contempla cosas importantes y deseables como la eliminación del seguro de vida y gastos médicos mayores que eran una carga fiscal importante. También prevé la regulación y la transparencia continua de los fideicomisos públicos. “Coexisten elementos prioritarios en los que se basa la urgente necesidad de esta austeridad”.

La Ley de Austeridad, añadió, es pieza clave para la ciudadanía; sin embargo, aclaró que estarán atentos de la variedad de excepciones en la conducción de la ley. “Es adecuada con contrapesos y sanciones reales que constriñe afanosamente el problema de gastos superfluos; esperamos que desde nosotros salgan estas mejores prácticas capaces de reconocer los avances en materia administrativa. Estamos a favor de la austeridad, siempre y cuando tenga especificaciones claras y no se contrapongan las leyes”.

Por el PRI, el diputado Fernando Galindo Favela dijo estar a favor de la austeridad, la transparencia y la rendición de cuentas; empero, se debe cuestionar para qué se quiere. “Estamos convenidos que la austeridad de un gobierno debe servir para mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos, y para tener un gasto eficiente que perfeccione los servicios que presta un gobierno”.

“Lo único que tiene de bueno esta ley, es su nombre; lo nuevo, es absolutamente nada. Es una recopilación de lo que está establecido en las leyes Federal de Presupuesto, de Adquisiciones, de Obras Públicas y en los decretos de austeridad de la pasada administración federal. Estamos a favor del concepto de austeridad, pero aquí no se toma en cuenta el ciclo presupuestal”.

La diputada Ana Karina Rojo Pimentel (PT) argumentó que es tiempo de dignificar la política en el país. “Se terminó el tiempo en donde los representantes populares se hacían ricos con el erario público. Hoy se discute una reforma que da marcha atrás a la política deliberada de hacer del gobierno un simple medio de enriquecimiento privado. Se deja de ver a los recursos públicos como un botín privado”.

Con esta ley, afirmó, se refrenda el compromiso de acabar con el despilfarro de recursos que han significado el desorden en la Administración Pública Federal, por la existencia de publicidad y funciones dentro de las diferentes secretarías, así como la creación de una infraestructura que ha complacido a las excentricidades de los funcionarios públicos de alto nivel.

Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, diputada de MC, afirmó que estas reformas tienen por objeto que el gasto gubernamental cumpla con los principios constitucionales de economía, eficacia, eficiencia, transparencia y honradez, conforme al artículo 134 de la Carta Magna.

Por medio de este dictamen, dijo, se da cumplimiento a la exigencia ciudadana de “terminar de una vez por todas con el derroche de los gobiernos y establecer controles con los cuales se puede mesurar el gasto. El dinero público tiene que estar dirigido a las necesidades de las personas, en lugar de privilegiar caprichos y ambiciones de los gobiernos”.

El diputado del PRD, Antonio Ortega Martínez puntualizó que esta ley es una propuesta que va a repetir el camino de la Ley de Remuneraciones; es decir, amparos, suspensiones y dificultad para la aplicación. Además, de los treinta y tantos artículos que tiene, 26 están ya contemplados en diversas leyes.

“Estamos generando legislaciones contrapuestas, conflictos jurídicos, debilidades legales, antinomias que no van a resolver de manera mágica el problema del descuido y de los abusos en el gasto público. Esta ley es una mala decisión del presidente, es un acto innecesario de los diputados que pusieron por debajo de su responsabilidad su autonomía, y estoy seguro que no va a resolver una ley el problema”.

Emmanuel Reyes Carmona, diputado sin partido, señaló que la austeridad no sólo es un acto de congruencia sino de responsabilidad. “Hoy, tenemos la posibilidad de reivindicar la política mexicana y decir que a todos las y los mexicanos que la LXIV Legislatura, eliminó el seguro de vida, los vales de combustible y de comida, el fondo de ahorro, los vehículos y muchos legisladores renunciamos a los viajes al extranjero”.

Al aprobar este dictamen se reivindica la política de las y los mexicanos. “Es necesario eliminar los despilfarros y excesos. Debemos cerrar el eslabón que califica a México con mucha corrupción. Estamos, a favor de la austeridad republicana, convencidos que sólo con un gobierno y una legislatura austera podemos transformar a México”.

La diputada María Sara Rocha Medina (PRI) señaló que este dictamen propone normar acciones de funcionarios públicos que ya se encuentran establecidas en los ordenamientos legales de la Ley de Responsabilidades de Administración, que establecen los principios y obligaciones que rigen la actuación de cada uno de los servidores públicos. Subrayó que es una norma que no obedece a los intereses del país, por lo que se pronunció por trabajar en otras leyes que realmente se requieren.

En tanto, el diputado Higinio Del Toro Pérez (MC) se pronunció a favor de la ley de austeridad; sin embargo, consideró que existen algunas cuestiones que deberán ser perfectibles. Comentó que se señala que tanto los poderes Legislativo y Judicial, así como los órganos de la Constitución Política, los cuales se les concede autonomía, serán sujetos de este ordenamiento, lo cual contraviene diversas disposiciones constitucionales en cuanto a la capacidad de autorregulación y en materia de independencia de los órganos autónomos y de los poderes de la Unión.

El diputado Javier Julián Castañeda Pomposo (PES) subrayó que en México no se tiene, hasta este momento, una legislación de esta naturaleza. Los ordenamientos que se han aprobado anualmente sólo han servido para limitar la expedición sobre la disciplina y el control del ejercicio presupuestario en donde sus alcances han sido muy limitados. “Haciendo caso a un reclamo de la sociedad es posible y necesario ajustar los salarios de los altos funcionarios, así como eliminar prestaciones”.

Por su parte, la diputada Laura Imelda Pérez Segura (Morena) dijo que el espíritu de esta ley es establecer un principio conductor de la administración y eje estratégico del gasto público con el fin de dar cumplimiento a los principios constitucionales sobre los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez en el ejercicio del gasto público.

La diputada Hildelisa González Morales (PT) dijo que la nueva ley responde a un anhelo de los ciudadanos cansados de que los impuestos sean usados de manera incorrecta, deshonesta y contra intereses del pueblo. Explicó que entre 2013 y 2016 se conformaron 374 fideicomisos que trabajaron en la opacidad y la discrecionalidad, manejando 835 mil 477 millones de pesos que no fueron auditados ni fiscalizados. “La austeridad republicana debe ser un valor fundamental del servicio público y debemos trabajar por una cultura en los niños y jóvenes de honestidad, transparencia y austeridad”.

La diputada Mónica Bautista Rodríguez (PRD) dijo que la correcta aplicación de la ley contribuirá a subsanar finanzas públicas en la búsqueda de un camino para consolidar el Estado de bienestar. Añadió que la austeridad es prioritaria para el país, pero también la responsabilidad, con un manejo eficiente, eficaz y transparente, con planeación precisa en el ejercicio del gasto.

De Morena, la diputada María Geraldine Ponce Méndez afirmó que es necesario acabar con el dispendio y “enterrar hasta el recuerdo del grotesco abuso de las instituciones públicas y del dinero que debió servir a la gente, pero que se usó para enriquecerse ilícita e impunemente”. Al aprobar esta nueva ley se tendrá un gobierno al servicio del pueblo, terminará el influyentismo y las recomendaciones en la estructura de gobierno. “Será un gobierno eficiente y eficaz que resuelva problemas del pueblo, con honradez y eficiencia”.

Previamente, se desechó una moción suspensiva de la diputada Claudia Reyes Montiel (PRD), quien proponía devolver el dictamen a las comisiones dictaminadoras, toda vez que duplica disposiciones que ya se encuentran previstas en diversos ordenamientos vigentes, tal como la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, entre otras.

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