10-08-2019.- La diputada Claudia Báez Ruiz (PES) impulsa una iniciativa de reforma al Código Penal Federal, con el objetivo de elevar las penas de hasta 20 años de prisión y hasta cinco millones de pesos de multa a quien ocasione lesiones y enfermedades incurables como la pérdida de la vista o de un órgano del cuerpo, derivado de actos violentos.

Asimismo, plantea modificar el artículo 10 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, para incluir a la persona con discapacidad como agravante en el caso del secuestro.

Destacó que la violencia es factor para que el número de personas con discapacidad siga creciendo, de acuerdo con el Informe Mundial sobre la Discapacidad de 2011, publicado por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, referido en el reporte anual 2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La legisladora resaltó que el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, AC, afirma que México ha padecido casi cuatro décadas del horror del secuestro, decenas de miles de personas lo han sufrido directamente, más de 800 de ellas fueron asesinadas y durante su cautiverio muchas padecieron mutilación, tortura o violación.

Conforme con la asociación Alto al Secuestro, a enero de 2018 el estado de México, Veracruz y Guerrero eran las entidades con mayor índice de secuestro. De diciembre de 2012 a enero de 2018 se habían cometido 10 mil 653 secuestros: 175 mensuales, 41 a la semana y 6 diarios. Uno de cada tres casos ha sido atendido por autoridades federales, indicó.

Báez Ruiz recordó que el pasado 10 de julio “un hombre estaba por estacionarse en un fraccionamiento, en la ciudad de Veracruz, cuando otro le ganó el lugar. Enojado, descendió de su automóvil y reclamó al otro conductor por haberse estacionado. Después de discutir e intercambiar algunos golpes uno de ellos sacó un cuchillo y lo clavó en el ojo izquierdo del contrincante. El lesionado fue llevado al Hospital de Alta Especialidad de Veracruz donde fue intervenido y perdió el ojo”.

“Al agresor le impondrán una multa de 300 pesos, cuando la víctima perderá la visión de un ojo para el resto de su vida”, dijo la diputada.

Consideró que los 300 pesos de multa por provocar una discapacidad no son congruentes con el artículo 22 de la Constitución Política, que señala: “toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado”.

Por ello, propuso reformar los artículos 291 y 292 del Código Penal Federal, con el objetivo de aumentar la actual pena de 3 a 5 años de prisión por 10 a 15 años al que infiera una lesión que perturbe para siempre la vista, o disminuya la facultad de oír, entorpezca o debilite permanentemente una mano, un pie, un brazo, una pierna, o cualquier otro órgano, el uso de la palabra o alguna de las facultades mentales. Asimismo, la multa pasaría de 300 o 500 pesos, a 3 millones o 5 millones de pesos.

Además, elevaría el castigo de 5 a 8 años de prisión por 15 a 20 años al que infiera una lesión de la que resulte una enfermedad segura o probablemente incurable, la inutilización completa o la pérdida de un ojo, de un brazo, de una mano, de una pierna o de un pie, o de cualquier otro órgano; cuando quede perjudicada para siempre, cualquier función orgánica o en caso de que el ofendido quede sordo, impotente o con una deformidad incorregible.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su dictamen.

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