• La influencia de los dispositivos móviles y de la televisión aleja a las comunidades de su cultura

05-12-2019.- Abel Altamirano Ramírez, hablante de Náayeri (cora) (de la comunidad indígena de Jesús María, municipio del Nayar, Nayarit) denunció que esa lengua está en peligro de extinción, porque no se le da continuidad en la educación y muchos de sus hablantes emigran a Estados Unidos o a las ciudades en busca de empleos y mejora económica.

En su participación en tribuna de la Cámara de Diputados con motivo del 2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas, planteó que las instituciones federales, estatales y municipales promuevan acciones de concientización y valoración que ayuden a incentivar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la práctica de su lengua materna en sus hogares.

Con los programas y proyectos que revitalicen la cultura y la lengua, principalmente en los pueblos originarios se logrará, porque hay localidades que han perdido la esencia de ser un pueblo originario.

“Ya no se visten como indígenas, no llevan a cabo sus rituales, sólo sucede en las zonas donde hay personas mayores que todavía hablan su lengua. Si en los planteles educativos de secundaria y preparatoria hubiera docentes bilingües, hablantes de la lengua Náayeri, se le daría continuidad a su uso”, afirmó.

Altamirano Ramírez solicitó a las autoridades que se lleven a cabo acciones que fortalezcan las lenguas y culturas, para que se aprovechen, respeten y conserven.

También recomendó reforzar la economía local por medio de pequeñas empresas de elaboración de juguetes, llaveros, materiales que se utilizan en las fiestas tradicionales y que se puedan comercializar en la región y fuera de ella, lo que ayudará a que los jóvenes permanezcan en sus localidades y no emigren en busca de trabajo.

Precisó que de las diez mil familias indígenas originarias que practican el Náayeri, únicamente 50 por ciento la usa para comunicarse y el resto habla más el español.

“Los padres de familia no les hablan a sus hijos en la lengua materna, porque quieren que en la escuela entiendan a los maestros y puedan comprender mejor el español en niveles superiores. En su mayoría, las escuelas de nivel secundaria y preparatoria no tienen maestros hablantes de Náayeri, no realizan actividades ni prácticas relacionadas con nuestra cultura”, agregó.

Además, dijo, la tecnología interviene en la pérdida de la lengua, pues bombardea a la sociedad, en general, introduciendo culturas de otros países. “Los jóvenes náayeri, en su mayoría, tienen un dispositivo móvil, celulares o tabletas; ven constantemente la televisión y adoptan nuevas maneras de comunicación”.

Internet sería provechoso si los dispositivos se adaptaran a las culturas y las lenguas de cada pueblo originario, como programas didácticos en las computadoras en lengua Náayeri y se aprovecharan al máximo, abundó.

Comunicaciones oficiales

La Mesa Directiva informó de la modificación de turno de la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 4 de la Constitución Política, en materia de bienestar, presentada por el Ejecutivo federal, el pasado 26 de noviembre. Se mandó a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Salud para dictamen.

Los diputados Brasil Alberto Acosta Peña (PRI), Guillermina Alvarado Moreno (Morena), José Ángel Pérez Hernández (Encuentro Social), Carmen Patricia Palma Olvera (Morena), Gloria Romero León (PAN), Edelmiro Santiago Santos Díaz (Morena), Martha Elena García Gómez (PAN), Ana Laura Bernal Camarena (PT), Carmen Mora García (Morena), Mary Carmen Bernal Pérez (PT) y Emmanuel Reyes Carmona (Morena), solicitaron retirar de los registros parlamentarios diversas iniciativas y proposiciones que habían presentado.

Se recibieron 44 contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados de la Secretaría de Gobernación; la subprocuraduría Fiscal Federal de Asuntos Financieros; el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; las secretarías de Gobierno de Aguascalientes y de Guerrero; los gobiernos de los estados de Chiapas, de Chihuahua, de Guanajuato, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y de Yucatán.

También del Congreso de Chihuahua; de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del estado de Morelos; de la Consejería Jurídica de Oaxaca; de la Secretaría de Planeación y Finanzas de Puebla; de la Dirección de Derechos Humanos de Quintana Roo, de las secretarías de Educación de San Luis Potosí y la de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala.

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