20- 02- 2019.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó a la Cámara de Diputados la Tercera Entrega de Informes Individuales y General Ejecutivo de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, conformada por mil 675 auditorías, 9 mil 514 observaciones, 4 mil 446 recomendaciones y recuperación de 131 mil 9 millones de pesos, al 15 de enero pasado.

El auditor Superior de la Federación, David Rogelio Colmenares Páramo, destacó la inclusión de nuevos sujetos y objetos fiscalizables derivada de un análisis estratégico de denuncias, de información de la opinión pública y de la revisión de auditorías en proceso que ameritaban la incorporación de nuevas acciones, lo que enriquece la rendición de cuentas del país. Con ello, por primera vez se implementa un programa de Planeación Estratégica para la Cuenta Pública 2018.

Precisó que al revisar se encontraron que algunas dependencias nunca habían sido auditadas y, a pesar de la presión de la opinión pública, no se revisaban desde 2014.

El origen fue realizar cambios institucionales para reforzar la prevención de la auditoría gubernamental y ser efectivos en caso de encontrar actos de corrupción: el propósito es que la impunidad deje de ser una palabra en el diccionario fiscalizador.

Sobre los casos penales, Colmenares Páramo refirió a los diputados, que cuando los había, llegaban a la Procuraduría General de la República y se detenían. “Estamos en el proceso de desatorarlos con el nuevo fiscal. Trabajamos para sacar todo lo del pasado y lo que surja presentarlo conjuntamente, en tiempo real”.

Respecto a las denuncias penales que deriven de los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, indicó que serán presentadas como lo dispone la ley, es decir, en el momento en que se cuente con todos los elementos para tal efecto, toda vez que actualmente los entes están solventando las observaciones emitidas.

Es por ello que la institución lleva a cabo la integración de expedientes, elaboración de dictámenes técnicos y formulación de denuncias, tanto de las referidas a la Cuenta Pública 2017, como asuntos de ejercicios fiscales anteriores.

Subrayó que en los primeros meses de su gestión se han presentado 54 denuncias, derivado de las revisiones de ejercicios anteriores, y se analiza lo atrasado con la Fiscalía General de la República para dar seguimiento, coadyuvar y presentar las denuncias de hechos, con el propósito de que se aporten evidencias sólidas e información incontrovertible que permita que las autoridades competentes impongan las sanciones debidas.

Con esta visión, indicó que la ASF presenta 653 informes individuales que, en conjunto con los 344 rendidos en junio y 678 en octubre pasado, suman un total de mil 675 auditorías en la Cuenta Pública 2017. Adicionalmente, se practicaron 4 auditorías derivadas de solicitudes y denuncias sobre ejercicios fiscales en curso o anteriores.

De ese total, explicó que mil 517 se refieren a revisiones de cumplimiento financiero, 150 a auditorías de desempeño y ocho evaluaciones de políticas públicas. Del total de auditorías practicadas a la Cuenta Pública 2017, el 67.4 por ciento, es decir, mil 129 son evaluaciones a entidades federativas y municipios.

Asimismo, se llevaron a cabo 483 auditorías al Poder Ejecutivo, seis al Poder Judicial, tres al Poder Legislativo y 16 a órganos autónomos. En suma los entes fiscalizados ascienden a 475.

Sobre el Gasto Federalizado Programable se practicaron 506 auditorías a las Aportaciones Federales, 162 a Convenios de Descentralización, 102 a Subsidios y 65 a otros rubros.

También se emprendieron 241 auditorías a la función de Desarrollo Económico, relacionado con el sector energético, comunicaciones y transportes, turismo y ciencia y tecnología; 130 a funciones de Gobierno, que incluye las finanzas públicas, seguridad nacional, relaciones exteriores, procuración de justicia y gobernación, y 109 a Desarrollo Social, en rubros como educación, salud, seguridad social, vivienda, agua potable y alcantarillado.

Resaltó la inclusión de un capítulo específico que coadyuve al diseño y elaboración, por parte de la Cámara de Diputados, del dictamen sobre la Cuenta Pública 2017, para que la fiscalización, a partir de información sustantiva y datos confiables, se convierta en la referencia técnica principal que enriquezca el debate parlamentario.

Con ello, los legisladores encontrarán una serie de conclusiones sobre rubros auditados de carácter estratégico, como el número de revisiones practicadas, el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, Pemex, CFE, infraestructura carretera y reconstrucción por desastres naturales.

Apuntó que por primera vez se auditó al Infonavit y el Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación. Además, hay resultados relevantes en la revisión a las escuelas de tiempo completo, reforma educativa y energética, estancias infantiles, centro de atención inmediata para casos especiales, igualdad de género, Conade, Senasica, Pemex y CFE.

Colmenares Páramo informó que los resultados de la fiscalización se podrán consultar en una versión ciudadana simplificada y, a partir de hoy, a través de una aplicación para el celular (app) a fin de que se tenga acceso a la base de datos de la ASF.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Mario Delgado Carrillo, sostuvo que este informe es un instrumento fundamental para el Poder Legislativo y el reto que se plantea en el nuevo contexto de cambio político. “Es lo que pasará después de la semana del horror; es decir, cuando salen a la luz pública los grandes escándalos del mal uso de los recursos, de abuso, de desvío y despilfarro, se quedan en eso, pero después no pasa nada”.

Destacó que este martes la Cámara aprobó una importante reforma que ahora avalarán los congresos estatales, en donde la corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, ameritará prisión preventiva oficiosa.

También, recordó, se avaló una reforma constitucional en materia de extinción de dominio, en la cual se incorpora la corrupción. Además, se cuenta con un fiscal general autónomo y uno de anticorrupción.

Delgado Carrillo mencionó que lo que se aprobó ayer, junto con la extinción de dominio, permite tener factores adicionales para una persecución eficaz contra la corrupción y que no haya impunidad. Que sí haya responsabilidad, se castigue la corrupción y se termine con el gran abuso que tanto daño le ha hecho al país.

Celebró este encuentro y afirmó que se seguirá trabajando a efecto de que todo aquel que atente contra el patrimonio de los mexicanos tenga que seguir su proceso en prisión preventiva y, el Estado, a través de la extinción de dominio, recupere capitales que se hayan hecho al amparo de la corrupción.

“Sin duda, el gran reto que tenemos como país es erradicar la corrupción. Vamos en el sentido de acabar con este delito, los fraudes electores, así como la impunidad y los privilegios. Que las más de mil 220 promociones de responsabilidad administrativa que se nos entregó en octubre empiecen a convertirse en acciones que nos lleven a la sanción”, afirmó.

El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC), sostuvo que México vive tiempos de cambios, donde el combate a la corrupción ha iniciado de forma frontal bajo un Sistema Nacional, el cual va tomando forma y fortaleciéndose con reformas y la expedición de leyes secundarias.

Indicó que la labor de la ASF es fundamental para impedir la opacidad, la discrecionalidad y la corrupción en México. “Al mismo tiempo es un tema principal en la disertación pública y en la discusión nacional; por esta razón estamos reunidos hoy con la finalidad de dar debido cumplimiento a la ley”.

La información que se nos presenta, abundó, es valiosa como parte de la rendición de cuentas del gobierno federal, el cual servirá para generar material importante en los trabajos legislativos de la comisión y la presente legislatura.

Calificó de gran valor técnico el trabajo realizado por la ASF; aunque sus retos son mayores, de forma particular, a la importancia que está adquiriendo la fiscalización de la deuda de las entidades federativas que se garantizan con participaciones federales. “En este rubro, el trabajo técnico de la Auditoría Superior será de gran valor para el Poder Legislativo”.

Rodríguez Carrillo destacó el trabajo de la ASF por su ardua labor e indicó que los informes de hoy se agregan a los presentados en junio y octubre de 2018. La suma de ambas equivale a 62 por ciento del total de auditorías contempladas en el programa anual para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2017, que a la fecha se amplió a mil 659 revisiones.

Resaltó la importancia que tiene la ASF en el entramado del Sistema Nacional Anticorrupción, como un actor principal en materia de combate a la corrupción. “No hay duda que su participación abonará en beneficio de todos los ciudadanos y su compromiso por incentivar una coordinación efectiva para que los objetivos del Sistema Nacional de Fiscalización establezcan los cimientos para las y los trabajos de interacción de los órganos de auditoría gubernamental y así contribuir con un insumo de gran calado para hacer frente a las irregularidades en la gestión pública en México”.

El diputado Miguel Pavel Jarero Velázquez (Morena) afirmó que la Cámara de Diputados y la Auditoría Superior tienen la tarea de garantizar el adecuado desempeño en el ejercicio de la función pública. Por ello se fortalecerá la ley y las normas para que las auditorías financieras y de gestión cumplan su función preventiva y correctiva porque “la fiscalización debe regirse bajo principios de legalidad, imparcialidad, confiabilidad y pleno respeto a la autonomía técnica”.

Es obligación de todos los entes del gobierno garantizar la adecuada aplicación de recursos públicos. “Estamos llamados a dar resultados concretos, más allá de la visión de cada uno de nosotros, nos debe unir la responsabilidad común de vigilar los recursos que le pertenecen al pueblo de México. Que quede claro: se debe sancionar a quien haga mal uso del dinero del pueblo”.

De la misma bancada, el diputado Humberto Pedrero Moreno comentó que esta comisión se ha puesto el reto de examinar el entramado constitucional de los estados para revisar sus auditorías y dar seguimiento a todo el tema jurídico.

Manifestó que su grupo parlamentario estará al pendiente de los detalles de los grandes escándalos que se han hecho públicos, como es el caso de Odebrecht, la Estafa Maestra, estancias infantiles y los nuevos que se deriven de este informe.

Del PAN, la legisladora Josefina Salazar Báez puntualizó que el desempeño en el servicio público requiere guiarse bajo principios éticos y profesionales soportados en la cultura de transparencia y rendición de cuentas, por ello, “buscaremos construir y consolidar instituciones que combatan la corrupción. La revisión de esta cuenta pública la haremos con seriedad en las conclusiones y mecanismos de fiscalización; ésa es la convicción”.

Afirmó que el análisis de los documentos que corresponden al ejercicio 2017 adquiere relevancia si se consideran los enormes retos que representa el combate a la corrupción, porque su costo equivale al 10 por ciento del Producto Interno Bruto de acuerdo con la OCDE. Ante esto, “los invito a trabajar en favor de la construcción de instituciones firmes que generen credibilidad y la confianza de los ciudadanos”.

El diputado Fernando Donato De las Fuentes Hernández, del PRI, dijo que su grupo parlamentario coadyuvará en la revisión y seguimiento a las observaciones y en las posibles responsabilidades que en su caso se determinen en la Cuenta Pública 2017, porque necesitamos avanzar en trasparencia y rendición de cuentas para el mejor ejercicio del gasto público.

“Con este acto de entrega se reconoce el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación. La fiscalización de la cuenta pública comprende la revisión, gestión financiera de las entidades públicas respecto a los ingresos, gastos públicos y deuda pública y el manejo, custodia y aplicación de los recursos federales, así como la práctica de auditorías sobre el desempeño del cumplimiento de objetivos de los programas federales”, subrayó.

En tanto, el diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz (PES) refirió que la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017 señala que 14 de cada cien mexicanos sufrieron algún acto de corrupción. Asimismo, en la investigación de responsabilidades administrativas en el Sistema Nacional Anticorrupción, se detectó que la sanción a esos actos es sólo a ocho de cada cien. Lo cual, dijo, se convierte en un espacio para la impunidad que no se ha podido revertir ni con las leyes ni buenas prácticas.

“Hoy la gente quiere que el gobierno administre sus recursos, pero bien”. Se pronunció por ser coadyuvante del esfuerzo de la ASF y exigentes con los recursos para garantizar la profesionalización y capacitación de auditores.

Por su parte, el diputado Alfredo Porras Domínguez (PT) consideró que se tiene un gran reto porque el pueblo de México “nos necesita hoy más que nunca a todas y todos los legisladores, auditores y directivos, y nos invita a ser eficientes y eficaces”.

Convocó a que el trabajo que hace la Auditoría Superior de la Federación y que llega al área de la justicia, a la Fiscalía, no quede ahí. “México nos necesita de verdad, despojémonos hoy de muchas cosas y atadismos y hagamos un sólo compromiso por el que estamos sirviendo a la nación, por una verdadera patria que está conformándose”.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (MC) afirmó que una de las grandes demandas de los ciudadanos es acabar con la corrupción. No obstante los esfuerzos realizados en el Sistema Nacional Anticorrupción y las entidades federativas, México el año pasado cayó varios lugares en el Índice Internacional de Corrupción como uno de los países que se ven afectados por este flagelo. Por ello, dijo, debemos ser autocríticos sobre los aspectos que impiden obtener mayores resultados, pese a los esfuerzos que se realizan tanto por la ASF como por las auditorías de las entidades.

Resaltó que el cambio político constituye un mandato para sociedad y poderes públicos, “en el sentido de un cambio que en verdad vaya al fondo para acabar con los desvíos de recursos públicos y actos de corrupción”. Estimó que no sólo se trata de un tema de problema punitivo, sino de conciencia social e institucional de lo que esta situación le ha representado al país durante muchos años. “Se requiere una acción integral que implique la participación de todas las entidades, instituciones involucradas, poderes públicos y un cambio de cultura en la sociedad”.

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