26-07-2019.- La presidenta de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández (PES) señaló que para lograr una adecuada gestión integral de riesgos es necesario que el Congreso de la Unión genere mecanismos que incluyan a la sociedad, ya que en la medida que a las personas se les reconozca como sujetos de derecho se llegará a un país más resiliente.

Durante la cuarta mesa de trabajo de la Comisión Conjunta en Conferencia para la redacción del Proyecto de la Iniciativa de la Ley General para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Protección Civil, la legisladora resaltó que en todas las tragedias originadas a causa de fenómenos naturales, la población ha tenido un papel primordial en labores de rescate; sin embargo, apuntó, existe muy poca participación en materia de prevención.

En este sentido, expresó que la ley de gestión integral de riesgos de desastres y protección civil busca reconocer el rol que juegan las organizaciones sociales y los cuerpos de voluntarios en la salvaguarda de la ciudadanía, en caso de contingencia natural o humana.

Mencionó que el gobierno federal también está comprometido; muestra de ello, es que el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” conlleva actividades dirigidas a la protección civil, lo cual es primordial, ya que serán los voceros para que los colonos de sus comunidades cuenten con un plan familiar y una maleta de emergencia ante alguna contingencia.

La diputada Reséndiz Hernández anunció que el próximo mes se llevará a cabo el Foro Permanente de Legisladores en Materia de Protección Civil, con la participación de representantes de las entidades del país, a fin de homologar los protocolos en la gestión integral de riesgos.

El presidente de la Comisión de Gobernación del Senado de la República, Cristóbal Arias Solís (Morena), reconoció que el diseño y ejecución de las políticas públicas de atención y prevención de desastres debe darse desde la participación ciudadana y dejar de pensar que únicamente es labor de las autoridades de protección civil.

Afirmó que hoy en día el Sistema Nacional de Protección Civil no sólo está integrado por las autoridades, sino por grupos vecinales, voluntarios, cuerpos de bomberos, representantes de organizaciones privadas y centros de investigación; sin embargo, en el marco normativo no se aprecia un apartado referente a la colaboración ciudadana.

“Pensamos que es un mecanismo que debe estar bien establecido y articulado desde el Plan Nacional de Desarrollo, a través de un nuevo plan nacional de gestión integral de riesgos, así como en los programas de las entidades y municipios en materia de protección civil y prevención de desastres”.

Sostuvo que con la aportación ciudadana se cumplirán más y mejor las metas para hacer frente a los desastres, reducir los riesgos y vulnerabilidades causadas por el cambio climático.

Griselda Franco, coordinadora de Riesgos de Desastres de OXFAM México, señaló que para el diseño de una ley en la materia es fundamental la contribución social, pues ello logrará que la legislación sea eficiente y acorde con las necesidades de las regiones y población.

Enfatizó que la participación ciudadana debe estar en todo el ciclo de la creación del orden jurídico; es decir, la evaluación, prevención, alerta temprana, la respuesta, la rehabilitación y la reconstrucción.

“La gestión integral de riesgo no es únicamente tener medidas técnicas, sino decidir planificar y aplicar con los grupos y las personas adecuadas, porque la participación ciudadana hace que esta tarea se mejore y amplíe, apuntó la especialista del OXFAM.

Añadió que esta ley debería establecer mecanismos que promuevan el esquema de la prevención en cooperación con la sociedad civil, lo cual permitirá cumplir con el artículo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que busca facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles.

Durante la participación de expertos y representantes de la sociedad civil, coincidieron y propusieron diversos puntos, a fin de integrar a la ciudadanía en la protección civil como la prevención y la atención de emergencias.

En la mayoría de las ocasiones en que ocurre un destare, la ciudadanía es la primera en responder, aunque no se quiera ver así, por lo que se debe concientizar a la población hasta dónde pueden llegar y en qué momento dar paso a los cuerpos de rescate y fomentar la capacitación ciudadana.

Asimismo, señalaron la importancia de promocionar un atlas de riesgo y hacerlo amigable para que sea comprendido por la sociedad. “La protección civil somos todos y no sólo el gobierno”. El gran reto es involucrar al ciudadano ordinario a través del acceso libre a la información de riesgos. “En el caso del atlas de riesgo del estado de México se tiene que pagar 3 mil 200 pesos para acceder a él; se está trabajando para quitar este cobro”.

Se tiene que asumir responsabilidades y hacer campañas para que la población sepa la manera correcta de participar. “En 1985 la ciudadanía no estaba preparada y salió a las calles a hacer lo que el Estado no hizo”, tenemos que reconocer que la población no es un entorpecimiento a la hora de actuar en casos de emergencia.

Además, solicitaron poner énfasis en la participación de grupos de rescate no oficiales, ya que muchas veces la cooperación ciudadana se convierte en delitos como abusos y rapiñas, por lo que se tendrá que trabajar en las áreas ministeriales y definir este tipo de ilícitos en casos de emergencia.

Expusieron que es necesario fomentar la cultura de la adquisición de seguros como estrategia de prevención y crear una aplicación móvil para consultar el atlas de riesgo a un costo accesible y reconocer la importancia de las redes sociales en siniestros.

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