27-06-2019.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con modificaciones, el dictamen a la minuta que expide la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, para establecer las bases de acciones y programas que las dependencias públicas deberán llevar a cabo con el objetivo de impulsar la confianza otorgando beneficios y facilidades administrativas relacionadas con la actividad que desempeñan personas físicas y morales.

El documento, avalado en lo general por 430 votos a favor, uno en contra y 8 abstenciones, crea un Padrón Único de Confianza, con el propósito de capturar, almacenar, custodiar, consultar, administrar y transmitir información concerniente a los contribuyentes que podrán ser beneficiarios de los programas.

Los diputados acordaron que esta ley no será aplicable tratándose de las materias fiscal, aduanera, trabajo, seguridad social, comercio exterior y respecto a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, en términos de la Ley Federal para la Prevención de Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, auditorías y visitas instruidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que se refiere el artículo 63 en relación con el artículo 37, apartado B, fracción VII de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.

Argumentaron que la aplicación de la ley le corresponde a la Secretaría de Economía por conducto de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. El Padrón formará parte del Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios al que se refiere la Ley General de Mejora Regulatoria y será considerado como una base de datos en términos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

En la fundamentación del dictamen, el presidente de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, diputado Fernando Galindo Favela (PRI), expresó que la ley considera la integración y operación de un padrón, así como las consecuencias de inscribirse para las personas interesadas que se traducirán en beneficios y facilidades administrativas para el desarrollo de las actividades económicas; además establece las bases de coordinación entre las dependencias y las entidades de la administración pública federal.

Mencionó que se prevén las facultades del órgano encargado de definir las actividades, esquemas y programas a través de los cuales se determinarán el otorgamiento de beneficios y facilidades administrativas que podrán percibir las personas registradas en el padrón único de fomento a la confianza ciudadana, así como los criterios y objetivos que deberán atenderse al otorgarlos.

Se determina que las personas beneficiarias inscritas en el padrón podrán ser seleccionadas para recibir un reconocimiento de confianza ciudadana.

Galindo Favela puntualizó que se estableció respetar los compromisos adoptados en los organismos, acuerdos, convenios y tratados internacionales de los que México forma parte. Se logró exceptuar de la posibilidad de cancelar las verificaciones e inspección en materia de seguridad alimentaria, sanidad e inocuidad agroalimentaria animal y vegetal y la salud humana.

“Nadie puede estar en contra de fomentar la confianza ciudadana. Este documento va por la ruta correcta al desregular los trámites y trabas administrativas a los que se enfrentan los ciudadanos y que muchas frenan la capacidad de crecimiento y desarrollo de una pequeña y mediana empresa, que es el segmento de población a quienes más se les complica cumplir con todos los trámites en el país”, detalló.

Indicó que fomentar la confianza ciudadana, sobre todo a los pequeños y medianos empresarios, va en el sentido correcto de impulsar un mayor crecimiento y desarrollo económico.

En los posicionamientos, la diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz (Morena) señaló que el objetivo es dejar de ver a los empresarios como delincuentes, estructurando una nueva dinámica de vigilancia, inspección y/o verificación con excepción de las actividades que tengan por objeto salvaguardar la seguridad nacional, la sanidad y la inocuidad agroalimentaria.

Se elimina la carga económica que representa la práctica de estas inspecciones, erradicando la posibilidad de corrupción y otras actividades lesivas para la sociedad.

Su compañero de bancada, diputado Marco Antonio Reyes Colín afirmó que la nueva ley permitirá el desarrollo de políticas que disminuyan la corrupción, mejorar la regulación y simplificar trámites y servicios. Se fomentará un entorno de confianza para que los ciudadanos cumplan con sus obligaciones legales, tener una disminución burocrática en su quehacer cotidiano, propiciando que fácilmente se identifiquen aquellos trámites o requisitos innecesarios.

Por el PAN, el diputado José Salvador Rosas Quintanilla resaltó que esta nueva ley es un primer paso para generar un ambiente de negocios diferente y una cultura de legalidad en México. Además, brinda la oportunidad de que los ciudadanos ejerzan sus actividades económicas de manera óptima y ágil a través de la simplificación de trámites administrativos, fortalece la confianza del ciudadano en las instituciones públicas y promueve la cultura de la legalidad.

La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI) aclaró que su grupo parlamentario está de acuerdo en impulsar leyes que promuevan el establecimiento formal de actividades económicas como un eje rector para el crecimiento económico, la generación de empleos y en beneficio de las y los mexicanos; pero en el dictamen no se mencionan los beneficios precisos ni las sanciones específicas en caso de desacato, además fomenta la diferenciación de trato entre los contribuyentes, advirtió.

La diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (PES) señaló que el dictamen busca establecer las bases e instrumentos legales para generar un nuevo paradigma de gobierno basado en la confianza ciudadana y reconocer a quienes cumplen con sus obligaciones regulatorias y fiscales de forma espontánea, a través de la recepción de beneficios y facilidades administrativas para que puedan ejercer de manera óptima sus actividades económicas y con menos trámites.

Del PT, el diputado Benjamín Robles Montoya afirmó que hoy se tiene la oportunidad de poner fin a la etapa burocrática, que es secuela del pasado neoliberalismo. La Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, dijo, contribuirá en la consolidación de la apertura como un eje rector de la administración pública. “Se acabó el uso de poder para amedrentar a los ciudadanos y la soberbia como regla de gobierno. Se propone confiar en el pueblo de México”.

La diputada de MC, Ruth Salinas Reyes, expresó que con la aprobación de esta ley se da un paso más en la construcción de un México hacia el desarrollo. “No podemos entender una democracia plena sin la participación directa y madura de la ciudadanía en asuntos públicos. Este voto de confianza no será un cheque en blanco para que el gobierno, en la instrumentación de la ley, desarrolle políticas populistas y electoreras, privilegiando de manera discrecional a unos cuantos que sean afines al partido mayoritario y no a la ciudadanía”.

El diputado Raymundo García Gutiérrez (PRD) expresó que el dictamen establece las bases para fomentar la confianza ciudadana en la autoridad, otorgando beneficios y facilidades administrativas a las personas físicas y morales. “Busca el desarrollo económico mediante la reducción de trámites administrativos que se prestan a la corrupción, particularmente en el nivel de inspectores y verificadores que inhiben el desarrollo del comercio y la industria”.

Durante la discusión, el diputado Sergio Fernando Ascencio Barba (PAN) consideró necesario recuperar la confianza de todos los ciudadanos de este país, pero ésta se echa a la borda al no decir cuáles son las reglas de operación y no decir cómo se va a generar la auditoría para que la gente que se va a verificar.

La diputada Dulce María Sauri Riancho (PRI) dijo que la ley tiene un loable propósito porque busca crear un marco que permita otorgar beneficios y facilidades administrativas relacionadas con la actividad económica que desempeñan las personas. Consideró que no queda claro el renglón de los mecanismos, las inspecciones y verificaciones que forman parte de su producción nacional, así como de las importaciones realizadas.

La diputada Dolores Padierna Luna (Morena) subrayó que la corrupción es uno de los problemas que más afectan el desarrollo económico del país y cualquier esfuerzo por combatirla debe ser apoyado. Esta ley, afirmó, fomenta un entorno de confianza, lo que permite que los ciudadanos cumplan con sus obligaciones legales, tengan una disminución burocrática en su quehacer cotidiano, propiciando que él mismo identifique aquellos trámites o requisitos innecesarios, para eliminarlos.

El diputado José Guadalupe Aguilera Rojas (PRD) resaltó que desde este Poder Legislativo se puede contribuir para que las y los gobernados establezcan una nueva relación con sus instituciones, fortaleciendo el contrato social y, en consecuencia, mejorando las condiciones de gobernabilidad democrática. “Debemos repensar cómo construir un Estado que cumpla y responda a las exigencias de las y los ciudadanos y poder avanzar hacia instituciones que gocen de mayor credibilidad”.

Juan Francisco Ramírez Salcido, diputado de MC, dijo estar a favor de esta ley, porque México debe elaborar mejores maneras de promover el desarrollo económico, pues las trabas administrativas representan una de las variables que generan más rezago en la promoción de nuevos negocios, toda vez que se requieren, en promedio, siete trámites, 12 días y un desembolso equivalente a 11.5 por ciento del ingreso per cápita para echar a andar un negocio.

Por Morena, el diputado Azael Santiago Chepi expuso que la nueva Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana busca proteger a los contribuyentes, convirtiendo la cultura de la legalidad y de la integridad en el eje rector del desarrollo económico, instituyendo un paradigma diferente que deje atrás el principio de la fiscalización y adopte el de la buena fe hacia el contribuyente.

Discusión en lo particular

En lo particular, con 368 votos a favor y 67 en contra, el Pleno aceptó la propuesta de modificación al artículo 13, impulsada por la diputada Dulce María Sauri Riancho (PRI), para incluir la atribución de ejercer la regulación, control, vigilancia y fomento de la protección contra riesgos sanitarios.

Se busca vigilar las importaciones y exportaciones en materia de establecimientos de salud, medicamentos y otros insumos para la salud; disposición de órganos, tejidos, células de seres humanos y sus componentes; alimentos y bebidas; productos cosméticos, de aseo, tabaco, plaguicidas, nutrientes, vegetales, sustancias tóxicas o peligrosas para la salud; productos biotecnológicos, suplementos alimenticios, materias primas y aditivos que intervengan en la elaboración de productos anteriores.

Además, en términos del dictamen, quedaron las reservas a los artículos 6 y 11 de la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, así como el Tercero Transitorio.

Se devolvió al Senado de la República para los efectos de la fracción E del artículo 72 Constitucional.

Posteriormente, se levantó la sesión y cito a la Solemne que tendrá lugar mañana viernes 28 de junio, a las 10:00 horas, y al término de la misma, la extraordinaria.

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