08-05-2019.- En Periodo Extraordinario, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, el dictamen a la minuta que reforma los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política, en materia educativa, devuelta por el Senado de la República y modificada por las comisiones unidas de Educación y de Puntos Constitucionales, previa a su presentación en el Pleno.

El documento fue avalado en lo general por 396 votos a favor, 68 en contra y una abstención. En lo particular, los artículos reservados en términos del dictamen, y las modificaciones aceptadas por la asamblea al artículo Décimo Quinto Transitorio, fueron avalados por 389 votos en pro, 60 en contra y dos abstenciones. Se devolvió a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

Al inicio de la sesión del Pleno, la vicepresidenta de la Mesa Directiva, diputada Dolores Padierna Luna (Morena), precisó que como lo establece el primer supuesto de la fracción E del artículo 72 constitucional, la discusión versaría únicamente sobre lo desechado por el Senado, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados por ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

Los artículos a discusión fueron: 3º, párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, décimo, decimoprimero y decimosegundo. De la fracción II, el inciso c); inciso e), primer y segundo párrafos, e inciso f). Las fracciones V, VIII, IX y X.

Del artículo 31, fracción I, y del artículo 73, fracción XXV, así como los transitorios segundo, cuarto, noveno (primer párrafo), decimoprimero, decimocuarto, decimoquinto y decimosexto.

Para lo particular, la diputada Padierna Luna precisó que se recibieron 30 propuestas de 20 oradoras y oradores.

En la fundamentación, la diputada Adela Piña Bernal (Morena), presidenta de la Comisión de Educación, expresó que en un ánimo de seguir construyendo consensos y reiterando la disposición de esta Cámara de escuchar a todas las voces, se estimó oportuno considerar algunas de las propuestas planteadas por las y los senadores, en razón de lo siguiente:

En el párrafo décimo del artículo 3º se establece que los materiales, infraestructura y de los planteles educativos serán idóneos para contribuir a los fines de la educación.

En el párrafo decimoprimero, a pesar de ya estar contempladas las ciencias y las humanidades, se enfatiza la importancia de las matemáticas y la lectoescritura en planes y programas de estudio. Además, se mejora la redacción, al referir correctamente la educación sexual y reproductiva.

En el Décimo Primero Transitorio se agrega la obligación para que el Ejecutivo federal, en un plazo no mayor de 180 días, contados a partir de la entrada en vigor de las disposiciones, defina una estrategia nacional de mejora de las escuelas normales para su fortalecimiento.

Además, en el Décimo Cuarto Transitorio se amplía un párrafo para precisar que esta Cámara aprobará en el Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción V del artículo 3º, respecto a la ciencia, tecnología y la innovación.

En el Décimo Quinto Transitorio se realizan ajustes a la redacción para establecer con mayor claridad el financiamiento de la educación superior, a efecto de cumplir cabalmente con su obligatoriedad.

Y finalmente, dijo, en el Décimo Sexto Transitorio se precisa que prevalecerá la rectoría del Estado acorde con el párrafo segundo del artículo 3º.

Peña Bernal expresó que en lo relativo a las demás propuestas de los senadores y senadoras, “consideramos que no abona al espíritu de los acuerdos alcanzados con todos los actores sociales involucrados en el proceso educativo y que aquí en esta soberanía han sido siempre escuchados”.

Mencionó que en lo relativo a las demás propuestas de las y los senadores, las comisiones unidas de Educación y Puntos Constitucionales, “consideramos que no abona al espíritu de los acuerdos alcanzados con todos los actores sociales involucrados en el proceso educativo y aquí en esta soberanía han sido siempre escuchados”.

La diputada explicó que esta reforma abroga la Ley de Servicio Profesional Docente, que es la originaria de los mayores agravios al magisterio y en la que se funda todo el proceso de las evaluaciones punitivas; elimina la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, institución que se encargó de perseguir a los maestros y renunció a su autonomía constitucional para obedecer a intereses contrarios a la educación.

Establece que la educación es un derecho y no como un privilegio de unos cuantos, ya que obliga al Estado a garantizarla en todos sus tipos y niveles, desde la inicial hasta la superior.

Ratifica la rectoría del Estado en la educación, es decir, garantiza el derecho a la educación sin la influencia de organismos externos a ella, nacionales o internacionales. “Se basará en el respeto irrestricto a los derechos humanos con un enfoque de perspectiva de género y cultura de paz, tan necesarias para combatir desde la escuela la violencia que azota a la nación”.

Puntualizó que el Estado priorizará el interés superior de la niñez en el acceso, participación y permanencia en los servicios educativos sin que esto signifique menospreciar los derechos laborales del magisterio. La reforma distingue a las y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo y reconoce su contribución al cambio social. “Nunca más una campaña de acoso y de denostación al magisterio”.

También, a las y los maestros, se les reconoce el derecho a acceder a un sistema de formación, capacitación y actualización realimentado por evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales. El ingreso, la promoción y el reconocimiento estarán asociados con los conocimientos, aptitudes y experiencia. Nunca más exámenes estandarizados.

Se fortalecerá a las normales para que sean el centro de la política de formación de profesores para la educación básica. Se acabaron los tiempos de abandono y de desprecio a estas instituciones. Se fortalecerá la educación indígena, plurilingüe e intercultural y se establecerán medidas alimentarias en las escuelas de rezago social. Además, la educación buscará el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, así como el cuidado de la naturaleza. Hay muchas cosas que pudiéramos decir del dictamen que aprobamos aquel día.

En los posicionamientos, la diputada Flora Tania Cruz Santos (Morena) señaló que se está “en un momento histórico de nuestra nación” y esta reforma representa un cambio de fondo para integrar un mejor sistema educativo nacional al servicio de las y los mexicanos. “Un sistema educativo nacional que tenga como eje la excelencia, que apunte al desarrollo y haga posible la justicia social”.

Dijo que se tiene como meta la mejora continua de la enseñanza, con evaluaciones diagnósticas que no vulneren los derechos de las y los maestros. “Nunca más una evaluación punitiva. Es una propuesta que afirma y confirma la rectoría del Estado en la educación y centra su interés en la formación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Una reforma integral cuyos objetivos son la mejora continua con un enfoque en derechos humanos, igualdad sustantiva, respeto a las libertades, dignidad de las personas, cultura de la paz y la honestidad”.

Por el PAN, el diputado Felipe Fernando Macías Olvera consideró que no se puede aprobar artículos “mañosos, dolosos, que abren la puerta a la corrupción y que abren la puerta a la compra y venta de plazas magisteriales”.

Precisó que en el artículo 16 transitorio “queda claro que se abren las puertas a la corrupción, al regreso a la compra y venta de plazas, a que un grupo de líderes sindicales decida quién es maestro y quién no, y la nómina magisterial”. Enfatizó que aprobar esta reforma “es una verdadera traición al futuro de nuestro país”. Enfatizó que su grupo parlamentario se opone a esta reforma que empodera a unos cuantos y abre la puerta a la corrupción y a la mediocridad.

Ana Lilia Herrera Anzaldo, diputada del PRI, señaló que su grupo parlamentario defendió lo alcanzado en la reforma de 2013 y se logró mantener la evaluación para la admisión, la promoción y el reconocimiento del personal que ejerce la función docente, directiva o de supervisión. Asimismo, dijo, los procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones y establecidos en la ley secundaria deberán ser públicos, transparentes, equitativos e imparciales.

Resaltó que otra aportación de su bancada fue fortalecer a las instituciones públicas de formación docente, en particular las escuelas normales, obligando a este Poder a que en las leyes secundarias se establezcan criterios para su desarrollo institucional, regional, para la actualización de sus planes y programas de estudios, para la superación académica y construir y constatar la mejora educativa. Sin embargo, lamentó que no se tenga un presupuesto claro ni un rumbo económico financiero.

La diputada Claudia Báez Ruiz (PES) sostuvo que es una reforma de gran calado que traerá grandes beneficios a las niñas, niños, jóvenes, y que reconoce la importante función que los maestros tienen en el Sistema Educativo Nacional. Señaló que se reitera que recibir educación en todos los niveles es un derecho universal de las y los ciudadanos, y por ello el Estado tiene la obligación de asegurar que este derecho se haga efectivo.

Resaltó que “esta verdadera reforma educativa” permitirá un mayor acceso de jóvenes a la educación superior. Destacó que con esta modificación se brinda un reconocimiento a las escuelas normativas en México y se establece que el Estado las fortalecerá en los términos que disponga la ley secundaria.

El diputado Alfredo Femat Bañuelos (PT) expresó que su partido ha sido un impulsor y defensor de la educación pública, laica y gratuita, y en donde el proceso de enseñanza-aprendizaje enraice en los estudiantes el sentido crítico-científico, de solidaridad y transformación en beneficio del país, y denunció que las reformas al artículo 3º de los gobiernos anteriores únicamente sirvieron para incrustar en el modelo educativo el paradigma neoliberal.

Se congratuló de que se incluya a la educación inicial en la básica y, por lo tanto, se establezca su prestación de manera obligatoria para el Estado mexicano. “Debemos estar conscientes que invertir adecuadamente en la formación de las y los niños es lo mejor que podemos hacer en México. Sin una verdadera educación científica y laica seguiremos arrastrando sinergias del pasado. Las y los menores no pueden esperar a recibir una mejor enseñanza”.

De MC, el diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla puntualizó que hoy se culmina un esfuerzo que dota al país de la educación que merecen las y los mexicanos. El dictamen, indicó, incorpora el derecho a la enseñanza inicial y superior, así como la obligación del Estado de garantizarlas; agrega el principio de rectoría del Estado y el carácter universal e inclusivo; establece un enfoque de derechos humanos, igualdad sustantiva y respeto irrestricto de la dignidad de las personas, y prioriza el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

También, revalora la función de las y los maestros como agentes del proceso educativo y reconoce su contribución a la transformación social; establece el sistema de carrera de las y los docentes, y destaca que el otorgamiento de plazas académicas será a través de procesos de selección, públicos, transparentes, equitativos e imparciales y no por concesiones sindicales. Sin embargo, dijo, no es suficiente el impacto presupuestal entregado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. “No se hicieron los cálculos de forma integral de lo que estos nuevos derechos implicarán al presupuesto”.

La diputada del PRD, Abril Alcalá Padilla expuso que este documento es fruto del parlamento abierto, donde la oposición tuvo una tarea fundamental. “Hay que sentirnos orgullosos, porque es nuestra y no del Presidente de la Republica, ya que incluimos la educación inicial y superior como obligatoria para el Estado, el enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva, la pluriculturalidad, el derecho de las personas a los beneficios de la ciencia y la tecnología, hábitos saludables, y defiende la rectoría del Estado por encima de cualquier interés clientelar”.

Sostuvo que la educación hoy queda en manos del Estado y del Ejecutivo federal. “Le hacemos un llamado, si en estos textos hemos intentado defender estos servicios de vicios de décadas y de un sindicalismo mal entendido, hoy la pelota está en su cancha; si la corrupción persiste y si se sigue utilizando a los docentes como carnada electoral, recaerá sobre sus espaldas. Qué más quisiéramos que con este texto se resolvieran todos los males de la educación, pero quedan las leyes reglamentarias. Apostamos a una enseñanza para la vida que hoy se ve reflejada en este documento”.

Marco Antonio Gómez Alcantar, diputado del PVEM, expresó que independientemente de la posición ideológica de cada quien, existe consenso en que la educación es una herramienta indispensable para acotar la brecha de desigualdad que por décadas ha colocado a la sociedad en un profundo rezago. “La enseñanza debe servir para promover, entre otras cosas, justicia, equidad, desarrollo y crecimiento económico, así como la formación de ciudadanos comprometidos con el cambio y con la transformación de México”.

Agregó que la educación requiere ser de calidad. “Tenemos la convicción de que sólo se logrará esto a través de mejores escuelas, maestros y contenidos educativos. Buscamos que el sistema esté sustentado en una pedagogía renovada y transformadora, que contemple el magisterio como pieza clave en la tarea de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. La educación no puede ser una bandera política en particular, sino un esfuerzo de Estado para que vuelva a ser un factor de transformación y movilidad social para todos”.

En la discusión en lo general, la diputada Miroslava Carrillo Martínez (Morena), presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, destacó su voto a favor porque se reconoce la educación como pilar para erradicar la desigualdad y proporcionar herramientas que eviten la marginación, fuente primaria de la violencia. “Es una oportunidad histórica de cambiar el destino de niñas, niños y adolescentes”.

Indicó que la reforma está a la altura de los ideales de movimientos estudiantiles, indígenas, magisteriales y sindicales que entienden la mejora educativa como instrumento para la transformación social, económica, cultural, científica y tecnológica; contiene un diseño educativo progresivo, de excelencia, incluyente y democrático; prioriza el interés de la niñez y adolescencia, reconoce la educación como derecho universal de este sector de la población y respeta derechos laborales de docentes.

“No segrega ni estigmatiza discapacidades, ni discrimina al sobresaliente, contempla contexto social, la pluriculturalidad de los diversos grupos indígenas, así como sus tradiciones”.

Del PAN, el diputado Ricardo Villarreal García dijo que el dictamen modifica el artículo 3° constitucional y elimina lo referente a la evaluación magisterial. “A eso renunciamos hoy. No concursarán en condiciones iguales para que ganen los mejores. Acabaron con los méritos y volvieron a la corrupción”. Reiteró su apoyo a las y los docentes “que luchan y hacen lo imposible por enseñar a las niñas, niños, adolescentes, y que no ven la educación como botín”.

A su vez, la diputada de MC, Martha Tagle Martínez manifestó que no se deben anteponer temas políticos o de grupo al interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, que tendrán educación de excelencia, base de la transformación social. Reconoció que la reforma es perfectible, pero contiene candados para cerrar la puerta a la venta de plazas. Destacó que la legislación secundaria “debe ser construida por consenso y sin chantajes”.

El diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) dijo que esta reforma contiene parte de la anterior “que tiene que ver con los negocios desde la educación pública”, permite que privados hagan esquemas y concesiones, incluyen materias que abren la puerta a la Prueba PISA, que tiene que ver con la subordinación al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. “No se debe aceptar”, enfatizó.

Del PT, el diputado José Luis Montalvo Luna señaló que se fortalece a las escuelas normales, que están en total indefensión, no tienen partida presupuestal, para mantenimiento ni sostenimiento; además prevé que sean estas escuelas las que dotarán a los planteles educativos de los docentes que se necesiten.

El diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal (PAN) expresó que esta reforma no elimina la evaluación, el servicio profesional docente y los términos neoliberales y empresariales como la excelencia en educación. “Es la misma reforma educativa que tanto pelean que van a derogar”, cuando también votaron por reducir recursos del PEF a las escuelas normales, ¿cómo vienen a decir que va a haber dinero si votaron su reducción para preparar más maestros?, cuestionó.

La diputada Laura Erika Garza Gutiérrez (PES) dijo que la reforma marca la ruta para construir una educación sólida e innovadora. Además, refuerza a escuelas normales, lo que significa un reconocimiento a la formación de docentes de nivel básico. También se robustece la enseñanza para comunidades indígenas. “Por eso estamos a favor del dictamen, pero sobre todo de las niñas, niños y jóvenes del país”.

Isabel Guerra Villarreal, diputada del PAN, se pronunció en contra del documento porque, dijo, vulnera la legalidad, la transparencia y el Estado de derecho. “Hay legisladores sometidos al magisterio y vivimos un retroceso democrático, porque se permitirá que los sindicatos controlen la educación, pues se les otorga el 50 por ciento de plazas docentes”.

Del PVEM, el diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez afirmó que la educación es la forma más efectiva para acabar con la desigualdad; por ello, la importancia de garantizar un marco jurídico sustentado en la legalidad. “La reforma anterior no se apreció en su justa dimensión y fue secuestrada por el magisterio. Hoy, pese a diferencias políticas, se establece que la educación sea de excelencia y eso mejorará la calidad de vida de los mexicanos”.

La diputada María Marcela Torres Peimbert (PAN) consideró que el dictamen tiene cuestiones de fondo, como el pacto de ceder la rectoría de la educación como pago de apoyo electoral. Asimismo, permite la filtración de sindicatos en el control de las plazas y no que sean los mejores calificados quienes accedan a la docencia.

Martha Hortensia Garay Cadena, diputada priista, comentó que la educación es un rubro estratégico para el desarrollo del país, y resulta necesario garantizar a los maestros la permanencia y mejora continua en sus condiciones laborales. “Los profesores son pilares históricos de la formación y hay que tomarlo en cuenta, asegurándoles mecanismos de actualización y programas de estudio que se traduzcan en formación de calidad para las y los alumnos”.

La diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas (PAN) afirmó que se les debe una reforma educativa a miles de estudiantes en el país, y “ésta era la oportunidad para corregir el documento y evitar la repartición de plazas; sin embargo, no se siguió ese procedimiento”.

La diputada Mildred Ávila Vera (Morena) mencionó que la educación es una poderosa herramienta de cambio, y gracias a esta reforma se incluye el principio de igualdad y no discriminación en la enseñanza. También vemos con beneplácito la interculturalidad y la inclusión, porque la formación debe ser para lograr una convivencia social armónica.

Jorge Luis Preciado Rodríguez (PAN) aseguró que se votó un dictamen sin conocerlo. “A todos los profesionistas se les evalúa, pero parece que molesta que se califique a quienes imparten clases a los estudiantes. Se va abajo una reforma que podía permitir la evaluación de los docentes y que fueran los mejores quienes estuvieran frente a un aula, pero, al contrario, se les da el poder a los sindicatos de decidir quién se queda con los lugares”.

A favor del dictamen, Antonio Ortega Martínez, diputado del PRD, dijo que la reforma recupera aspectos de la reforma del 2013, y que su partido impulsó por la justeza de los paradigmas que la animaban, además de que partía de un diagnóstico claro y atendía las necesidades de la nación en materia educativa.

La diputada Laura Angélica Rojas Hernández (PAN) dijo que el dictamen abre una ventana para que el sindicato controle un porcentaje de plazas. “Eso es lo que se votará a favor, y aunque hay cosas valiosas en el dictamen, los lugares serán manejados por las organizaciones, lo que basta a Acción Nacional para votar en contra”.

La diputada de Morena, María Chávez Pérez, se pronunció a favor del dictamen, en virtud de que se reinstalará a los maestros que impunemente fueron cesados. Ahora, explicó, el Estado se compromete a profesionalizar a los docentes, porque antes lo hacían con sus propios recursos. Expresó que “los docentes no se han negado a la evaluación, pero lo que se hacía se trataba de un acto punitivo”.

Verónica María Sobrado Rodríguez, diputada del PAN, se manifestó a favor de la educación, pero en contra de una reforma clientelar, ya que la enseñanza es motor de crecimiento y movilidad social. “No podemos aprobar esta reforma que no ha cumplido con el procedimiento, las leyes y reglamentos; no queremos más plazas a cambio de favores; estamos a favor de una educación de calidad”.

Previamente, se desechó una moción suspensiva del diputado Marcos Aguilar Vega (PAN), para detener la discusión y devolver el dictamen a comisiones, a fin de reponer el proceso legislativo. “Las y los diputados de Acción Nacional no podemos validar un procedimiento viciado: no vamos a ser comparsas de nadie ni vamos a participar en urgencias; no avalamos una reforma que surge de improvisaciones. Las y los niños, así como las y los maestros merecen algo mejor y con el mayor consenso”.

Discusión en lo particular

En lo particular, el Pleno aceptó modificaciones al artículo Décimo Quinto Transitorio, presentadas por la diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez (PRI), relativo al fondo federal especial que ahí se menciona, para asegurar a largo plazo los recursos económicos “necesarios que garanticen la obligatoriedad de los servicios de educación superior”.

“No se trata de que estados y municipios dejen de invertir en educación, sino de que el gobierno federal absorba los costos adicionales de esta reforma sin que esto afecte las finanzas de los demás órdenes de gobierno”, enfatizó Sánchez Martínez.

Emitieron sus comentarios a favor de esta propuesta los diputados Juan Pablo Sánchez Rodríguez (Morena), Óscar Bautista Villegas (PVEM) y Enrique Ochoa Reza (PRI). En tanto que el diputado Alfonso Robledo Leal (PAN) se manifestó en contra.

Los artículos reservados para lo particular fueron el 3º párrafo tercero; sexto; octavo; décimo; décimo primero; décimo segundo, y las fracciones segunda, novena y décima, así como los transitorios Décimo Primero, Décimo Cuarto y Décimo Sexto, quedando en términos del dictamen.

En votación económica, el Pleno autorizó que el Senado de la Republica remita a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política, en materia educativa, sólo con lo aprobado por ambas cámaras.

A continuación, la Mesa Directiva informó que participará por escrito al Ejecutivo federal, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Cámara de Senadores y a la Comisión Permanente, que ha declarado formalmente terminados sus trabajos correspondientes al Primer Periodo Extraordinario de Sesiones del Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.

Posteriormente, la asamblea avaló que el acta de la sesión se dé por leída y que se distribuya a los grupos parlamentarios para su revisión y aprobación. Enseguida se levantó la sesión.|

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