• Cobertura y conectividad, principales retos: IFT

• Necesario, incluir en el PND una política pública para el desarrollo de la radio y la televisión: CIRT

21-05-2019.- La subsecretaria de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Salma Jalife Villalón, destacó que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 plantea cinco estrategias para robustecer el sector de las telecomunicaciones, además de promover la cobertura de Internet en todo el país.

Manifestó que contiene acciones para impulsar la infraestructura de redes críticas y de alto desempeño, con el objetivo de dar acceso a la banda ancha a todos los ciudadanos. También toma en cuenta el desarrollo tecnológico sostenible y la creación de modelos para la transformación digital.

Al participar en el “Foro de análisis sobre el sector de la radiodifusión en el marco de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024”, subrayó que el documento incluye uno de los objetivos primordiales de la Cuarta Transformación: trabajar en esquemas que faciliten la cobertura digital universal y que la población goce de los beneficios de la radiodifusión y las telecomunicaciones.

Estimó que la digitalización está rompiendo paradigmas y el reto es lograr que los medios tradicionales se adapten y subsistan a los cambios tecnológicos.

La funcionaria federal agregó que otro tema relevante es el apoyo a las radiodifusoras regionales y comunitarias. “Hoy tenemos 21 radios de este tipo, la cuales transmiten en 32 lenguas indígenas en 25 entidades del país, con una audiencia de 4.7 millones de personas originarias”.

Destacó el papel de la radio porque es un medio que se ha adaptado a los cambios tecnológicos, y aunque “hoy sus enemigos son las plataformas digitales y las redes sociales, todavía es preponderante por la confianza, entretenimiento e información que brinda a los escuchas”.

Sobre la televisión, comentó que ha sufrido cambios relevantes en el siglo XXI; sin embargo, en la actualidad es el servicio con mayor penetración en el país, con una audiencia cercana al 95 por ciento del total medible.

Asimismo, habló respecto de la comunicación y la movilidad; es decir, la red celular que, aseguró, debe migrar de la tecnología 3G o 4G, a la red de quinta generación. “Hay que ver si tenemos esa infraestructura disponible. Tenemos cubierto el 40 por ciento, pero el reto es llegar a todos los espacios rurales y las zonas urbanas donde haya rezagos”.

Finalmente, apuntó que desde la SCT se trabaja para combinar los sistemas actuales tradicionales con el internet y los nuevos mecanismos y tecnologías, como la realidad virtual e inteligencia artificial.

Por su parte, Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar, comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), expresó que México vive una nueva era, la de las telecomunicaciones, del internet, de la inteligencia artificial y en donde convergen multitud de plataformas, servicios y tecnologías, pero en la que sigue y seguirá siendo muy importante la radiodifusión.

La radio y la televisión abierta, dijo, continúan siendo dos de los principales medios, a través de los cuales más personas en México consumen contenidos. La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2018 revela que el 93 por ciento cuentan con, al menos, un televisor, y según la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales, seis de cada diez hogares tienen, en mínimo, un radio.

Relató que México es de esos países del mundo que pagan suscripciones de televisión restringida para ver la abierta. “La mayoría de los usuarios que ven la de paga consumen contenidos de la abierta. No cabe duda cómo contribuye la radiodifusión en el país al ejercicio de derechos como la libertad de expresión, información, entretenimiento y cultura”.

La radiodifusión es el medio idóneo para que los ciudadanos conozcan qué ayudas ofrece el gobierno. Además, ningún servicio ha tenido el alcance, capacidad y heroísmo como la radio. “Cuando todo lo demás se cae, las antenas de la radiodifusión generalmente siguen cumpliendo con su función social que mandata la Constitución”.

Contreras Saldívar precisó que no sólo es un medio para ejercer derechos, también apoya y contribuye de forma relevante en la economía, genera más de 40 mil empleos y aporta cerca de 26 mil millones de pesos al Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Detalló que en la Carta Magna está el derecho que tiene cada mexicano a acceder a estos servicios y bajo condiciones que propicien continuidad, obligatoriedad y generalidad, pero además con atributos especiales y previstos por la Constitución.

“Debe prestarse en condiciones de competencia y calidad, brindar los beneficios de la cultura a toda la población, preservar la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional y contribuir a los fines del artículo 3º constitucional. Todo eso debe ser la radiodifusión”, añadió.

Se puede hacer por medio de distintos tipos de concesiones: pública, comercial y social, dentro de ello, los comunitarios e indígenas. Con la Transición a la Televisión Digital Terrestre, expuso, se logró la multiprogramación, pues donde antes se veía un canal hoy pueden verse hasta cuatro, y esto impacta en las audiencias, pues si antes se tenía acceso a 311 señales gratuitas, en la actualidad son 882.

Subrayó que gracias a licitaciones públicas e inéditas se tiene una nueva cadena nacional y 32 locales, así como otras 141 estaciones de la radio. Además, se han asignado de manera directa 227 concesiones no comerciales de radiodifusión; entre ellas, 135 de uso social, 62 de origen comunitario, siete de uso indígena y 72 de carácter público.

Con el acompañamiento de la industria, el IFT emitió una disposición técnica que obliga a que todos los dispositivos celulares con capacidad de recibir FM, lo traigan de fábrica habilitados y cuando nosotros, como consumidores lo compremos, “tenemos un radio en la mano; no necesitamos consumir datos por internet”.

Se necesitan más contenidos de mayor calidad, pero en beneficio de las audiencias; se ha facilitado el otorgamiento de concesiones y emitido disposiciones para regular la accesibilidad. Se tiene un reto importante: “Hay que llegar al cien por ciento de cobertura, pero estar cubiertos por una señal no significa que todos tengamos acceso a la misma, algo semejante sucede con telecomunicaciones, como la radiodifusión”.

Expresó que el PND resalta la importancia de la radiodifusión como un servicio público de interés general. Se habla de la implementación de una política eficiente en beneficio de los usuarios y en condiciones de competencia, lo que es consistente con la Constitución. Además, que haya certidumbre a la inversión y un marco eficaz y regulación oportuna, moderna y pertinente.

También busca llevar los servicios de la radio y la televisión a las zonas marginadas, a efecto de que cada ciudadano y, en particular, los que viven en situación de vulnerabilidad, accedan a los múltiples beneficios que traen consigo estos servicios.

El titular del IFT resaltó que los retos del sector abarcan temas de brecha de cobertura y de acceso; apropiación y uso; es decir qué se hace con la conectividad y la radiodifusión, pues de acuerdo con datos de la industria de telecomunicaciones, 90 de cada cien usuarios la utilizan para entretenerse. Además, se tiene el objetivo de cumplir con la pluralidad y veracidad de la información; mayor competencia, viabilidad y sostenibilidad.

Destacó que el uso del espectro radioeléctrico sin concesión es ilegal. “Qué bueno que haya concesiones sociales, comunitarias e indígenas; el IFT ha otorgado 227 permisos no comerciales. Si permitimos que se use el espacio de forma ilegal, se pone en riesgo la prestación de servicios públicos, e incluso, la vida e integridad de las personas. El Instituto ha recibido denuncias por estaciones ilegales que ha interferido comunicaciones de aeronaves en procesos de despegue y aproximación; tenemos que seguir trabajando en este tema”.

La presidenta de la Comisión de Radio y Televisión, diputada Laura Angélica Rojas Hernández (PAN), destacó que por primera vez esta Cámara va a aprobar o no el PND, lo que representa un logro en términos de contrapesos y rendición de cuentas.

“Es un gran gusto poder participar en este proceso, para verificar si el Plan cumple con lo mandatado por la Constitución Política, pues tiene una serie de referencias importantes de las que el Ejecutivo, como el IFT, la SCT y otras dependencias tienen que ver con radiodifusión”, añadió.

Relató que, por ejemplo, el artículo 6º constitucional establece que el Estado garantizará el derecho al acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como servicios de radiodifusión y telecomunicación, incluido el de banda ancha e internet, y para tales efectos el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.

Rojas Hernández precisó que de eso trata el foro: comparar el PND con lo que establece la Constitución en materia de radiodifusión y por ello se invitó a expertos, académicos, activistas y actores principales de la radiodifusión.

La diputada Nayeli Salvatori Bojalil (PES) señaló que el foro servirá para revisar temas relativos con los medios de comunicación y se escucharán algunas propuestas. Expresó su compromiso de buscar que se blinden de los monopolios, apoyar la radio comunitaria y la libertad de expresión, así como proteger a los periodistas.

En tanto, la diputada María de los Ángeles Huerta del Río (Morena) aclaró que el tema debe ser analizado sobre las primeras 64 páginas del Plan Nacional de Desarrollo, las cuales redactaron para que fueran comprensibles por toda la sociedad. Después, indicó, se tiene un anexo de 220 páginas, aproximadamente, en donde de manera más detallada se explicita y plantea detalladamente lo que está expresado, en un modo general, en el primer documento.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, José Luis Rodríguez Aguirre, dijo que con el PND se busca facilitar el acceso a la población al internet, a la banda ancha e impulsar el desarrollo integral de la economía digital, lo cual es toral para el desarrollo del país. Sin embargo, también se observa que los temas de radiodifusión están al margen.

Precisó que el diagnóstico se centra principalmente en telecomunicaciones y usuarios, pero no se hace un análisis de cómo se encuentra la radiodifusión y las audiencias en un mundo donde existen nuevas plataformas de difusión. Reconoció la importancia de las telecomunicaciones, pero, dijo, la radio y televisión son los medios de mayor penetración en el país, además de ser el único servicio público gratuito, por lo que consideró se debe tener un análisis más detallado.

Solicitó incluir en el PND una política pública para el desarrollo de la radio y la televisión, a fin de crear mecanismos que incentiven el desarrollo tecnológico a través de menor regulación y la integración de los servicios de radiodifusión en dispositivos móviles.

También pidió promover la coordinación de la administración pública federal con el IFT para agilizar y hacer más eficiente el despliegue y administración del espectro en la radio y la televisión; tener mejor planeación del espectro, “no estamos en contra de la competencia”, sólo que las licitaciones sean bien analizadas y promuevan competencia efectiva. Asimismo, apoyar la digitalización de la radio y que el Estado y el Poder Legislativo faciliten este aspecto, así como diseñar un piso parejo en el marco legal.

Alma Rosa Alva de la Selva, investigadora académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, expresó preocupación porque el concepto de servicio público de interés general no aparece definido en la reforma constitucional de 2013. “Sólo está mencionado, pero no definido con la precisión requerida para hacerlo efectivo y el PND hace mención indirecta de él, pero no lo asume y aborda de manera que se relacione con sus grandes objetivos”.

Precisó que la ausencia de este concepto con sus especificaciones, tal como se requiere para hacerlo real, tiene múltiples consecuencias, porque se trata de una laguna jurídica que impide que los operadores estén obligados a otorgar el servicio o acceso universal, que inviertan fuera de los mercados altamente rentables y que incremente la calidad y cobertura de los servicios. Asimismo, esta indefinición frena a la autoridad reguladora para exigir las obligaciones asociadas a la prestación de un servicio indispensable.

Por ello, consideró inaplazable la intervención del Poder Legislativo a fin de solventar un vacío jurídico en la materia, con el propósito de dar pasos hacia un país donde las desigualdades y las nuevas inequidades del entorno digital sean superadas. Por eso solicitó que el PND considere este concepto tan importante, lo asuma, lo integre a sus planteamientos y se puedan ver concretados los objetivos.

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