23-10-2019.- La Cámara de Diputados aprobó con 393 votos a favor y una abstención, reformas legales para que las políticas públicas en materia de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, observen el principio de solidaridad social.

El dictamen, que adiciona una fracción XI Bis al artículo 5 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, turnado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, resalta que el objetivo es promover la cohesión y evitar la discriminación.

Asimismo, conseguir mejores condiciones de vida y escolares para las personas con discapacidad, en los planteles de formación básica del Sistema Educativo Nacional.

En la fundamentación del dictamen, la presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputada Martha Hortensia Garay Cadena (PRI), señaló que el principio de solidaridad social enfatiza que será posible impulsar la inclusión educativa de las personas con discapacidad en todos los niveles, a fin de que los alumnos con esta condición tengan los apoyos y auxilios oportunos.

También facilitarles y, sobre todo, garantizarles su pleno desarrollo. “La educación que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza sino de corazón a corazón”.

José Luis García Duque, diputado del PT y promovente de la iniciativa de donde surgió el dictamen, expresó que conforme a los resultados del Instituto de Estadística y Geografía, existen diversas variantes por las cuales pudiese considerarse a una persona con discapacidad: nacimiento, enfermedad, accidente y edad avanzada.

Precisó que esta población conforma uno de los grupos más vulnerables de México y del mundo. Tan sólo en el país existen más de 10 millones y anualmente se suman cerca de 270 mil.

“Enfrentan un cúmulo de obstáculos sociales debido a su condición, como recibir educación y empleo, acceso a la información, adecuado cuidado médico y sanitario, desplazarse, integrarse a la sociedad y ser aceptados”.

García Duque dijo que en México las personas con discapacidad no suelen ser auxiliadas por la sociedad cuando se encuentran en situación que les dificulta desplazarse: subir escaleras, cruzar calles, abordar y descender en el transporte público.

Esta reforma implica prestar auxilio a aquellas personas que según las circunstancias así lo requieran, y reforzar el impulso de la inclusión educativa en los centros del sistema educativo nacional, para que así se pueda garantizar su pleno desarrollo.

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