23-10-2019.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 290 votos a favor, 65 en contra y 42 abstenciones, el dictamen que crea el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y emprende reformas en materia de acceso a los servicios de salud y medicamentos asociados para personas que no poseen seguridad social.

El documento modifica diversas disposiciones de las leyes General de Salud y de los Institutos Nacionales de Salud, precisa que México enfrenta un mosaico de problemas en la materia, en el que coexisten enfermedades crónicas no transmisibles, transmisibles y lesiones; además, problemas como salud mental, accidentes, adicciones y violencia, consecuencias de la desigualdad social y la descomposición del tejido social.

Menciona que, en los últimos diez años, las primeras causas de muerte general se vincularon con padecimientos crónico no transmisibles, como diabetes mellitus, sobrepeso y obesidad, enfermedades cardiovasculares, neurovasculares e hipertensión arterial.

Esas alteraciones son responsables del 45 por ciento de las muertes registradas cada año en el país y, en conjunto, provocan la pérdida de 11.4 millones (40 por ciento) de años vida con calidad. En la actualidad, alrededor de 20 millones de mexicanos no están afiliados a la seguridad social ni al seguro popular; es decir, no se alcanza la universalidad de los servicios.

Para implantar el modelo de atención primaria se crea el Insabi, instrumentando su labor con la firma del Acuerdo de la Secretaría de Salud con cada una de las entidades federativas para garantizar el derecho de toda la población y hacer efectivo el acceso a la atención clínica, medicamentos gratuitos y demás insumos asociados, para las personas sin seguridad social.

Funcionará como un organismo descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la secretaría y refrendado por ley. Tendrá entre sus objetivos proveer y garantizar la prestación gratuita de los servicios y medicamentos a la población sin seguridad social, así como impulsar, bajo la coordinación general de la secretaría, una mejor articulación entre las instituciones del Sistema Nacional de Salud.

El ejercicio de los recursos financieros que se doten al Insabi se alineará con los objetivos de eficiencia, austeridad y ahorro del gasto que impulsa el gobierno federal, sin menoscabo de los principios de equidad y eficacia de la atención y los planes y programas de salud que desarrolla la autoridad sanitaria nacional.

Los beneficiarios no cubrirán ningún tipo de cuotas de recuperación o cualquier otro costo por los servicios que reciban. Todas las personas que estén en el país y no tengan seguridad social, recibirán de forma gratuita la prestación de los servicios públicos de salud, al momento de requerir la atención, de conformidad con el artículo 4º de la Constitución Política, sin importar su condición social.

La protección a la salud, será garantizada por el Estado, bajo criterios de universalidad e igualdad, deberá generar las condiciones para brindar el acceso gratuito, progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación a los servicios médicos, incluidas intervenciones quirúrgicas, así como medicamentos y demás insumos del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.

Se crea el Fondo de Salud para el Bienestar, fideicomiso público sin estructura orgánica, constituido en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en una institución de banca de desarrollo, en el que el Insabi funge como fideicomitente y tiene como fin destinar recursos a: atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos; infraestructura preferentemente en las entidades con mayor marginación social y complementar los recursos destinados al abasto y distribución de medicamentos y demás insumos, así como del acceso a exámenes clínicos, asociados a personas sin seguridad social.

En la fundamentación del dictamen, la presidenta de la Comisión de Salud, diputada Miroslava Sánchez Galván (Morena), expresó que se propone un nuevo modelo de salud pública, dirigido especialmente a personas que carecen de acceso a los servicios de salud y medicamentos asociados.

Dijo que es necesario y urgente avanzar en los mecanismos jurídicos que permitan ejercer a plenitud el derecho a la protección de la salud y el acceso a fármacos y demás insumos asociados, para que de esa forma se haga efectiva la garantía de acceso a la salud que poseen todos los mexicanos, incluso las personas que se encuentran en territorio nacional, sin importar su condición o estatus migratorio.

Para 2019 la mitad de la población mexicana; es decir, alrededor de 64 millones de personas, carecen de acceso a la seguridad social y alrededor de 20 millones de mexicanos no están afiliados a la seguridad social ni al Seguro Popular.

Sánchez Galván añadió que para alcanzar el acceso universal a la salud, efectivo, de toda la población, se hace imprescindible transformar el sector, colocando en primer lugar su derecho a desarrollar la estrategia de atención primaria como eje central del Sistema Nacional de Salud.

El nuevo modelo basado en la atención primaria en salud busca la superación de las limitaciones en el acceso y la cobertura universal eliminando el cauce, cambiando el sistema de prestación de salud a la población sin seguridad social por un sistema enfocado en la persona y la comunidad en la que vive, que será universal, proactivo, integrado y continuo.

Se garantiza la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social, incluidos extranjeros que se encuentren en el territorio nacional, en caso de emergencia; se establece la competencia del Consejo de Salubridad General para elaborar el compendio nacional de insumos para la salud.

Además, se establece como principios de los servicios públicos de salud la universalidad, igualdad e inclusión y gratuidad al momento de requerir los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados. Garantiza que el gobierno federal destinará anualmente recursos en numerario para la prestación gratuita de los servicios y medicamentos, cuyo monto no deberá ser inferior al del ejercicio fiscal inmediato anterior.

Los gobiernos de las entidades federativas efectuarán aportaciones de recursos con base en lo que se establezca en los acuerdos de coordinación. Sustituye al Fondo de Gastos Catastróficos por el Fondo de Salud para el Bienestar; sobre las dosis unitarias, se acota que su prescripción podrá ser para atención intrahospitalaria, además deberá atender lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley General de Salud, respecto de la farmacopea nacional.

En los posicionamientos, la diputada Ana Patricia Peralta de la Peña (Morena) consideró que con la reforma se plantea que ningún mexicano se preocupe porque le nieguen la atención médica o fármacos por falta de recursos.

Aprobar este dictamen es otorgar un voto de confianza al Poder Ejecutivo, quien al final del día será el encargado de la implantación de todos y cada uno de sus aspectos. Es indispensable que a través de una buena administración y un uso transparente y eficiente de recursos compruebe que lo legislado es posible de materializarse en beneficio de la ciudadanía.

Su compañero de bancada, diputado Arturo Roberto Hernández Tapia dijo que la reforma está dirigida a los pobres que por años fueron marginados. Con esto se dará vida al modelo de salud para el bienestar.

Es imprescindible reformar el sector salud con el objetivo de alcanzar su acceso universal y lograr equidad para toda la población, por ello se propone la creación de Salud para el Bienestar. Reiteró que el fondo de protección para gastos catastróficos no se elimina. “Exhortó a los médicos a sumarse a la revolución del sistema de salud”.

Por el PAN, el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba expresó que votarán en contra porque no están de acuerdo con la descentralización de servicios, ni en quitar los fondos de gastos catastróficos; “un millón de mexicanos van a requerir del servicio, y ya no va a haber dinero. Es insostenible como lo están planteando, lo han dicho los expertos”.

“Tampoco aceptan centralizar el sistema para hacerlo con la opacidad con la que lo quieren hacer. No es posible. Hay que ser consistentes” agregó.

Del PRI, la diputada Frinné Azuara Yarzábal, indicó que su grupo parlamentario no será obstáculo para crear un sistema gratuito y universal de salud; sin embargo, “continuaremos señalando de manera responsable, diversas inconsistencias, que de aprobarse en sus términos el dictamen, pondrá en riesgo las finanzas públicas, comprometerá los recursos estatales y abrirá la puerta a la discrecionalidad”.

Impulsaremos un presupuesto óptimo que asegure la atención y servicios médicos de alta especialidad para enfermedades crónicas no transmisibles como cáncer, diabetes, cuidados intensivos neonatales y enfermedades metabólicas. “Preocupa que no se garanticen condiciones básicas de sustentabilidad financiera al nuevo Instituto, ya que se le está condenando a ser letra muerta”.

El diputado Francisco Favela Peñuñuri (PT) expresó que su fracción parlamentaria votará a favor del dictamen porque es uno de los más importantes que se aprobarán en esta Legislatura y se realizará un acto de justicia en favor de los que menos tienen.

“Estamos convencidos de que la reforma es un beneficio y que ha sido abandonado por más de 30 años este sector, votaremos a favor porque nunca se dejará de apoyar algo tan noble, que es la salud de todos”, subrayó.

La legisladora de MC, Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado manifestó que su voto sería en abstención, porque no se puede pensar en un Sistema de Salud Universal sin financiamiento suficiente, por lo que propuso transferir 40 mil millones de pesos del Fondo de Gastos Catastróficos al Insabi, a fin de garantizar la salud de todas las personas.

“Ayudemos al Ejecutivo a construir un Insabi fuerte y lograr la basificación de los trabajadores de la salud, pues el bienestar de la ciudadanía no se puede politizar, pero es pertinente redireccionar los recursos, toda vez que en esta reforma la asignación presupuestal de la Federación a las entidades federativas no establece lineamientos, cálculos o formas mínimas que brinden certeza y garantía de la transparencia”.

Por el PES, el diputado Miguel Acundo González, refirió que el país vive una lacerante desigualdad, por eso es urgente que los servicios de salud sean accesibles, disponibles y de calidad.

“Nosotros vemos de manera alentadora y loable el cambio de política que esta administración impulsará con la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, ya que prestará de manera gratuita atención médica y asegura el suministro de fármacos; sin embargo, pidió destinar un presupuesto sólido que garantice que la transición a este nuevo modelo sea eficiente”.

Frida Alejandra Esparza Márquez, diputada del PRD, señaló que el dictamen no tiene una ruta de progresividad ni de cobertura de servicios, no existe un sistema de financiamientos que garantice la equidad entre estados y municipios, la definición es nula en la calidad de servicios, no hay metas de corto, mediano y largo plazo ni estimación del impacto presupuestal, todo esto contribuirá al manejo discrecional del Fondo de Atención para la Salud por parte del Ejecutivo.

“Se debe tener claro que aún con el acceso a la salud y con la incorporación de 20 millones de mexicanos que hoy carecen de seguridad y a los accesos de salud y medicamentos gratuitos, las desigualdades no van a desaparecer, porque se requiere una política de distribución más equitativa de la riqueza”.

Al hablar en contra, la diputada del PAN, Ana Paola López Birlain, apuntó que esta reforma es una improvisación, irresponsable y regresiva que atenta contra los derechos humanos de las personas más vulnerables, al centralizar y eliminar los requisitos que procuran la calidad de los servicios de salud y fomenta el gasto discrecional de los recursos.

Por su parte, la diputada Graciela Sánchez Ortiz (Morena) explicó que con la propuesta no se busca afectar la constitución e integración de los servicios de salud; por el contrario, se amplía el catálogo de éstos y se consideran como una pieza clave de la Cuarta Transformación.

La legisladora perredista, Mónica Bautista Rodríguez, dijo que no se puede acompañar una reforma incierta, centralista, propagandística y dilapidadora de los recursos públicos.

Por el PRI, la diputada Irma María Terán Villalobos, indicó que esta reforma es pertinente, porque pretende alcanzar la universalidad de los servicios de salud, no obstante, sugirió que se aseguren mejores condiciones de trabajo a los médicos, instalaciones, equipo y medicamentos.

El panista Evaristo Lenin Pérez Rivera, reconoció que ha habido un alto grado de corrupción en el pasado con lo que se ha hecho con el Seguro Popular, el cual se utilizó de manera clientelar; sin embargo, agregó que no centralizar las decisiones es el camino de un Estado mexicano que tiene aspiración de ser moderno. “No va a funcionar, no es a partir de la decisión del gobierno federal con el que se va a cambiar de fondo el sistema de salud pública”.

El diputado de Morena, Emmanuel Reyes Carmona sostuvo que con este dictamen se propone la adecuación al marco normativo y nace el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar como organismo descentralizado de la Secretaría de Salud, se continúa con la atención de las enfermedades que provocan gastos catastróficos, se busca abatir el rezago de infraestructura y desabasto de fármacos y se forma el Fondo de Salud para el bienestar para otorgar mayor transparencia en este sector.

El diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal (PAN) consideró que en esta reforma se renuncia a la obligación del Estado de proteger el derecho humano a la protección social al pretender sustituir el Seguro Popular, ejemplo de política pública exitosa a nivel internacional. “Votaremos en contra porque es un claro retroceso a lo avanzado y porque pone en riesgo la salud y el bienestar de la población”.

El diputado de Morena, Alejandro Barroso Chávez afirmó que el dictamen marcará un parteaguas en la prestación de servicios de salud pública. Es un proyecto ambicioso que beneficiará a quienes viven en regiones con alto grado de marginación y carecen de estos beneficios. “Llegó la hora de que las y los mexicanos accedan a servicios de salud que demandan y merecen, por ello votamos a favor”.

Del PAN, el diputado Jorge Arturo Espadas Galván, defendió el Seguro Popular porque dijo, en Guanajuato, es una institución fuerte y benéfica. Puntualizó que es un error desaparecerlo, pero ya que lo harán, se debe sancionar los hechos de corrupción que orillaron a tomar esa decisión.

Del grupo parlamentario del PT, la legisladora María Roselia Jiménez Pérez, puntualizó que el Seguro Popular es donde más corrupción se cometió, por ello la fracción parlamentaria está a favor del dictamen cuyo propósito es favorecer a los casi 64 millones de mexicanos que no tienen un sistema de seguridad social.

Al hacer referencia al Seguro Popular, la diputada Carmen Medel Palma (Morena) dijo que el gobierno y esta Legislatura no mantendrán un sistema que vulnera los derechos y tampoco se tolerará la corrupción, por ello, apoyan totalmente el dictamen.

Previamente, se rechazó una moción suspensiva de la diputada Sonia Rocha Acosta (PAN), que proponía detener la discusión, por considera que vulnera las facultades del Poder Legislativo. “Hoy, nacerá un Instituto de Salud para el Bienestar. Un programa clientelar más de la Cuarta Transformación que quiere socavar uno de los pilares del país: la federalización. Busca que el poder central controle el presupuesto, el personal, los medicamentos, la infraestructura y los programas de fiscalización”.

Los artículos reservados para su discusión en lo particular fueron: 2, 3, 7, 25, 26, 27, 28, 28 Bis, 77 Bis 1, 77 Bis 2, 77 Bis 5, 77 Bis 9, 77 Bis 12, 77 Bis 13, 77 Bis 16-A, 77 Bis 29, 77 Bis 35, 77 Bis 35-C, 77 Bis 37, 225, 226 Bis y la denominación del Capítulo VIII y, los artículos Transitorios Tercero, Décimo y Décimo Primero, todos de la Ley General de Salud.

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