11-09-2019.- Ante diputados de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, funcionarios de la ASF presentaron el proyecto de presupuesto 2020 de la institución; destacaron que tiene un incremento del cero por ciento en términos reales y contempla medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria.

El presidente de la instancia legislativa, diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC), se comprometió a dar seguimiento a las respuestas de los representantes de la Auditoría a las preguntas de los legisladores sobre los montos presupuestarios y el funcionamiento de la institución, y pidió conocer por qué la ASF solicita mayores becarios.

La diputada Inés Parra Juárez (Morena) precisó que el incremento de plazas que se proponen en la ASF, “no va con la austeridad republicana; eso ya no aplica. La Auditoría, antes de pedir debe entregar resultados, ya que para este año fiscal tendrían que ser mil 572 auditorías”.

En cuanto a los materiales y suministros que se buscan adquirir, expuso que la ASF hace auditorías, “no es un restaurante”. Consideró un exceso lo que se pide para servicios generales, viáticos y pasajes. “No se trata sólo de pedir si no hay resultados. La ASF no ha dado resultados y no se tiene por qué dotar de más recursos cuando no hace su función”.

Su compañero de bancada, diputado Marco Antonio Andrade Zavala, solicitó conocer si además del edificio sede de la ASF aún se ocupan otros y si se puede tener una relación del monto que se paga por cada arrendamiento.

También solicitó, si es viable, que se entregue a los legisladores una relación de las percepciones del personal de la Auditoría, con la finalidad de adecuarlas a las medidas de austeridad.

El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz (PES) señaló que la Auditoría Superior de la Federación es el órgano técnico que ayuda a cumplir con la atribución más importante que tiene la Cámara de Diputados, que es la fiscalización del gasto público. Estimó que el proyecto de presupuesto se mantiene en una línea homogénea.

Resaltó que se está haciendo un gran esfuerzo para incrementar el número de auditorías y que los aumentos presupuestales no necesariamente van a la par de ellas, lo cual “nos pone en una perspectiva muy interesante para demostrar que sí se puede hacer mucho y un trabajo profesional sin tantos recursos”. Sugirió analizar el programa de becarios, ya que se podría estar capacitando a más personas.

En tanto, la diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena) pidió acoplarse a la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos para que nadie gane más que el Presidente, como lo mandata la Constitución Política y llegar a una austeridad como tal.

Preguntó si con la aplicación de mayor tecnología se podría tener más austeridad en el gasto que implican de las auditorías y también aumentar los montos recuperados. Asimismo, requirió informes sobre el avance del presupuesto de este año, cómo van a cerrar, si hay suficiencia o se va a requerir de alguna ampliación.

La diputada Gloria Romero León (PAN) señaló que en términos de fiscalización de la obra pública e infraestructura se plantea un rediseño de la estrategia y una nueva área especializada, pero no plantean los alcances.

“Me gustaría saber a detalle cómo se va a aplicar este incremento y los alcances de esta nueva área”, ya que respecto al presupuesto anterior se aumentan 74 millones, que es el 3.2 por ciento, de los que 66 millones van a ser utilizados en el Capítulo 1000.

La diputada de Morena, Sandra Paola González Castañeda, inquirió si realmente una nueva tecnología para las auditorías en las entidades representaría ahorro y cuál sería el monto. Pidió conocer el número de plazas que se incrementarían para 2020 respecto a 2019, y la homologación de las leyes en materia fiscal y su armonización.

Ricardo García Escalante, diputado de Acción Nacional, afirmó que el incremento de presupuesto en la ASF es razonable, dado que se necesitan encontrar los mecanismos adecuados para mejorar las auditorías.

El diputado Miguel Pavel Jarero Velázquez (Morena) señaló que existe voluntad para analizar lo que se expone en esta reunión, dado que “son muchos años de agravios, pero hay un reclamo de que se presentan números, pero poca efectividad. La tarea es que con escasos recursos se cumplan los objetivos. Revisemos; no siempre que se dice que el presupuesto es el más alto en la historia se traduce en impactos positivos”.

Jorge Francisco Corona Méndez, diputado del PVEM, sostuvo que el trabajo que hace la Auditoría es monumental, pues son municipios, estados y entes federales. “Debe haber gente especializada en cada uno de los temas. Las auditorías son caras y contratar un despacho privado nos costaría mucho. El presupuesto que se presenta es razonablemente normal, comparado con el del 2019, ya que en términos reales es del 0.4 menos”.

Arturo Peña Zazueta, titular de la Unidad General de Administración de la ASF, expresó que la propuesta se elaboró observando las disposiciones normativas vigentes en materia de presupuesto y responsabilidad hacendaria, así como las medidas de racionalidad y disciplina, sin afectar la función sustantiva de la institución. “El presupuesto tiene un incremento en términos reales del cero por ciento, es decir, un monto total de dos mil 378 millones de pesos, 74 millones de pesos más”.

Detalló que en el último ejercicio 2018 se generaron, al menos, diez mil 442 acciones que se suman a las de los años anteriores y que están en proceso de seguimiento, solventación o en litigios jurídicos. “Con estos elementos, la solicitud de presupuesto es razonable y satisface las necesidades que requiere la Auditoría para el próximo ejercicio”.

El mayor porcentaje, añadió, está en el Capítulo 1000. Servicios Personales, en donde los montos son para cubrir la previsión a sueldos y salarios del personal operativo de confianza y base que resulten de las negociaciones de prestaciones de la Secretaría de Hacienda y la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, así como conversiones de plazas.

Resaltó que este año inició en la ASF un programa de incorporación a la estructura de los prestadores de servicios profesionales por honorarios, los cuales “han laborado sin prestaciones, seguridad social y una contraprestación inferior a la del personal de estructura, y a la fecha se han incorporado 50 prestadores”.

Con relación al Capítulo 2000, Materiales y Suministros, las principales variaciones que se presentan corresponden a un importe de un millón de pesos, que derivan de las previsiones para adquirir materiales y útiles de oficina, así como consumibles informáticos.

El Capítulo 3000, Servicios Generales, tiene un incremento por importe de Hacienda de 2.8 millones de pesos, que corresponde al 0.8 por ciento del mismo capítulo y, a su vez 0.1 por ciento de todo el universo presupuestal.

Las principales variaciones son en las previsiones para cubrir licencias informáticas, mantenimiento y conservación de bienes informáticos, viáticos y pasajes, servicios de capacitación, energía eléctrica, publicaciones de edictos y servicio postal.

Sobre el Capítulo 4000, Transferencias, asignaciones, subsidios y otras, hay un incremento cuyo importe es de 6.6 millones de pesos. La variación obedece a la contratación de un mayor número de becarios y prestadores de servicio social, ya que es el origen para la especialización y la profesionalización del personal.

En el Capítulo 5000, dijo, hay una disminución, ya que sólo considera recursos para la renovación de sillas ejecutivas y operativas, en sustitución de las que ya cumplieron su vida útil.

Agustín Caso Raphael, Auditor Especial de Desempeño de la ASF, destacó que los becarios forman parte fundamental de la Auditoría, ya que son mujeres y hombres con excelentes calificaciones provenientes de las universidades públicas. “Nuestra política ha sido premiar los méritos de desempeño; es vital la formación de capital humano”.

Jaime Bolaños Cacho Guzmán, titular de la Unidad de Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y Sistemas de la ASF, señaló que generar una plataforma nacional para la fiscalización con las innovaciones tecnológicas del manejo de datos, el uso de la inteligencia artificial para el cruce de informaciones entre las bases de datos que puede dar el SAT nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Inegi y diversas instituciones, “indudablemente para nosotros es una de las estrategias y una de las grandes oportunidades que tendría el país de innovar tecnológicamente, no sólo para mejorar la fiscalización, sino también para eficientar el uso de los recursos públicos”.

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