• ANUIES solicita ampliación presupuestal por 17 mil 230 millones de pesos

25-09-2019.- La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública inició las reuniones para el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), quien solicitó una ampliación de 17 mil 230 millones de pesos.

El presidente de la instancia legislativa, diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, destacó que un tema que preocupa y ocupa, es la educación, “porque estamos a punto de terminar la nueva reforma y queremos hacer realidad la aspiración de que la enseñanza pública, particularmente la superior, sea gratuita, universal, obligatoria, que la matrícula crezca y disminuyan de manera sistemática los rechazados y la falta de acceso”.

Expuso que una tarea de la Cámara de Diputados es tener los fondos para lograr este propósito y dotar a las instituciones universitarias del presupuesto suficiente. Además, se manifestó por establecer un convenio para que las carencias, desviaciones o excesos queden en una senda de racionalización del gasto.

A partir de esa reunión, planteó una Convención Nacional Universitaria para la primera quincena de octubre. “Queremos un debate integral, una solución completa y una salida estructural a los problemas que año con año se discuten en esta Cámara con el presupuesto”.

Ramírez Cuéllar destacó que ésta es la primera reunión que se tiene para ver el presupuesto y gastos de 2020, por ello, pidió que las universidades se involucren en el tema de los ingresos. “Tenemos que llenar una gran ausencia y un enorme vacío que hay en la discusión de las políticas públicas”.

La presidenta de la Comisión de Educación, diputada Adela Piña Bernal, expresó que el problema del déficit presupuestario tiene tiempo, pero “nuestra responsabilidad y la pretensión ya no es tapar un hoyo y destapar otros, sino trabajar de manera estratégica en un plan que se pueda construir en el marco de una Convención Nacional Universitaria, en donde estén todos los actores que son corresponsables de la distribución y del gasto que se hace”.

Relató que se habla de déficit y de dinero que se requiere, sobre todo cuando muchas universidades hacen un esfuerzo para darle cabida a un gran número de estudiantes sin tener el techo financiero y “eso obliga a que nosotros hagamos un esfuerzo por retomar todas estas consideraciones”.

El coordinador de MC, diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, señaló que el rol de la educación superior es fundamental para cualquier país, pues ella fija el proyecto de nación que se quiere construir; es la que propicia la investigación y los recursos humanos. La creación del fondo para la obligatoriedad de este nivel de enseñanza, dijo, es un tema que se necesita discutir. “Cómo logramos habilitar lo que es una obligación que nosotros mismos nos dimos y que viene en un transitorio de la reforma constitucional”, cuestionó.

Nosotros consideramos que debe haber un incremento del 3 por ciento por arriba de la inflación para que la educación superior haga frente a los retos e inicie un proceso de recuperación en términos reales. “Frente a los problemas debemos tener una política abierta, explícita y que dé cuenta de la acción colectiva”.

Juan Carlos Romero Hicks, diputado coordinador del PAN, expuso que la universidad mexicana tiene una función muy trascendente, y el reto actual, “es que a partir de la agenda de la ANUIES, la Secretaría de Educación Pública y las casas de estudios superiores puedan proveer lo necesario para el cumplimiento de las funciones sustantivas”.

Lamentó que la propuesta del Ejecutivo no atienda las prioridades presupuestarias para la educación superior ni otros ámbitos de la enseñanza. Hizo votos para darle cumplimiento a los transitorios de la reforma constitucional sobre la Ley General de Educación Superior y la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Ignacio Benjamín Campos Equihua, diputado de Morena, resaltó que se debe unificar el tema de los contratos colectivos porque cada universidad tiene el suyo, y “ahí juegan un papel muy importante los estados”. Además, respaldó la propuesta de una Convención Nacional en favor de estas instituciones.

Resaltó que el papel de las universidades lo han desempeñado de manera eficiente y eficaz, pero se deben garantizar los programas de austeridad y transparencia, “porque en muchas ocasiones se ha malinterpretado el término de la autonomía y lo han utilizado en favor de algunas situaciones que no son las tareas sustantivas de cada una de las universidades”.

El secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Jaime Valls Esponda, solicitó una ampliación presupuestal de 17 mil 230 millones de pesos, incluyendo el Fondo de Obligatoriedad y Gratuidad de este nivel de enseñanza por siete mil 678 millones, con la intención de que siga siendo factor estratégico de desarrollo y genere condiciones para cumplir con los objetivos educativos del gobierno federal.

Reconoció que el PEF refleja un aumento en términos nominales; sin embargo, estos recursos no son suficientes para compensar el efecto inflacionario sobre el presupuesto asignado en 2019.

Además, externó su preocupación de que no se incluya el Fondo de Obligatoriedad y Gratuidad para dar cumplimiento a lo que se refiere la fracción décima del artículo 3º constitucional y el artículo transitorio decimoquinto del decreto sobre la reforma constitucional del mes de mayo. Planteó que la primera etapa de gradualidad requerirá de un monto estimado de siete mil 678 millones de pesos, el cual podría ser incluido en el ramo 33.

La eventual ausencia de dicho fondo, dijo, demorará el logro de la meta para alcanzar una tasa de cobertura de al menos de 50 por ciento para el 2024, la cual implica atender a poco más de un millón de nuevos estudiantes en las instituciones de educación superior públicas.

Mencionó que de la propuesta de ampliación presupuestal para la educación superior, mil 969 millones de pesos son para el Subsidio Ordinario; dos mil 443 millones de pesos, hacia la política salarial, y para el resto de los programas presupuestarios, seis mil 139 millones de pesos.

Valls Esponda detalló que el subsidio de carácter ordinario integrado en el Programa U006 -organismos descentralizados estatales que beneficia e incluye, entre otras, a las universidades públicas y más instituciones estatales de educación superior- tiene un déficit acumulado de 18 mil millones de pesos en términos reales desde 2016 a la fecha en el Fondo Ordinario solamente.

El presupuesto ordinario no atiende el crecimiento de la matrícula que logran las instituciones de educación superior públicas. El efecto acumulado de las dos últimas décadas revela que la evolución del presupuesto ha estado por debajo del crecimiento de la matrícula pública atendida en el país, lo que se ha traducido en una reducción en el subsidio por alumno y en estrechez financiera de las instituciones hacia sus funciones sustantivas.

En ese sentido, expresó que mientras que la matrícula ha crecido más del 122 por ciento del 2000 al 2019, el presupuesto federal lo ha hecho solamente en 75 por ciento, lo que ha tenido como consecuencia que la inversión por alumno decrezca en más del 21 por ciento.

Si se observa lo ocurrido, solamente a partir del 2012 a la fecha, el resultado es más dramático. El ascenso de la matrícula fue del 30.4 por ciento y el presupuestal de tan sólo 2.7 por ciento. Es decir, una diferencia de más de diez a uno. El presupuesto ordinario no incluye a la política salarial, lo que genera fuerte presión de gasto y mantiene a las universidades públicas con alto nivel de incertidumbre.

Valls Esponda resaltó que ante las limitaciones del presupuesto ordinario los fondos extraordinarios han cobrado importancia, porque permiten llevar a cabo proyectos para la innovación educativa, la ampliación de la oferta, la formación del personal académico, la mejora continua de la calidad y la atención a los problemas estructurales, principalmente, jubilaciones y pensiones.

Sin embargo, añadió, debido a la reducción de estos recursos todas las instituciones de educación superior públicas que forman parte de la población objetivo de estos programas “han experimentado una fuerte restricción en sus planes de desarrollo en detrimento de la formación profesional de miles de jóvenes mexicanos. De 2015 a 2019 estos fondos han sufrido fuertes recortes; los programas de apoyo a la calidad y la expansión de la oferta y la atención a problemas estructurales tuvieron una reducción acumulada de más de 34 mil millones de pesos”.

En el caso del proyecto del presupuesto para el próximo año, afirmó: “si no tiene incrementos en este rubro, el déficit acumulado podría alcanzar poco más de 45 mil millones de pesos, esto es en fondos extraordinarios, más lo señalado de los ordinarios de 18 mil millones de pesos”.

Resaltó que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año presenta en los diversos programas que atienden la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación una reducción del 27.6 por ciento en términos reales. Tampoco considera recursos hacia el programa para la atención a problemas estructurales de las universidades públicas estatales, lo que frena las reformas logradas a la fecha con la participación solidaria de los sindicatos universitarios.

“Nos preocupa esta situación, ya que un número creciente de universidades opera con algún nivel de déficit presupuestal que va desde un nivel manejable o que puede compensarse con los gastos de operación, hasta la insuficiencia crítica que las obliga a solicitar ampliaciones presupuestales, mediante complejos procesos de gestión para pagar nómina, aguinaldos, liquidar adeudos fiscales o cuotas de seguridad social”.

Aseguró que bajo las actuales condiciones del presupuesto, la probabilidad de que se incremente el número de instituciones con problemas financieros críticos es más alta. En el periodo 2016-2019 las instituciones de educación superior han desacelerado el crecimiento de la matrícula. “Las universidades públicas estatales, las que tienen apoyo solidario, y las interculturales han pasado de una tasa de crecimiento promedio en 2016 del 4 por ciento al 2.4 por ciento. Si bien siguen creciendo, han desacelerado”.

También las unidades del Tecnológico Nacional de México han pasado del 6.7 por ciento que tenían de crecimiento en 2016 a tan sólo 1.9 para este año. No obstante, la desaceleración más importante se observa en el subsistema de las universidades tecnológicas y politécnicas, ya que en el mismo periodo han reducido su crecimiento que tenían de más del 10 por ciento a tan sólo 1.5 por ciento. “Esta situación es preocupante, ya que ocurre en un momento en que el incremento de la matrícula es un objetivo estratégico”.

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