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| Boletín N°. 3647 | Analizan la propuesta de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria |
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30-04-2020.- En el “Parlamento Abierto para analizar la propuesta de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Mario Delgado Carrillo, expresó que la iniciativa del Ejecutivo, lejos de verla como una amenaza se debe visualizar como una oportunidad para hacerle al país un nuevo marco jurídico que diga qué hacer con el presupuesto cuando se tiene una crisis de este tamaño.
Es fundamental, dijo, definir cuándo se puede declarar una emergencia económica, que no es lo mismo el tener algunos años de baja actividad económica, lo que significa adecuar el gasto público a la nueva realidad y a las nuevas prioridades, cómo hacer esos ajustes respetando la división de poderes y sin que la Cámara de Diputados vea vulnerada su facultad exclusiva de decidir el destino de los recursos públicos en México.
Delgado Carrillo precisó que el objetivo es cómo aprovechamos esta coyuntura para acotar la discrecionalidad y que sea más eficaz la facultad constitucional de los diputados, de efectivamente decidir el destino del gasto público. “Yo creo que ese es el reto que tenemos enfrente. Ojalá lo asumamos con mucha responsabilidad”.
Hizo votos por perfeccionar esta legislación, que es única e inédita; “queremos que sea una reforma para sentirnos orgullosos y dejar preparado al país para crisis posteriores, que permita la actuación oportuna del gobierno y que fortalezca la división de poderes y la facultad de control de fiscalización y aprobación del Presupuesto de Egresos por parte de la Cámara de Diputados”.
Necesitamos que le vaya bien al país, que el gobierno pueda actuar oportunamente ante la emergencia, salvaguardar el orden constitucional, fortalecer la vida democrática y acabar con la simulación presupuestal. “Queremos que los diputados decidan el destino del presupuesto”, reiteró.
Intervención de los coordinadores parlamentarios
El coordinador del PAN, diputado Juan Carlos Romero Hicks, se manifestó a favor de sea la Cámara de Diputados la que declare la emergencia, crear una ley de emergencia económica, así como constituir un consejo económico de emergencia y uno fiscal. Se debe establecer una rendición de cuentas proporcional al grado de la emergencia y dijo que la reforma es intransitable, dado que es inconstitucional y desdeña al Poder Legislativo en su potestad presupuestal y ni siquiera invita a la colaboración de poderes.
Por el PT, su coordinador, diputado Reginaldo Sandoval Flores, señaló que la iniciativa del Ejecutivo representa una respuesta oportuna ante la emergencia. Añadió que requieren de nuevas instituciones y leyes, así como ser creativos para construirlas en pluralidad. “Debemos quitarle la parte política y meternos a la parte de dar instituciones que ayuden ahora y en un futuro a México en términos de democracia, marco constitucional, derechos, libertades, justicia e igualdad”.
Tonatiuh Bravo Padilla, coordinador de MC, señaló que debe haber división, equilibrio y colaboración de poderes, y no llevar a la confrontación. Planteó determinar qué es una emergencia económica y que el concepto sea amplio e incluya lo regional y nacional. Se manifestó por establecer un consejo fiscal en el Poder Legislativo que apoye a la Cámara de Diputados a declarar una emergencia y que no sea unilateral.
El diputado Arturo Escobar y Vega, coordinador del PVEM, expresó que el primer paso es darle abrigo constitucional a esta iniciativa, pues hoy se vive una crisis sanitaria de carácter mundial, pero se entrará a un reto de carácter económico nacional, regional y mundial. “Esta Cámara de Diputados debe ser un eje representativo de la gente y poder vigilar al extremo el presupuesto; debemos traspasar, trasladar y superar la crisis”.
La coordinadora parlamentaria del PRD, diputada Verónica Juárez Piña, mencionó que la iniciativa del Ejecutivo es inconstitucional y hay transgresión de los poderes, aunque el predictamen ya contempla los términos de la emergencia sanitaria y la económica; sin embargo, “la propuesta busca darle sustento legal al decreto que el Presidente de la República realizó: se invade las potestades constitucionales que tiene la Cámara de Diputados y por ello, debemos pensar en la creación de un consejo económico”.
El país no está para improvisar: Patricia Terrazas
La presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputada Patricia Terrazas Baca, afirmó que el país no está en condiciones de improvisar; por ello, hay que legislar con claridad para no tener resultados peores. “Debemos tener claro que los conceptos no son discrecionales; es decir, para qué queremos esta modificación, qué haremos con la modificación, quién es el beneficiario, el impacto y qué se quiere”.
Dijo que es importante priorizar el sector salud y en la propuesta de reforma hay claridad al respecto. Las posiciones son volátiles para construir una ley. Agregó que no se puede perder de vista que las entidades federativas y municipios están enfrentando la pandemia de manera precaria, “no veo dónde les beneficia este cambio, no veo dónde están puntualizados los apoyos para ciudadanos, presidencias municipales y gobernadores”.
Constitución de un consejo económico para emergencias
Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de “México Evalúa”, expresó que en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria hay una flexibilidad excesiva en las adecuaciones que el Ejecutivo federal puede hacer al gasto sin una debida rendición de cuentas y sin contrapeso. Se deben incluir límites para que vuelva a la Cámara de Diputados a preguntar ciertos cambios en los de gastos de inversión y en el corriente; se requieren formatos y una coordinación entre los dos poderes, así como habilitar a las autoridades para materializar los objetivos de política pública.
Resaltó que la emergencia de COVID-19 hará que la recaudación del gobierno disminuya de manera considerable en más de 3 por ciento. Consideró que la emergencia económica que se vive supera lo que se visualiza en el predictamen y planteó la constitución de un consejo económico para emergencia e hizo votos por emprender políticas contracíclicas. “El sentido de la iniciativa no resuelve el problema que enfrentamos, tiene que regularse una definición real de emergencia económica y no algo que pueda dar pie al control del presupuesto y vulnerar la supremacía de la Cámara de Diputados”.
Definir concepto de emergencia económica
Del Instituto de Instigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Diego Valadés Ríos, expresó que la propuesta del Ejecutivo federal no define a la emergencia económica, quién la hace, ni establece su temporalidad, “falta sintonía en los conceptos”.
Sugirió que esta emergencia económica sea declarada por la Cámara de Diputados como una acción extraordinaria en materia de salubridad general, que incluye epidemias o problemas críticos de carácter ambiental, dado que afecta el presupuesto y eso es una atribución exclusiva en el orden constitucional para esa Cámara.
Reglas claras en cuanto a la temporalidad de la emergencia
El director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, Héctor Juan Villarreal Páez, consideró que el primer párrafo de la iniciativa presidencial es ambiguo y está mal justificado. Subrayó que tiene que haber reglas claras en cuanto a la temporalidad de la emergencia.
Dijo que si los cambios que se hagan a la ley son al vapor, entonces no se tendrá la capacidad de responder a la emergencia por el COVID-19. “En este momento, parece que lo que nos mueve son las urgencias, pero esperemos salir pronto de este bache. El tipo de instituciones que salgan de esta discusión pueden brindarle un gran servicio al país”.
El Congreso debe tener su propia agenda
El director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar Ugarte, destacó la importancia de que el Congreso tenga una agenda legislativa propia, robusta y en sintonía con los desafíos que se enfrentan. “Son muchas las materias que requiere, ajustes normativos que deben provenir del órgano legislativo”.
Puntualizó que la propuesta tiene que definir bien a qué se refiere con emergencia económica y buscar el fundamento constitucional para incluirla en una ley secundaria. Mencionó que el proyecto no deja claro cuál es la bolsa de recursos de la que se podría disponer bajo el supuesto de emergencia económica por parte del Ejecutivo. “No está claro si son los recursos exclusivamente del gobierno federal o si pueden considerarse a reorientar los recursos para los órganos constitucionales autónomos o las participaciones y transferencias que ya fueron aprobadas para las entidades federativas”.
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