• Realizan el sexto conversatorio virtual “Derecho a decidir de las mujeres”

• Las indígenas y quienes viven en condiciones vulnerables, en mayor riesgo por recurrir a sitios clandestinos: activistas

13-08-2020.- Durante el sexto conversatorio virtual “Derecho a decidir de las mujeres”, la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala (Morena), integrante de la Comisión de Justicia, aseguró que no se busca promover el aborto, sino garantizar la libertad de decidir si quieren ser madres o no.

“Implica una toma de conciencia. No podemos pedir a una niña que tome esa decisión de ser madre cuando fue violentada y abusada sexualmente. Debemos empezar a eliminar este tipo de delitos que han generado que las mujeres sean estigmatizadas; algunas han estado hasta 12 años en prisión por un aborto voluntario, les truncaron su vida”.

Enfatizó que tampoco es aceptable que una joven sea madre forzosamente a consecuencia de presiones por una agresión sexual. Agregó que a causa de la pandemia y ante la imposibilidad de salir de sus casas creció el número de niñas y madres adolescentes.

Preguntó qué hay detrás de la liturgia de los grupos antiderechos, debido a que ellas son perseguidas por tomar sus propias decisiones. “Decir si es legal o no sólo establecerá las condiciones en que se realiza el aborto”.

Informó que se trabaja en una iniciativa para modificar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y establecer una ruta que les permita acudir a centros de salud para interrumpir el embarazo. Adelantó que buscarán eliminar del Código Penal lo relativo al aborto, excepto en los casos cuando un hombre sea quien obligue a abortar a una mujer que sí desea ser madre.

“No se puede acabar esta Legislatura sin hacer algo serio para despenalizarlo y mandar un mensaje al país de que tenemos derecho a las decisiones sobre libertad reproductiva”.

Daniela Tejas Miguez, co-coordinadora del Fondo María, aseguró que éste es un tema prioritario a causa del incremento de casos de embarazos en niñas y adolescentes; sin embargo, su penalización es causa de discriminación. “No hay un perfil de quién se somete a ello, hay de todos sabores y colores en las mujeres que abortan”.

Puntualizó que las mujeres que son penalizadas están en zonas rurales, donde no tienen seguro social, ni recursos para pagar a un abogado que las defienda y en el caso de indígenas no cuentan con un traductor durante el proceso legal. “Debemos ponerle nombre, cara y rostro porque se está afectando a mujeres que ya están en una situación vulnerable”.

Pidió separar este procedimiento médico del Código Penal, debido a que no tiene cabida en un texto que atiende delitos y comportamientos no deseados. “La experiencia del aborto la vemos como lejana, aunque en realidad es algo sumamente común en México”.

Erika Yamada, especialista en derechos sexuales y reproductivos, explicó que las implicaciones por la penalización de la interrupción del embarazo son graves, porque el acceso al aborto legal está condicionado a los distintos códigos penales, además de que se criminaliza.

Enfatizó que penalizarlo no reducirá su práctica, pero aumenta el riesgo de que se haga de forma clandestina. “No todas cuentan con recursos para ir a la Ciudad de México o a Oaxaca; las mujeres más afectadas son las que viven en situación de pobreza, migrantes e indígenas”.

Agregó que siguen las prácticas peligrosas debido a legrados realizados por personas sin preparación, ni equipamiento adecuado y en lugares inseguros, con riesgo de tétanos, esterilidad o la muerte. “No todos los clandestinos son inseguros, pero muchas veces no pueden tener acceso a esta información por cuestiones legales”.

Sofía Alessio Robles, coordinadora nacional de REDefine México, dijo que cuando algo está establecido como un delito hay una criminalización de la sociedad contra las mujeres que deciden no ser madres. “Se les orilla a acudir a prácticas clandestinas y se amplían las brechas de desigualdad y de justicia”.

Sostuvo que es contradictorio no reconocer la soberanía de las mujeres sobre sus propios cuerpos. “Si queremos proteger la vida, despenalizar el aborto es una gran estrategia porque bajarían las tasas de mortalidad materna. Cuando no hay posibilidad de interrumpir embarazos a consecuencia de delitos sexuales, no se les está garantizando sus derechos a las mujeres”.

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