• Expide Ley General para fortalecer a los estados y municipios, y brindará certeza jurídica

09-12-2020.- La Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, presidida por la diputada Pilar Lozano Mac Donald (MC) aprobó, por mayoría, el dictamen a la minuta por el que se expide la Ley General para Armonizar y Homologar la Organización y el Funcionamiento de los Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales y los Catastros.

Previamente, las y los diputados integrantes de la Comisión acordaron elaborar y presentar una adenda al Pleno de la Cámara de Diputados, durante la discusión del dictamen, para incluir las observaciones enviadas por las secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, así como las propuestas de los legisladores de los diversos grupos parlamentarios.

La diputada Lozano Mac Donald informó sobre las opiniones, en sentido negativo, de ambas dependencias federales respecto al dictamen a la minuta enviada por el Senado de la República, cuya recepción se registró la tarde de este miércoles.

Destacó que la Comisión se ha manejado de forma transparente y atiende todas las peticiones y propuestas de sus integrantes, a fin de lograr el consenso en la aprobación de los dictámenes.

Por ello, destacó la relevancia de que en la adenda deben incluirse todas las observaciones y proposiciones de las bancadas y de las diversas dependencias públicas.

Discusión del dictamen y propuestas

La diputada de Morena, Aleida Alavez Ruiz, quien preside la subcomisión que construyó el documento, comentó que preocupa tener dos versiones de parte del Ejecutivo, porque en la última revisión se atendieron dichas inquietudes, porque ambas dependencias son las áreas operativas de esta ley.

Por ello, propuso presentar una adenda al Pleno durante la discusión del dictamen, donde se incorporen con mucha responsabilidad dichas inquietudes, con lo cual no se detendría la aprobación del documento. Aseguró que hay disposición para escuchar todas las voces e incluirlas, y hacer dictámenes de consenso.

Sobre el dictamen, indicó que atiende una omisión legislativa de 7 años. Esta ley general será una herramienta indispensable para fortalecer a las entidades federativas y municipios; brindará certeza y seguridad jurídica a las personas; contribuirá a poner orden en el inventario de los inmuebles públicos y privados para fortalecer la prestación de servicios públicos; contribuirá a la planeación y desarrollo urbano, y regularización de la tenencia de la tierra.

Además, vincular el catastro y el registro es indispensable para dotar de certeza a los operadores inmobiliarios y compradores de inmuebles para evitar fraudes y se cuente con información homogénea en todo el país.

Afirmó que esta ley fortalece el federalismo. No generará más gastos ni a los estados, ayuntamiento ni a la Federación porque no se imponen cargas administrativas, sino generar condiciones para armonizar las acciones y criterios.

Planteamientos de las y los diputados

De MC, la diputada Adriana Gabriela Medina Ortíz planteó la importancia de complementar el dictamen para enriquecerlo y perfeccionarlo con la inclusión de las observaciones y propuestas de los gobiernos estatales, como el de Jalisco, en particular sobre el Consejo Nacional, porque falta claridad en sus atribuciones.

Por Morena, el diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce afirmó que esta ley general ayudará, sobre todo, a los municipios para aumentar sus ingresos. Pidió aprobarla con el compromiso de hacer una adenda que incluya los argumentos de la SHCP y las propuestas de las y los diputados.

De la misma bancada, el diputado Víctor Gabriel Varela López apuntó que es una propuesta necesaria para estados y municipios. Expresó su acuerdo en hacer modificaciones, si se necesita, mediante reservas o una adenda y no se postergue la aprobación del dictamen.

También de Morena, la diputada Raquel Bonilla Herrera solicitó no limitar el trabajo que se ha realizado por más de un año rumbo a la construcción de esta ley general, donde se recorrió el país y la ciudadanía ha expuesto sus propuestas.

Por el PRI, la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo consideró que sí se pueden subsanar las observaciones y expresó su convicción de la viabilidad de aprobar el dictamen, aún con las opiniones en sentido negativo de la Segob y de la SHCP. Por ello, propuso presentar una adenda, con el compromiso de que incluya las propuestas de los grupos parlamentarios.

El diputado sin partido, Carlos Alberto Morales Vázquez, comentó que si hay opiniones negativas debe replantearse el tema, más si se trata de fortalecer las finanzas públicas de los municipios. Pidió congruencia en el tratamiento a todos los dictámenes. Expresó su acuerdo en que se enriquezca el documento y se tomen en cuenta las observaciones de la Segob y de la SHCP.

La diputada de Morena, María Guadalupe Román Ávila destacó la importancia de mejorar la certeza jurídica sobre los inmuebles, establecer los mismos criterios para determinar el valor de las propiedades y mejorar la recaudación de los ayuntamientos, evitando la evasión y elusión fiscal y trato privilegiado a los influyentes.

Del mismo grupo parlamentario, el diputado Samuel Herrera Chávez, llamó a votar a favor, por el esfuerzo realizado y porque es una aspiración de las y los presidentes municipales fortalecer su hacienda pública a través del cobro del impuesto predial y adquisición de inmuebles. Se tiene la oportunidad histórica para sentar las bases en este proceso e ir en la ruta de fortalecer a los ayuntamientos.

También de Morena, la diputada Adriana Espinosa de los Montero resaltó que esta ley armonizará la organización y funcionamiento de los registros públicos e inmobiliarios y los catastros. Su objetivo es tener una visión clara de estos mecanismos en lo local y nacional; se fortalece la certeza jurídica de los derechos reales sobre los inmuebles logrando que las autoridades de los tres órdenes de gobierno puedan obtener, procesar y organizar la información catastral.

Por Encuentro Social, el diputado Armando González Escoto resaltó la importancia de fortalecer el sistema recaudatorio de los ayuntamientos que beneficiará a los ciudadanos con mejores servicios. Con esta ley se busca dar certeza y certidumbre jurídica a la propiedad privada y social; se armonizan y homologan los registros públicos, inmobiliarios y catastros, tras siete años se ve la luz para cumplir esta obligación.

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