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| Boletín N°. 3301 | Importante la cooperación entre México y el Triángulo Norte de América Central para enfrentar a la delincuencia |
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25- 02- 2020.- La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, diputada Juanita Guerra Mena (Morena) inauguró el “III Tercer Foro Regional Interparlamentario sobre Seguridad en el Triángulo Norte de América Central y México”, al que asistieron legisladores, funcionarios y expertos de la región.
La legisladora destacó que el objetivo es encontrar soluciones integrales y establecer mejores condiciones de sanción para enfrentar a la delincuencia y aplicar severas sanciones, entre ellas la extinción de dominio.
Santiago Nieto Castillo, director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pidió buscar “algún mecanismo para poder extinguir el dominio más rápidamente y que esos bienes, presuntamente provenientes de actividades ilícitas, pasen a formar parte del patrimonio del Estado”.
El propósito, afirmó, es lograr mejores mecanismos de distribución, en términos de lo que señalen las leyes que este Congreso apruebe.
Planteó la importancia de entender que la delincuencia tiene un carácter supranacional y “la única forma de enfrentar los efectos negativos es a través de la cooperación y la colaboración supranacional”.
Refirió dos vertientes para enfrentar el lavado de dinero: fortalecer el tipo penal y reformar diversas leyes, así como legislar para prevenir el delito y emplear la Ley Federal de Extinción de Dominio en los casos que nadie reclame dinero de cuentas bancarias vinculadas con los cárteles.
Es importante, agregó, abatir la corrupción judicial y ministerial, por lo que debe existir una estrategia integral del Poder Judicial de la Federación y limpiar de corrupción al interior. “En el nuevo ejercicio de acción penal, suspensión o revocación de alguna sentencia en la materia se encuentra en gran medida el germen de la impunidad y eso se tiene que ir limitando”.
Nieto Castillo afirmó que se debe modificar la legislación respecto de los centros cambiarios porque pueden canjear hasta 10 mil dólares en efectivo, “y nadie necesita 10 mil dólares en efectivo, al menos que lo que estén haciendo sea un proceso de lavado de dinero”.
Respecto al tipo penal, consideró que debería establecerse un tipo específico para sancionar al testaferro (persona que suplanta, encubre o se disfraza legalmente, prestando su nombre e identidad, firma, o bien su personería ya sea física o jurídica), sería un primer paso, porque puede ser castigado el servidor público o el líder de un cártel, pero generalmente los bienes ya fueron distribuidos en su entorno cercano.
Propuso establecer un tipo penal para los oficiales o las personas encargadas de dar seguimiento a las actividades de lavado de dinero, quien no lo reporte a la UIF, al Servicio de Administración Tributaria o a la Fiscalía General de la República, sería una omisión en la comisión de una conducta delictiva.
Esto en realidad ya existe, pero en algunos países se ha retomado y se considera que es un tipo penal para oficiales de cumplimiento, que puede ser un exceso, pero más bien es para personas que tienen calidad de garante respecto al cumplimiento de la ley, explicó.
Se necesita una reforma en el Código Penal, artículo 11 Bis, para establecer el financiamiento al terrorismo como un tipo penal que pudiera sancionar a personas jurídicas por financiarlo. “Nosotros no lo hemos regulado, solamente sancionamos a personas físicas, pero no a personas morales”, agregó.
Asimismo, es preciso reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales para que los bienes de una persona moral que haya sido detectada que lava dinero no puedan ser llevados a otras empresas para desarrollar la misma conducta.
Modificar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita permitiría identificar a las personas políticamente expuestas, a fin de ubicar al beneficiario final de las empresas fachada y combatir la corrupción.
Es fundamental realizar auditorías internas, capacitación de sujetos obligados por actividades vulnerables. Inclusive, hay una iniciativa para regular al futbol como actividad vulnerable con obligación de que reporte. Hoy se hace a través de un convenio de colaboración y se busca elevarla a una disposición de naturaleza legal, agregó.
Especial atención requieren los fideicomisos, porque la mayor parte de actos de corrupción se dan a partir de esquemas jurídicos como estos, en donde es difícil localizar al beneficiario final. Los que cuenten con alguna actividad vulnerable, como los desarrolladores inmobiliarios, deberían ser más fácilmente investigados y tener acceso a la información, inclusive que presenten avisos a la UIF cuando hay indicios que él mismo pudiera detectar como algo irregular.
Afirmó que el objetivo de los recursos obtenidos por extinción de dominio es que sean entregados a las personas con el mejor derecho para recibirlos.
Santiago Nieto se pronunció por impulsar la materia civil en este tema, perfeccionar la especialización y generar jueces específicos en materia extinción de dominio.
Planteó revisar esta figura en México y analizar el tema de la imprescriptibilidad. “Puede ser que el lavado dinero en México prescriba en 10 años, por tanto, las conductas no pueden perseguirse de 2010 hacia atrás, pero si existe algún indicio de enriquecimiento ilícito, por ejemplo, podría solicitarse la extinción de dominio, a pesar del año en que se hayan desarrollado las conductas”.
La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, diputada Juanita Guerra Mena (Morena), consideró que se han logrado significativos avances, pero se requieren acciones coordinadas y hacer frente a desafíos comunes. “Vamos por un buen camino al fortalecer el marco legal para garantizar la paz y seguridad que tanto anhelan México y los países vecinos”.
Aseguró que los legisladores mexicanos serán activos promotores para que impere el Estado de derecho, tema que debe enfatizarse dentro de la agenda parlamentaria.
Guerra Mena subrayó que los diputados están conscientes de que la legislación punitiva deberá tener la eficacia y especialización a partir de una visión de expertos y enriquecida por los casos de éxito.
Sobre todo, dijo, porque no sólo es castigar el delito sino también combatir las causas que lo originan y encontrar mecanismos de resarcimiento, para desarmar la operatividad financiera que tiene la delincuencia y que las autoridades accedan a los bienes inmuebles que se utilizaron para la comisión de hechos antisociales.
La diputada del PAN, Adriana Dávila Fernández, secretaria de la Comisión de Seguridad, preguntó sobre la factibilidad de revisar el tipo penal del lavado de dinero. “Valdría la pena hacer una revisión en México”. Recordó que la Ley Federal de Extinción de Dominio se promulgó en 2009 y “nos parece importante que hoy los mecanismos que se están haciendo para esta recuperación de activos puedan servir a las causas que el país requiere”.
También de Acción Nacional, la diputada Alejandra García Morlan, secretaria de la instancia legislativa, preguntó cómo está regulada la venta anticipada de bienes incautados, por la depreciación o elevado mantenimiento de los mismos, sin esperar la emisión de la sentencia.
De Morena, la diputada Carmen Mora García, integrante de la comisión, planteó que la riqueza decomisada a exgobernadores, como Javier Duarte en Veracruz, podrá reinvertirse en la misma entidad que dejaron mal, y se puedan construir hospitales, caminos, escuelas y dotar de medicamentos. ¿Todo eso se les puede quitar y puede ser invertido en el mismo estado?, preguntó.
Edgar Godoy, ministro de Gobernación de Guatemala destacó la importancia de intercambiar y conocer las opiniones y propuestas sobre temas candentes que discutirán, para beneficio de la región del Triángulo Norte y de México, a fin de lograr acuerdos concretos para trabajar mutuamente y solucionar los problemas que aquejan.
Agradeció a los diputados la oportunidad de analizar estos problemas e hizo votos porque la discusión sea productiva.
Rogelio Eduardo Rivas Polanco, ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, externó la relevancia de abordar de manera integral los problemas que afectan a la región en materia de seguridad pública, mediante estrategias comunes para combatir de manera frontal a la delincuencia a través de la homologación de las legislaciones, como la de extinción de dominio.
Se deben definir estrategias comunes en el combate al narcotráfico, las estructuras criminales, en particular Centroamérica, por el impacto de las pandillas y la migración irregular.
Consideró que El Salvador tiene un marco jurídico que les ha permitido incautar propiedades, productos de la corrupción, del combate al narcotráfico, bienes que se ponen al servicio de los salvadoreños.
Afirmó que se van a hacer delegaciones de la Policía Nacional Civil con las propiedades incautadas; es decir, “vamos a ocupar los mismos recursos de las estructuras criminales para combatirlos”.
Dennis Cheng, asesor internacional en extinción de dominio y encargado del Programa de Extinción de Dominio en El Salvador, refirió que, de acuerdo con estudios, tanto a Honduras y El Salvador les está costando casi el 16 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) el combate contra el crimen organizado.
Según las Naciones Unidas, el crimen organizado genera a nivel mundial 2.2 billones de pesos anuales; por lo tanto, es una lucha desigual donde los gobiernos invierten muchísimos recursos y ellos han generado muchísimos recursos.
Enfatizó que el poderío económico de las organizaciones criminales pone en evidencia las enormes fallas que tienen nuestros sistemas jurídicos; tradicionalmente los aspectos patrimoniales del delito son tratados como asuntos intrascendentes o secundarios”.
Consideró necesario crear un Código Procesal de Extinción de Dominio. Asimismo, indicó que la administración del bien incautado debe ser distinta para que genere menos gastos al Estado y que “el bien produzca sus propios recursos”.
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