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| Boletín N°. 3321 | Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Salud se declaran en sesión permanente |
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25- 02- 2020.- Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Salud acordaron, por mayoría, declararse en sesión permanente para realizar el parlamento abierto los días martes 3 y miércoles 4 de marzo próximos, con el objetivo de conocer las propuestas de los diversos sectores en torno a la iniciativa en materia de bienestar.
La propuesta para modificar el orden del día la presentó la diputada Aleida Alavez Ruiz, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales; incluye reuniones de las juntas directivas de las comisiones unidas, el jueves 27 de febrero, para definir el orden del parlamento y conocer las propuestas que se quieran realizar.
Se prevé que el 4 de marzo se agote la discusión en comisiones unidas para darle publicidad al dictamen el 5 de marzo y desahogarlo.
Alavez Ruiz sostuvo que esta iniciativa es prioritaria, para que el derecho sea elevado a rango constitucional.
Ratificó que en ningún momento “hemos transgredido los tiempos y las modalidades que marca el reglamento y la ley para dar a conocer la propuesta de dictamen”.
“Es un tema de la mayor envergadura; queremos elevar a rango constitucional una pensión a adultos mayores, a personas con discapacidad permanente, dando prioridad a los indígenas y personas en condición de pobreza; establecer las becas en todos los niveles escolares, es algo que no vamos a permitir, por ningún motivo, que tenga alguna falta en cuanto al procedimiento.
“Vemos una iniciativa de lo más avanzado y loable que se ha discutido en esta legislatura para garantizar los derechos humanos. Esto es una reforma garantista. No estamos perjudicando absolutamente a nadie”, aseguró.
Indicó que se revisan las observaciones entre el Instituto de Salud para el Bienestar y el Sistema de Salud. Todo es propicio a debatirse, pero que se cumpla cabalmente la ley y el reglamento considerando el parlamento abierto, donde se escuchen voces.
Aseguró que se retoman propuestas de académicos, jurisprudencia para diferenciar entre garantías y derechos. Hay una documentación muy completa en la que se incluyen las propuestas de los legisladores.
Durante el debate para modificar el orden del día, el diputado del PAN, Marcos Aguilar, solicitó retirar el proyecto de dictamen para modificar ese precepto constitucional y sea sujeto a parlamento abierto, a fin de escuchar las expresiones de los sectores públicos, social y académico que permitan allegarse de más información en un tema tan relevante para el país.
“Es mentira que estemos retrasando un beneficio a los mexicanos, es constitucionalizar algo que ya existe, ningún mexicano va a dejar de recibir los beneficios y que se permita escuchar a la sociedad para que los grupos parlamentarios enriquezcan el dictamen en un tema tan importante”, afirmó.
Aseguró que “se busca sin duda alguna privilegiar coincidencias por arriba de las diferencias”, porque en la materia existe un área de oportunidad para las comisiones y la Cámara de Diputados con el propósito de conocer los planteamientos que enriquezcan la propuesta.
La diputada María Alemán Muñoz Castillo, del PRI, planteó posponer la discusión y realizar el parlamento abierto por la importancia de la iniciativa, en virtud de su impacto en comunidades indígenas e informarles mediante procedimientos apropiados ante medidas que podrían afectarles directamente.
Adriana Gabriela Medina Ortiz, diputada de MC, sostuvo que la información respecto a la propuesta en materia de bienestar era insuficiente. Pidió abrir la discusión a los expertos y ampliar consultas sobre la iniciativa presidencial para conocer diferentes opiniones, como de la Secretaría de Hacienda, del Coneval e investigadores de las universidades del país para “no confundir urgencias sociales y el impacto presupuestal en una decisión como este dictamen”.
El legislador Javier Ariel Hidalgo Ponce (Morena) aseguró que los temas se han analizado de fondo en la presente legislatura. Propuso evaluar si vale la pena o no garantizar constitucionalmente esos derechos y no eludir el debate, porque es un tema que se ha debatido año y medio.
Éctor Jaime Ramírez Barba, diputado del PAN, planteó realizar el parlamento abierto y escuchar a otros actores como los indígenas, para discutir de forma puntual los temas, porque “no hubo un ejercicio de este tipo”. Solicitó que por la importancia de una reforma constitucional se analice la propuesta.
De la misma bancada, el legislador José Elías Lixa Abimerhi indicó que los documentos no les fueron enviados de manera previa para analizarlos, y al conocerlos surgen opiniones distintas, el parlamento abierto es recurrente en temas de transcendencia como éste. “Estamos conscientes de garantizar pensiones, obligados a otorgar recursos a las estancias infantiles y a las víctimas de violencia”. Pidió no simplificar el debate.
El diputado Esteban Barajas Barajas (Morena) indicó que esta iniciativa no debe posponerse porque eleva a rango constitucional la obligación del Estado a dar programas sociales a la sociedad. “El bienestar es en esencia lo que se busca, el sentir de la gente es que alguien los proteja porque por muchos años se les abandonó”.
La presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, Irma Juan Carlos (Morena), señaló que el derecho no debe consultarse. “No es un tema de populismo o tirar el dinero, es justicia elemental. Cuando se dice en el discurso que hay una deuda del Estado mexicano a los pueblos originarios hablamos de esto”.
Marco Antonio Gómez Alcantar (PVEM) aseguró que esta reforma apunta a proteger a grupos vulnerables mediante acciones afirmativas, sin restringir a nadie derechos. “Es un tema que debe salir de forma inmediata; no hay mucho qué discutir”.
Martha Tagle Martínez, de MC, coincidió en que los derechos no se consultan, pero en ésta hay una serie de medidas que buscan una serie de garantías sin que se precise si éstas son las mejores, quedan cortas o qué hace falta para que sean efectivas.
Su correligionaria, la diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado consideró que una reforma constitucional requiere escuchar la voz de todos para ver si lo que se pondrá en la Carta Magna realmente garantiza los derechos que se buscan, especialmente en materia de salud.
De Morena, la diputada Paola Tenorio Adame enfatizó que esta es una de las reformas más importantes de esta legislatura porque trata de la salud del pueblo mexicano, por lo que “se debe comenzar a caminar hacia la justicia social”.
Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, diputado de Encuentro Social, explicó que la apertura, diálogo y la construcción es lo que permite avanzar, y con esta iniciativa no será diferente.
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