• Garantizar imparcialidad, objetividad, ética pública y recuperar confianza ciudadana, principales propósitos

• Diputadas y diputados plantearon que las consideraciones de expertos se analicen e incluyan en el dictamen

02-06-2020.- La Comisión de Transparencia y Anticorrupción conoció la iniciativa que crea la nueva Ley Federal de Combate a los Conflictos de Interés, que impulsan diputados de Morena, además de las propuestas de especialistas en la materia.

Al respecto, el secretario de esa instancia legislativa, José Luis Montalvo Luna (PT), planteó la disposición de comentar, discutir y deliberar el contenido de la propuesta. Estimó que las consideraciones de académicos y abogados son relevantes para enriquecerla y que posteriormente se apruebe, con el objetivo de eliminar la corrupción en el servicio público.

En la octava reunión virtual, participaron Max Kaiser Aranda, maestro en Derecho Constitucional y Administrativo en el ITAM y coordinador del Programa Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), y David Enrique Merino Téllez, coordinador general del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

Planteamientos de diputadas y diputados

Por el PAN, la diputada Marcela Torres Peimbert subrayó que se requiere legislar sin importar el color partidista, con el fin de atacar la corrupción y que el país sea más transparente. Consideró que esta iniciativa tiene muy buena intención y es necesario diseñarla de tal manera que no conlleve complejos y subjetivos criterios.

De MC, la diputada Ruth Salinas Reyes inquirió respecto de la posibilidad de que esta iniciativa se contraponga con lo que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en cuanto a definiciones y sanciones, lo que generaría antinomias y subjetividades que impedirían enfrentar con eficacia los conflictos de interés.

La diputada del PAN, Martha Elisa González Estrada se pronunció por perfeccionar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, al estimar que “no porque existan más leyes habrá menos corrupción”. Dijo que no se tiene que sobrelegislar, sino perfeccionar las normatividades que ya existen.

Del PRI, la diputada Ximena Puente De la Mora aseveró que el desafío no es tener más leyes, sino mejorar las que hay; los comentarios de expertos traen mucha luz al analizar iniciativas importantes, porque las tres mayores preocupaciones de la ciudadanía son: inseguridad, corrupción e impunidad.

El diputado de Morena, Marco Antonio Andrade Zavala presentó la iniciativa a la nueva Ley Federal de Combate a los Conflictos de Interés, impulsada por él, el coordinador de su partido, Mario Delgado Carrillo y el diputado Manuel Gómez Ventura, también de Morena.

La iniciativa, publicada en la Gaceta Parlamentaria el pasado 19 de marzo, tiene el propósito de garantizar la imparcialidad, la objetividad, así como establecer una nueva ética pública y recuperar la confianza ciudadana que permitan combatir la corrupción e impunidad.

Argumentó que el marco normativo vigente en la materia no se adecua a los estándares internacionales y omite los conflictos de interés que podrían darse una vez que los servidores públicos se separen del encargo, por lo que ha resultado ser insuficiente en la prevención y sanción de este tipo de conductas.

Es indispensable un instrumento especializado que elimine los beneficios ilegítimos de servidores públicos, sus familiares y amigos. Es una propuesta perfectible, afirmó, por lo que llamó a profundizar el análisis en parlamento abierto, y aprobarla porque bloqueará todas las modalidades de corrupción.

Consideraciones de especialistas

Max Kaiser Aranda expresó su preocupación porque la iniciativa plantea que los servidores públicos deben separarse de sus bienes y patrimonio logrados durante toda su vida, así como de sus intereses, lo que originaría muchos problemas, como la simulación, o poner a nombre de alguien más sus propiedades.

Propuso enfocarse en la autonomía de los órganos incorporados al Sistema Nacional Anticorrupción para determinar a quién investigar, sin criterios políticos, y sancionarlos. Es la clave a fin de construir otra historia en México y ejercer tres vertientes: penal, administrativa y de fiscalización para meter a la cárcel a los corruptos.

Sugirió tener una plataforma nacional digital y aplicar la inteligencia artificial para prevenir y detectar conflictos de interés para conocerlos más fácil, porque este mecanismo podría tener acceso a todas las declaraciones patrimoniales, registros de propiedad, transacciones financieras y de comercio. Lograrlo sería el gran avance en la historia del país contra la corrupción.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas es buena y sólida, pero siempre tiene que adaptarse y moldear con el tiempo. “Revisar en qué momento estamos en la aplicación de esta ley, qué ha servido y qué ha fallado para ajustarla a la realidad, como los conceptos que propone la iniciativa”, consideró.

David Enrique Merino Téllez planteó fortalecer la eficiencia y eficacia de las normas que hay. No tenemos procesos o condenas en materia de corrupción; el índice es muy bajo, por ello “se debe fortalecer la investigación y la judicialización de los procesos y lleguen a una condena conforme a la ley.

Apuntó que “tenemos una muy buena ley que es perfectible. La iniciativa tiene varias proposiciones valiosas que se pueden incorporar a la Ley General de Responsabilidades Administrativas”. Señaló la necesidad de consolidar mecanismos tecnológicos para utilizar blockchain (cadena de bloques), identificación biométrica y firma electrónica para identificar a los beneficiarios finales de las compras públicas reales.

Resaltó como tema fundamental la capacitación vinculada a la prevención, en los ámbitos público y privado, porque mucha gente desconoce que la corrupción, cuando menos, abarca diez conductas que se tienen que prevenir y combatir. No debe tener ni partidos ni colores, sin interesar quién gobierne, afirmó.

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